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Ley de Medios: otro juez suspende la adecuación de Clarín

Ley de Medios: otro juez suspende la adecuación de oficio del Grupo Clarín



El juez Pablo Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 9, dispuso ayer como medida cautelar la suspensión de la resolución 1121/14 de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), en virtud de la cual se había ordenado la transferencia de oficio del Grupo Clarín.

Fue en el marco de una causa iniciada por los periodistas Julio Blanck, Nelson Castro, Jorge Fernández Díaz, Jorge Lanata, Alfredo Leuco, Marcelo Longobardi, Joaquín Morales Solá, Magdalena Ruíz Guiñazú y Eduardo van der Kooy.

No es el primer fallo que frena la adecuación forzosa del Grupo Clarín. El juez Horacio Alfonso lo dictaminó en diciembre de 2014.
Los periodistas mencionados sostuvieron en la acción de amparo que esta resolución de la AFSCA es el corolario de una campaña de persecución y hostigamiento de la que vienen siendo objeto en los últimos años, destinada a silenciarlos, por lo que constituye un acto de censura indirecta (en los términos del art. 13, puntos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La acción de amparo promovida sostiene que la resolución de la AFSCA debe ser declarada nula por las siguientes razones: a) en primer término -como dijimos- por constituir un acto de censura indirecta; b) por emanar de un órgano que no es independiente como lo exige la Constitución Nacional y la Corte Suprema de Justicia; c) por haber sido dictada por un órgano sin competencia, pues medidas como el cese de las licencias sólo pueden ser ordenadas por un juez; d) por conculcar la a defensa en juicio y basarse en hechos falsos, aplicando arbitraria y discriminatoriamente la ley.

La intención que mueve al Poder Ejecutivo es desmantelar al Grupo Clarín y, con ello, lograr la desaparición de los medios en los que trabajamos a través de esta adecuación forzosa.

Ya no se trata de limitar las licencias del Grupo, de acuerdo a los parámetros de la ley nº 26.522 (ley de Medios) sino de impedir que, siquiera, conserve las que esa norma autoriza, según su Plan de Desinversión. Se persigue que no conserve ninguna señal de acuerdo a las opciones legales que el Grupo eligió.

La resolución de la AFSCA nº 1121/2014 se inserta en una política oficial de silenciamiento de voces críticas y de ataque a la prensa independiente, que agravia de modo concreto los derechos de los periodistas a la libertad de expresión y a permanecer trabajando en las señales en las que ahora lo hacen.

Una vez otorgadas las nuevas licencias, existe un fundado temor de que se les rescindan sus contratos o de que se los hostigue de tal manera que se los fuerce a renunciar.

Existen numerosos ejemplos de periodistas que han sido desvinculados de los medios de comunicación para el cual trabajaban cuando sus opiniones han molestado a funcionarios de la actual gestión o por haber sido adquirido el medio por empresarios afines al gobierno.

Pero aún en el hipotético e improbable caso de que estos nueve periodistas no fueran desvinculados de sus trabajos, es indudable que tienen un interés sustantivo, específico y personal a permanecer ejerciendo su tarea profesional en las señales en las que hoy lo hacen, que se encuentra amparado constitucional y convencionalmente y que debe ser tutelado judicialmente.

En atención a la extrema gravedad y a la urgencia del caso se ha solicitado el dictado de una medida cautelar que suspenda la aplicación de la resolución nº 1121/2014.

La acción de amparo quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº 9, a cargo del Dr. Pablo Cayssials y está caratulada como: “Ivnisky Blanck, Julio y otros c/ EN s/ amparo” (número de expediente 56.650/14). En atención al interés público involucrado con el pedido de la medida cautelar, el Juzgado notificó a la AFSCA, el 4 de diciembre del corriente, a fin de que produzca -en el plazo de cinco días- el informe que prevé el art. 4 de la ley nº 26.854 (de medidas cautelares).
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