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¿Lo peor recién empieza?: los empresarios y sindicatos temen

Hay miles de suspendidos y cesanteados mientras que se multiplican los planes de retiro voluntario para reducir personal. La gran pregunta es cuánto durará este duro revés y achique en los puestos de trabajo. Analistas ven señales de que la contracción llegó para quedarse



Se acumulan varias señales que dan cuenta de que el último gran pilar del modelo se ha empezado a resquebrajar.
Cuando Cristina Kirchner anunció más subsidios al sector privado para promover el empleo (Proemplear), explicó que venía a dar respuesta a los "desafíos" del mercado laboral.
El "plan de rescate" lo terminó de completar con el lanzamiento de otro programa de viviendas ("Vivir más cerca") que, sumado a los anuncios previos, beneficiaría a un millón de trabajadores.
De esta manera, el Ejecutivo se apartó de la estrategia de desconocer los problemas internos en pos de cerrar filas contra los buitres.
Y se vio obligado a reconocer el cambio de tendencia registrado en empresas de los más variados rubros de actividad, las cuales ya iniciaron un fuerte proceso de recortes y prevén ajustar aun más sus presupuestos de cara a los meses venideros.
La Sociedad de Estudios Laborales (SEL) advierte un "cambio de expectativa neta de empleo", ante un panorama económico que los especialistas coinciden en caracterizar como recesivo y que afecta a asalariados de todo tipo, desde operarios y técnicos hasta administrativos y profesionales en general.
"Las empresas están acentuando la aplicación de medidas directamente vinculadas a una retracción en el empleo", señala el estudio realizado en base a encuestas a multinacionales.
De acuerdo con el documento, al que accedió iProfesional:
• Cuatro de cada diez compañías ya redujeron horas extras o tienen previsto hacerlo.
• Tres de cada diez no tiene proyectado tomar nuevos empleados.

• Una de cada cuatro ya puso en marcha planes de retiro voluntario.
Estas cifras hablan a las claras de cómo está la situación para las empresas y, claro está, para las personas que buscan trabajo.
El panorama en las industrias es harto complejo. En las últimas semanas se aceleraron las paradas de producción y las suspensiones.
Lo sucedido con la autopartista Paraná Metal, la siderúrgica Acindar o los fabricantes de neumáticos Pirelli, Fate y Firestone en la provincia de Buenos Aires, son una muestra de ello.
Tal como anticipara iProfesional, estas últimas tres compañías debieron suspender a 3.700 empleados por la caída en ventas.
Esto se suma a los 20.000 afectados en la industria de la construcción y a unas 10.000 personas de la rama automotriz.



El propio INDEC reconoce que en el último año se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo.
Lo cierto es que, a pesar de las iniciativas oficiales que buscan frenar la ola de despidos y suspensiones, los trabajadores se han convertido en la gran variable del ajuste.
En el rubro automotor, el derrumbe en patentamientos habla a las claras de la delicada situación del sector.
El plan Procreauto -pensado por la administración K para reactivar a esta rama de actividad- está muy lejos de alcanzar los objetivos inicialmente previstos. De hecho, en julio se produjeron un 30% menos de vehículos.
En este marco, fuentes gremiales informaron que se prevén más despidos y suspensiones en distintas terminales. Los mismos se sumarían al parate de 10 días anunciado por Volkswagen que afecta a casi 1.000 operarios.
Los planes privados contemplan incluso el cierre de plantas. Así lo dispuso la imprenta Donnelley la semana pasada al alegar una situación de crisis y despedir a unos 400 operarios.
En respuesta, los trabajadores tomaron las instalaciones y la pusieron a producir por cuenta propia, mientras que el Gobierno la acusó a la firma de ser una empresa "buitre" y la amenazó con aplicarle la Ley Antiterrorista.
En tanto, la autopartista Lear reabrió el martes pasado y retomó la producción, después de cerrar su planta en Pacheco durante dos semanas, en medio de fallos judiciales que ordenaban reincorporar a los delegados.
¿Nueva etapa?
Los analistas interpretan que lo peor de la coyuntura no son solamente las suspensiones y despidos, sino que estos hechos revelan que para las empresas el estancamiento económico llegó para quedarse.
En el mundo corporativo, las cesantías suelen ser una decisión costosa a la cual se acude, entre otros motivos, cuando una firma considera que la disminución de la actividad no es transitoria sino que se profundizará a futuro.
"Si el shock es percibido como temporal, no debería incrementarse significativamente el número de despidos, no sólo por los elevados costos asociados de rescindir un contrato. También por la inversión que demanda su posterior reemplazo", sostienen desde la consultora Ecolatina.
Por lo pronto, muchas compañías encontraron un camino alternativo y comenzaron a deshacerse de los trabajadores contratados: cuatro de cada diez firmas desafectaron personal eventual o tercerizado, según el SEL.
Desde la vereda del Gobierno, la respuesta ha sido ambivalente. Por un lado, ha sido notorio el esfuerzo por desdramatizar la situación y acotarla a dificultades "sectoriales".

El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, lo vinculó con un "embate especulativo de adentro y de afuera".
No obstante, la preocupación se hizo evidente cuando apuntó contra aquellas empresas que tienen "facilidad" para recurrir al despido y fogonean la conflictividad laboral.
Para las consultoras privadas el escenario es más complicado. No sólo ven un ritmo mayor de las cesantías respecto del año pasado sino que, además, perciben una retracción generalizada.
Y tal contracción en la ocupación afecta a actividades tan diversas como la metalúrgica, maderera, autopartes, neumáticos, concesionarios, industria cárnica, construcción, petrolera, gastronomía y clínicas privadas.
"El riesgo es a nivel general, excepto alimentos y bebidas. Todos corren con el peligro de suspensiones, en principio, pérdidas de empleo, después", señaló a iProfesional la economista de Abeceb, Soledad Pérez Duhalde.
Sostener las banderas
Más allá de los diagnósticos cruzados, lo cierto es que el Ejecutivo tuvo que salir a calmar los reclamos que se venían acumulando por la crisis laboral, ante las alarmas encendidas por los gremios así como por las propias administraciones provinciales.
Con esa meta reflotó los Programas de Recuperación Productiva (RePro), una herramienta creada en 2009 para subsidiar a las empresas en situación de crisis con los haberes de la Anses.
Actualmente, las autoridades llevan entregados unos 36.000 subsidios, pero en el último tiempo recibieron pedidos por una cantidad similar.
Sólo Mendoza, Córdoba y Santa Fe solicitaron unos 22.000 para enfrentar una "situación crítica" y evitar despidos.
De ello se deduce que estarían en riesgo al menos unos 72.000 puestos de trabajo, la mitad de los RePro otorgados en 2009.
Sin embargo, las empresas desconfían de la efectividad de las iniciativas anti cíclicas y siguen dando señales de que la situación económica no mejorará.
"No sirven las medidas, son subsidios para sostener el empleo y no para mejorarlo, sumado a que es complicado acceder", dijo un dirigente autopartista. "Por más Repro que tengas, no tenés a quien venderle", añadió.
La actividad metalúrgica es una de las más afectadas por la recesión.
En un informe reciente, la cámara ADIMRA alertó de una tendencia contractiva en los niveles de empleo de este año, que se sintió con más fuerza en la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, así como en los rubros de autopartes y maquinaria agrícola.
"Es considerable el número de empresas que redujo o eliminó horas extras, siendo que más del 80% trabaja con un solo turno", señaló la entidad.
En Córdoba, casi un 40% empleaba una menor cantidad de personal metalúrgico respecto del año pasado, según una encuesta realizada por Economic Trends a fines de abril.
La provincia de Buenos Aires tampoco quedó al margen de los sacudones en materia laboral. Por ello, a fines de julio, el gobernador Daniel Scioli convocó a representantes de cámaras, empresas y gremios de la construcción, producción y comercio a que firmaran convenios para preservar el empleo.
Los empresarios se comprometieron a no realizar despidos por el término de un año, a cambio de recibir subsidios al 50% del salario mínimo por parte de la gestión provincial, que lanzó sus propios RePro denominados Preba.
De las reuniones participaron ejecutivos de Pepsico, Rasic, Unilever, Felfort, Frigorífico Ríoplatense, Calsa, Donneley, Printpack, Lear, Gestamp y Siderca, muchas de las cuales ya habían efectuado suspensiones y recortes de personal.
Pero el acuerdo no duró demasiado.
Casi en simultáneo Lear anunció el cierre de su planta por dos semanas, bordeando el camino tomado por la autopartista Visteon, que abandonó su planta de Quilmes, para dejarla en manos del municipio y la seccional de la UOM con el propósito de formar una cooperativa.
Grietas que se abren
Uno de los principales puntos en discusión es el alcance y la profundidad de las grietas que acechan al mercado laboral.
Para los analistas, las dificultades para reactivar el empleo empeoraron con las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas la devaluación, topes salariales y la suba de tarifas.
"Las dos cosas que antes eran virtuosas del Gobierno -creación de empleo y recuperación del salario- ahora aparecen cuestionadas", señaló el titular del Centro de Estudios de Población Desarrollo y Empleo (CEPEDH) de la UBA, Javier Lindenboim.
Los gremios son conscientes de que el poder adquisitivo depende directamente del desarrollo y la calidad del empleo. Por ello, el titular de la CTA oficialista, Hugo Yasky, alertó recientemente que "el trabajador no puede mantener el salario cuando la desocupación crece".
Por el lado de la CGT, Hugo Moyano señaló que la participación en el ingreso se redujo al 33% en 2013, retrocediendo a los niveles del 2010 y alejándose cada vez más del "fifty-fifty" al que el Gobierno pretendía acercarse.
En efecto, la industria y la construcción tampoco lograron retomar el dinamismo de los primeros años del modelo.
El problema ahora es que las políticas oficiales ya no resultan suficientes para evitar un estancamiento que amenaza con minar las bases de sustentación del modelo de "redistribución" e "inclusión social".


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