Los tragamonedas del Instituto de Juegos y Casinos recaudan $2,8 millones por día en las diez salas instaladas en la provincia. Pero hasta agosto solo le dejaron al Estado $32 millones para cubrir planes de adicciones y oncológicos, entre otros. Casi lo mismo que dejó hace 10 años. Quién es quién en el negocio del juego en Mendoza.
En tiempos en que los jugadores compulsivos son noticia en la provincia, las tragamonedas de los casinos oficiales recaudan algo más de $2,8 millones por día. Y aunque la timba pública llega a mover más de $1.000 millones anuales, es cada vez menos la cantidad de plata que le deja al Estado para rentas generales y para el sostenimiento de planes sociales.
Hasta agosto pasado el Instituto de Juegos y Casinos destinó $32 millones como consecuencia de la obligación que tiene de destinar el 35% de sus utilidades brutas, sobre ingresos totales mensuales que rondaron los $86 millones solo por las maquinitas instaladas en las diez salas de juego oficial en la provincia.
Si se toma la situación de la quiniela oficial, el panorama se agrava. Este juego recauda unos $60 millones mensuales. Aunque las ganancias netas son mucho menores: por las tragamonedas, las utilidades rondan los $17 millones mensuales, mientras la quiniela le deja limpio al Instituto solo unos $10 millones mensuales.
Según información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, hasta el mes pasado solo ingresaron por aportes del juego oficial $32 millones, cifra que se aleja por ahora de lo ocurrido en 2013, en dónde lo aportado llegó a los $100 millones.
Si se lo compara con ejercicios anteriores es más preocupante aún, tomando en cuenta que además hubo inflación:
- en 2004 el juego dejó $29 millones,
- en 2006 le dejó al Estado $51 millones,
- durante 2009, 2010 y 2011 algo más de $70 millones y,
- en 2012, $107 millones.
Esta situación puede tener varias explicaciones. Una de ellas es que la parte del león del negocio se la llevan las operadoras que se quedan con más del 40% de lo recaudado. Aunque también la ganancias se achican por la estructura de un Instituto sobredimensionado
Pero hay un punto clave. A través de diversas leyes se fue modificando la obligación de Juegos y Casinos de destinar el 35% de sus utilidades al Estado y se fueron agregando gastos a ese porcentaje.
El avance del juego en Mendoza no rinde demasiados frutos en ese sentido a uno de los objetivos que las autoridades siempre alentaron como excusa para promover la instalación de cada vez más tragamonedas y la difusión de la quiniela.
Los programas de asistencia a las adicciones tampoco reciben demasiado recursos. El Plan Povincial de Adicciones recibe un aporte anual de $300.000, que ni siquera alcanza para pagar los sueldos de los profesionales que allí trabajan.
Carina Stelik, titular del PPA, dijo hace unas semanas que desde el año pasado existe un reclamo de fondos al Instituto de Juegos para reforzar esos centros con personal idóneo en la materia, planteo que no tuvo eco hasta el momento.
En tiempos en que los jugadores compulsivos son noticia (con los casos de los padres que incluso dejaron a sus hijos en el auto mientras jugaban) las políticas de juego responsable tampoco encuentran recursos. En Capital funciona el área de esta repartición, con tres psicólogos y un psiquiatra, en dónde se atienden las personas que tienen problemas con el juego de toda la provincia.
La otra opción es asistir a alguno de los 9 centros del Programa Provincial de Adicciones, que marca presencia en Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco, los departamentos del Sur y Lavalle. Sin embargo, este programa atiende todo tipo de adicciones y hace tiempo reclama más fondos para reforzarse en materia de juegos.
Quien es quién en el negocio
Repartidos entre casinos públicos y privados, la provincia tiene en la actualidad una veintena de casinos concentrados fundamentalmente en la zona de Mendoza y el Gran Mendoza, aunque la timba oficial y privada también llega a otros departamentos.
Salvo Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Junín y Luján que no cuentan con salas de juego, en el resto de la geografía es posible hoy apostar en alguna de las 6.000 máquinas tragamonedas que se reparten casi por mitades iguales entre el Casino de Mendoza y los casinos de los hoteles cinco estrellas.
El juego oficial controla la casa central ubicada en San Martín y Barraquero y además propagó las maquinitas a través de anexos que funcionan en San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Malargüe, Uspallata y General Alvear.
El negocio se lo reparten los patrones del juego en Argentina y empresarios locales que desde hace años, entre otros negocios, facturan millones a través de las apuestas.
Ya es sabido que desde hace años el grupo Vila-Manzano opera los tragamonedas de la sede central del Casino a través de la empresa Mendoza Central Entretenimientos.
Cristóbal López (foto, arriba), el zar del juego en Argentina, es el operador de los anexos de San Martín, Rivadavia, Gral. Alvear y Malargüe, con su empresa Traylon SA y además controla uno de los dos casinos de San Rafael, el Casino Club. La otra sala de juego sureña, que funciona en el hotel Tower, es operada por el Grupo Andreani.
Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE BINGOS, perteneciente a Bingo Ciudadela y tanto en Tupungato como en Uspallata opera Betec SA, propiedad del actual presidente de Boca, Alfredo Angellici, quien además desde hace un tiempo es el principal operador del casino del Arena Maipú.
Y hay más. Si bien los casinos públicos sumados compiten en ingresos con los privados, las salas ubicadas en los hoteles cinco estrellas ganan más.
Por caso:
- el casino del Hyatt tiene utiidades mensuales por $17 millones,
- el Enjoy del Sheraton por unos $14 millones,
- y el Arena por $10 millones aproximadamente.
Sumados, los casinos privados ganan más de $65 millones, lo que representa más del doble de lo que obtienen los públicos. Y en esto va descontado el 20% de Ingresos Brutos que pagan en concepto de impuestos.

En tiempos en que los jugadores compulsivos son noticia en la provincia, las tragamonedas de los casinos oficiales recaudan algo más de $2,8 millones por día. Y aunque la timba pública llega a mover más de $1.000 millones anuales, es cada vez menos la cantidad de plata que le deja al Estado para rentas generales y para el sostenimiento de planes sociales.
Hasta agosto pasado el Instituto de Juegos y Casinos destinó $32 millones como consecuencia de la obligación que tiene de destinar el 35% de sus utilidades brutas, sobre ingresos totales mensuales que rondaron los $86 millones solo por las maquinitas instaladas en las diez salas de juego oficial en la provincia.
Si se toma la situación de la quiniela oficial, el panorama se agrava. Este juego recauda unos $60 millones mensuales. Aunque las ganancias netas son mucho menores: por las tragamonedas, las utilidades rondan los $17 millones mensuales, mientras la quiniela le deja limpio al Instituto solo unos $10 millones mensuales.
Según información publicada en la página web del Ministerio de Hacienda, hasta el mes pasado solo ingresaron por aportes del juego oficial $32 millones, cifra que se aleja por ahora de lo ocurrido en 2013, en dónde lo aportado llegó a los $100 millones.
Si se lo compara con ejercicios anteriores es más preocupante aún, tomando en cuenta que además hubo inflación:

- en 2004 el juego dejó $29 millones,
- en 2006 le dejó al Estado $51 millones,
- durante 2009, 2010 y 2011 algo más de $70 millones y,
- en 2012, $107 millones.
Esta situación puede tener varias explicaciones. Una de ellas es que la parte del león del negocio se la llevan las operadoras que se quedan con más del 40% de lo recaudado. Aunque también la ganancias se achican por la estructura de un Instituto sobredimensionado
Pero hay un punto clave. A través de diversas leyes se fue modificando la obligación de Juegos y Casinos de destinar el 35% de sus utilidades al Estado y se fueron agregando gastos a ese porcentaje.
El avance del juego en Mendoza no rinde demasiados frutos en ese sentido a uno de los objetivos que las autoridades siempre alentaron como excusa para promover la instalación de cada vez más tragamonedas y la difusión de la quiniela.
Los programas de asistencia a las adicciones tampoco reciben demasiado recursos. El Plan Povincial de Adicciones recibe un aporte anual de $300.000, que ni siquera alcanza para pagar los sueldos de los profesionales que allí trabajan.
Carina Stelik, titular del PPA, dijo hace unas semanas que desde el año pasado existe un reclamo de fondos al Instituto de Juegos para reforzar esos centros con personal idóneo en la materia, planteo que no tuvo eco hasta el momento.
En tiempos en que los jugadores compulsivos son noticia (con los casos de los padres que incluso dejaron a sus hijos en el auto mientras jugaban) las políticas de juego responsable tampoco encuentran recursos. En Capital funciona el área de esta repartición, con tres psicólogos y un psiquiatra, en dónde se atienden las personas que tienen problemas con el juego de toda la provincia.
La otra opción es asistir a alguno de los 9 centros del Programa Provincial de Adicciones, que marca presencia en Gran Mendoza, Zona Este, Valle de Uco, los departamentos del Sur y Lavalle. Sin embargo, este programa atiende todo tipo de adicciones y hace tiempo reclama más fondos para reforzarse en materia de juegos.
Quien es quién en el negocio

Repartidos entre casinos públicos y privados, la provincia tiene en la actualidad una veintena de casinos concentrados fundamentalmente en la zona de Mendoza y el Gran Mendoza, aunque la timba oficial y privada también llega a otros departamentos.
Salvo Lavalle, Santa Rosa, La Paz, Junín y Luján que no cuentan con salas de juego, en el resto de la geografía es posible hoy apostar en alguna de las 6.000 máquinas tragamonedas que se reparten casi por mitades iguales entre el Casino de Mendoza y los casinos de los hoteles cinco estrellas.
El juego oficial controla la casa central ubicada en San Martín y Barraquero y además propagó las maquinitas a través de anexos que funcionan en San Martín, Rivadavia, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, La Consulta, Malargüe, Uspallata y General Alvear.
El negocio se lo reparten los patrones del juego en Argentina y empresarios locales que desde hace años, entre otros negocios, facturan millones a través de las apuestas.
Ya es sabido que desde hace años el grupo Vila-Manzano opera los tragamonedas de la sede central del Casino a través de la empresa Mendoza Central Entretenimientos.
Cristóbal López (foto, arriba), el zar del juego en Argentina, es el operador de los anexos de San Martín, Rivadavia, Gral. Alvear y Malargüe, con su empresa Traylon SA y además controla uno de los dos casinos de San Rafael, el Casino Club. La otra sala de juego sureña, que funciona en el hotel Tower, es operada por el Grupo Andreani.

Los anexos de La Consulta y Eugenio Bustos están en manos de la UTE BINGOS, perteneciente a Bingo Ciudadela y tanto en Tupungato como en Uspallata opera Betec SA, propiedad del actual presidente de Boca, Alfredo Angellici, quien además desde hace un tiempo es el principal operador del casino del Arena Maipú.
Y hay más. Si bien los casinos públicos sumados compiten en ingresos con los privados, las salas ubicadas en los hoteles cinco estrellas ganan más.
Por caso:
- el casino del Hyatt tiene utiidades mensuales por $17 millones,
- el Enjoy del Sheraton por unos $14 millones,
- y el Arena por $10 millones aproximadamente.
Sumados, los casinos privados ganan más de $65 millones, lo que representa más del doble de lo que obtienen los públicos. Y en esto va descontado el 20% de Ingresos Brutos que pagan en concepto de impuestos.