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Lázaro Báez y Cristóbal López contra las cuerdas

En la ruta del dinero K, el juez Cam Ferenbach sostuvo que “podrían tener activos” pertenecientes a la Argentina en un documento que cuenta con más pruebas sobre los testaferros de los Kirchner



Cristina Kirchner suma un nuevo dolor de cabeza. Ya que por la ruta del dinero K, la pesquisa suma velocidad y en un documento de inusitada dureza, el juez Cam Ferenbach dio los primeros indicios de compartir en parte la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que empresas atribuidas a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López en los Estados Unidos "podrían tener activos" pertenecientes a la Argentina.

"Un ladrón no adquiere derechos de propiedad sobre lo que roba", recuerda al juez, al señalar que, de comprobarse esa tesis, los bienes serían de la Argentina y no de esos empresarios allegados a la Presidenta.

El fondo NML, de Paul Singer, aportó "sospecha razonable para creer" que tanto López como Báez poseen bienes de la Argentina", indica el magistrado en un largo documento.

En la declaración, el juez empieza a inclinarse por la tesis de los fondos denunciantes en el sentido de que el entramado de empresas que se atribuyen a Báez y López podría haber actuado como canalizadores de bienes obtenidos de forma ilegal.



Para el magistrado, las empresas MF Corporate con sede en Nevada y el estudio Mossack Fonseca, con sede en Panamá, son la misma cosa y es una decisión no menos importante para la pesquisa.
"MF Corporate es el alter ego de Mossack Fonseca", expresó el juez. El dato implica que, a través de la primera, con sede en Nevada, se podría demandar información al estudio panameño, donde los buitres sospechan que está el epicentro informativo del esquema de empresas que atribuyen a Báez.

Para determinar ese vínculo el juez se apoyó en buena medida en el testimonio de la llamada "testigo clave" Patricia Amunategui, cuyo relato sirvió para corroborar el modo de accionar que los buitres sospechaban en cuanto al registro de empresas "fantasma".

También en su declaración, el juez norteamericano también hace un reconocimiento a José María Campagnoli, fiscal de quien recuerda que fue el primero que tuvo esta pista y que se intentó apartar del cargo apenas se supo que trabajaba en la famosa ruta del dinero K.

Además de mostrarse proclive a la tesis de los fondos de que podría haber dinero de corrupción escondido a través de Nevada, el juez dispone una nueva fecha tope para la difusión de documentos que ahora están protegidos por un paraguas de confidencialidad. La fecha tope que dispuso es el próximo 20 de abril. Entre los documentos por liberarse figuran archivos bancarios del banco suizo BHS. La entidad los produjo, según su propia declaración, como "respuesta" a una demanda de los fondos buitre "sobre Lázaro Baéz y entidades afines".

El expediente de Nevada es una herramienta con la que el fondo NML, de Paul Singer, intenta localizar activos ocultos de la Argentina para, una vez identificados, procurar embargarlos y, con eso, cobrarse la deuda que el Gobierno se resiste a pagar. Es también una herramienta de presión para llevar a las autoridades a negociar el pago del fallo que les reconoció la Justicia de este país.
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