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Ley de abastecimiento K,quiere copiar al chavismo

La Ley de Abastecimiento que impulsa el kirchnerismo para tratar de controlar la inflación en el país recuerda a la ley de Precios Justos que impuso el chavismo en Venezuela sin resultados visibles. En el país de Hugo Chávez las amenazas contra las empresas (muchas veces claramente visibilizadas como electoralistas) tuvieron idas y vueltas que se aquietaron el año pasado con un gesto de Nicolás Maduro. Sin embargo, luego los saqueos a cadenas de electrodomésticos por orden de Nicolás Maduro a través de la TV en noviembre del año pasado volvieron a poner en la picota los intentos del gobierno chavista de mantener a raya a los mercados. ¿Será que el ADN K busca clonarse una vez más con trazas del chavismo?


las condiciones populistas del gobierno de uno y otro país, es innegable que en el ADN K hay algunas marcadas trazas de chavismo que eventualmente podrían delimitar paralelismos válidos.

Al igual que en Venezuela, la Argentina busca contener la inflación (sobre todo en los productos alimenticios) aún cuando esa inflación es producto de sus propias medidas para aumentar el consumo.






na serie de atributos y normativas que traerían consigo la Ley de Abastecimiento que impulsa el kirchnerismo son señaladas por el diario La Nación:

1. Se amplía la aplicación de la normativa a todas las actividades económicas (incluidas actividades recreativas). En cambio, el texto actual limita la competencia a "la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios" que satisfaga directamente o indirectamente necesidades comunes o corrientes de la población.

2. La Secretaría de Comercio, que oficia de autoridad de aplicación, tendrá más atribuciones legales para controlar precios. Los gobernadores y el Jefe de Gobierno porteño quedan autorizados a fijar precios máximos.

3. Para casos de reincidencia se establece la "clausura definitiva" para subas de precios no justificadas, acaparen materias primas o productos, discontinúen abastecimiento regular en zona o ramo comercial o no produzcan bienes dentro de márgenes de precios y utilidad fijados por la autoridad de aplicación.

4. Las empresas primero deben pagar la multa y luego apelar ante la Justicia, en caso de querer hacerlo.

5. Se elimina la pena de cárcel para los infractores. Las clausuras pueden ser por 90 días y las multas tienen un nuevo tope de $10 millones.

6. La aplicación de multas podrá ser contra empresas y sus directivos.

7. En caso "de ser necesario", el Estado podrá intervenir en los procesos económicos de cualquier empresa para fijar márgenes de utilidad, niveles de precio (máximos, mínimo y referencia) y volúmenes de producción. Queda habilitado para manejar indirectamente compras y ventas de compañías.

8. El Estado puede suspender concesiones, beneficios fiscales o créditos especiales a privados.

9. Las autoridades quedan facultadas para incautar, consignar y vender bienes y servicios sin juicio de expropiación.

10. Se abre la posibilidad de que la autoridad de aplicación pueda requerir a las empresas "toda la documentación relativa al giro comercial". Es decir, potestad de solicitar documentos contables y comerciales.

En observancia de esas condiciones previstas, los temores sobre lo que se puede desencadenar en el país se pueden conseguir haciendo una mirada abierta sobre lo que ha sucedido en otros lugares y otras ocasiones y el ejemplo más cercano (espacial y temporalmente) se encuentra en Venezuela.

La Argentina no es Venezuela, aunque en vistas de las condiciones populistas del gobierno de uno y otro país, es innegable que en el ADN K hay algunas marcadas trazas de chavismo que eventualmente podrían delimitar paralelismos válidos.

Al igual que en Venezuela, la Argentina busca contener la inflación (sobre todo en los productos alimenticios) aún cuando esa inflación es producto de sus propias medidas para aumentar el consumo.

Como fuera, en Venezuela las primeras medidas fuertes para tratar la inflación desbocada tuvieron que ver con apuntar directamente contra Polar, una empresa líder en la producción de alimentos en Venezuela. En Mayo del 2010 Chávez comenzó a amenazar a Polar con la nacionalización total.

Finalmente, frente al fracaso de sus intentos de controlar el proceso inflacionario, en julio de 2011 fue publicado en Gaceta Oficial N° 39.715, el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos (en adelante, “LCYPJ”) y su entrada en vigencia será una vez transcurridos 90 días hábiles contados desde la fecha de publicación. El objeto de esta Ley fue establecer las regulaciones, así como los mecanismos de administración y control necesarios para mantener la estabilidad de los precios de bienes y servicios.

La búsqueda del gobierno venezolano no dió resultado y luego de la muerte de Chávez, ya con Nicolás Maduro en el gobierno, los controles de precios siguieron sin aplicarse. Maduro hizo las paces con Polar: el gobierno autorizó un aumento de 20% en los precios de productos clave de la canasta alimentaria como pollo, carne de res y lácteos, que son controlados por el Estado. Se trató de un reconocimiento implícito de que los controles de precios que buscaban contener la inflación han impedido que los proveedores cubran sus costos y, por lo tanto, afectaron la provisión de alimentos.

Sin embargo, la conflictividad siguió estando presente, porque la voluntad chavista de controlar los mercados estaba intacta. Sucedió que en noviembre del 2013 se desencadenó en Valencia, Venezuela, un saqueo contra una cadena de comercialización de electrodomésticos a raíz de una serie de declaraciones del presidente Maduro, que señalaba a la cadena e invitaba a saquearla por los movimientos de dólares que hacía la cadena en el mercado del dólar, algo que el gobierno interpretaba que repercutía en la inflación.

Las acusaciones apuntaban a responsables de tiendas que venden productos importados con divisas proporcionadas por el Estado, en el marco de un control estatal de divisas en vigor desde 2003 que sitúa en la actualidad la tasa oficial en 6,30 bolívares por dólar, pero que a la hora de fijar precios al consumidor aplican la cotización del ilegal mercado negro donde la divisa es ocho veces más cara.

Ello, añadió Maduro, ha repercutido en la inflación, que acumula un alza de un 45,8 % en los primeros diez meses del año y de 54,3 % entre octubre de 2012 y el mismo mes de este año.

El jefe de Estado pidió a los compradores no desesperarse y garantizó que las ventas "a precios justos" se mantendrán de manera permanente, lo que hizo desistir a compradores de seguir en las kilométricas colas que se habían formado en tiendas investigadas.

El presidente venezolano anunció adicionalmente el bloqueo de sitios de internet que exhiben cotizaciones del dólar y el euro al margen de las tasas oficiales fijadas en el marco del control estatal de divisas.

Adicionalmente, en abril de este año el gobierno de Nicolás Maduro volvió a reflotar sus embates contra las empresas comercializadoras de alimentos.

A muy grandes rasgos el panorama en Venezuela (que no es Argentina) podría indicar el camino que seguiría el kirchnerismo si la situación se sigue complicando y avanza con su ley de Abastecimiento.
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