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"Los formadores de precios no quieren límites"

"Los formadores de precios no quieren límites"

El secretario de Comercio, Augusto Costa, responde a las críticas de los empresarios. El funcionario adelantó que habrá un debate nacional de los proyectos sobre consumidores.





A días de que el Congreso Nacional empiece a debatir en comisiones los cambios introducidos en leyes para mejorar las herramientas de defensa de los consumidores, el secretario de Comercio, Augusto Costa, recibió a Tiempo Argentino en una entrevista en la que adelantó que "existe un consenso prácticamente unánime" de los beneficios de las normas, cruzó a los empresarios que criticaron la Ley de Abastecimiento y garantizó que "no condiciona a las inversiones". Asimismo, anunció que los proyectos que ingresaron al Parlamento el 5 de agosto pasado serán debatidos en foros de todo el país para que se conozcan, con un esquema similar al de la Ley de Medios, aunque más acotado.

–¿Qué expectativas tiene con respecto al tratamiento legislativo de los proyectos de ley modificatorias que apuntan al derecho del consumidor?

–Las expectativas son excelentes. El paquete de proyectos de ley enviado al Congreso brinda herramientas a los consumidores para que hagan un ejercicio pleno de sus derechos y favorece la capacidad del Estado de proteger a los eslabones más débiles de la cadena de producción y consumo: los pequeños productores y empresas, los consumidores y los trabajadores.

"Lo que está en el fondo de los cuestionamientos es el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos sociales y económicos de la última década".

–Esta semana mantuvo reuniones con la Unión Industrial Argentina (UIA), la CGT, la CTA y las pymes, sobre todo por el tema de la Ley de Abastecimiento. ¿Qué quedó de acuerdo con lo que manifestó cada sector?

–Existe un consenso prácticamente unánime con respecto a los beneficios que van a traer para todos los argentinos las leyes que defienden los derechos del consumidor, tanto en lo que respecta al proyecto de creación de un nuevo fuero judicial del consumidor, las reformas de las leyes de Defensa del Consumidor, Lealtad Comercial y Defensa de la Competencia y la creación del Observatorio de Precios en el ámbito de la Secretaría de Comercio. Esto nos fue expresado por absolutamente todas las cámaras, asociaciones y sindicatos con los que nos hemos reunido durante esta semana: CGT, CTA, Apyme, CAME, CGE, CGERA y gran cantidad de asociaciones de consumidores. Incluso los representantes de la misma UIA expresaron su apoyo a todos estos proyectos. Lamentablemente, los principales medios de comunicación del país se ocuparon de invisibilizar el sentido profundo de las propuestas enviadas al Congreso y se dedicaron a transmitir las visiones y cuestionamientos interesados de los representantes de los sectores más concentrados de la producción, la industria, el comercio y las finanzas, que han buscado atraer la atención de la opinión pública hacia una sola de las iniciativas presentadas (la reforma de la Ley 20.680 del año 1974) e hicieron un fuerte lobby en su contra.

–Las quejas que expresaron esos sectores ya estaban incluidas en la ley antigua, es decir, no son parte de las modificaciones enviadas al Congreso…

–Justamente, lo llamativo es que no se incorporan nuevas atribuciones a las que ya cuenta la Secretaría de Comercio, sino que por el contrario se limita, racionaliza y define más claramente la aplicación de las disposiciones de la ley. Se presenta la situación como rechazo a un proyecto de reforma de una ley, cuando lo que en realidad está por detrás es la intención de derogar una ley vigente hace 40 años cuyo único pecado es dar la facultad de intervenir al Poder Ejecutivo en situaciones extraordinarias donde empresas monopólicas u oligopólicas utilizan su poder de mercado perjudicando a empresas de menor tamaño o a los consumidores. Por eso creo que, atacando un grupo de leyes que brinda herramientas al Estado para defender a los actores más débiles de la sociedad (empresas pymes, consumidores y trabajadores), lo que está en el fondo de los cuestionamientos es el rechazo a un nuevo hito en el proceso de expansión de derechos sociales y económicos de la última década.

–Los sectores empresarios e incluso federaciones del agro como la Sociedad Rural y la Federación Agraria también mencionaron que los proyectos en danza condicionan las inversiones. ¿Qué puede decir al respecto?

–La agitación permanente de algunos sectores del empresariado que proclaman que no hay "clima" de inversión o que no existe "seguridad jurídica" es un clásico discurso que lo único que esconde es la expectativa de obtener rentabilidades extraordinarias y que no exista ningún tipo de limitación al accionar de los formadores de precios en los mercados. El más claro ejemplo es la década del noventa, donde todo se hacía en pos de generar un buen "clima de inversión" y sin embargo lo que se generó fue exclusión y pobreza en el país. Afortunadamente, desde 2003 estamos transitando un camino totalmente distinto, y tenemos la plena convicción de que el esquema actual de política económica genera las condiciones para el desarrollo de negocios productivos en Argentina, en un contexto internacional muy complejo. Las acciones que está llevando adelante el gobierno en materia económica buscan garantizar un horizonte sustentable tanto a corto como largo plazo para la economía del país y, en particular, los proyectos en debate no sólo no condicionan las inversiones, sino que impulsan la competencia al darle al Estado herramientas para equilibrar el terreno de juego en relaciones que son de por sí desiguales, como las que existen entre un consumidor y una empresa, o entre los pequeños productores y las grandes corporaciones que forman parte de una determinada cadena de valor.

–En declaraciones públicas, algunos de los dirigentes históricos de la UIA pidieron intervenir con reuniones con legisladores para detener los cambios en las leyes. ¿Qué le pareció esto?

–Nos parece muy bien que participen de los debates, de hecho, es lo que les propusimos en nuestro último encuentro en la Secretaría de Comercio. En democracia, el lugar de discusión es el Congreso y de ninguna manera el espíritu de este paquete es que se apruebe sin debatir sus contenidos. En las reuniones que mantuvimos con los representantes de la UIA, ellos mostraron un completo apoyo a la parte más importante del paquete de leyes e indicaron que no estaban para nada de acuerdo con el proyecto de reforma de la Ley 20.680. Al querer intercambiar opiniones con respecto a los artículos donde tenían observaciones en nuestro proyecto de reforma de dicha ley, ellos indicaron que no era con el proyecto de reforma, sino con la ley en su conjunto. Y está perfecto que planteen sus objeciones tanto en el Congreso como en otros ámbitos. De hecho, estamos organizando foros de debate y reuniones con todos los sectores políticos y sociales del país para que toda la sociedad pueda conocer sus contenidos y volcar sus opiniones. Esta semana estaremos debatiendo en foros en diversas ciudades del Gran Buenos Aires, así como en Chaco y Corrientes.

–En las modificaciones a las leyes, sobre todo en lo que respecta al Observatorio de Precios, se menciona un rol activo de las ONG de usuarios. ¿Cómo se aplicará el tema en la práctica?

–También tenemos programado en la Secretaría de Comercio encontrarnos para debatir el proyecto con todas las asociaciones de consumidores inscriptas en el registro de la Dirección de Defensa del Consumidor, así como con el Consejo Federal del Consumo (COFEDEC), el cual reúne a los directores o secretarios de Defensa del Consumidor de cada una de las provincias. En las siguientes semanas seguiremos yendo a otras provincias y participaremos en los debates del Congreso cada vez que nos lo requieran.

La baja de insumos preludia una caída del IPCNU

En otra parte de la entrevista con Tiempo Argentino, Costa se refirió al efecto del Plan Precios Cuidados en la evolución del índice de precios. Y adelantó además que la tendencia de desaceleración de los valores continuará en el resto del año. Asimismo, el funcionario les marcó la cancha a los empresarios al analizar que la baja en los precios de los insumos difundidos deberá impactar en los costos de las empresas y, en línea, en los precios minoristas.

–El jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), dio a conocer el IPC de julio. ¿Cuál es la consideración respecto de la tendencia de precios del mes y la perspectiva para lo que viene?

–El nivel general del IPCNu en julio fue de 1,4%, levemente superior a la medición de junio que había arrojado un 1,3 por ciento.

Esta situación no implica un quiebre en la tendencia a la desaceleración de los últimos meses, sino que refleja un componente de estacionalidad del mes de julio, donde históricamente la influencia de rubros relacionados con turismo y esparcimiento por las vacaciones de invierno tiene un efecto significativo sobre la variación de los precios. A esto se sumaron los incrementos registrados en el sector transporte. Estos aumentos estacionales fueron contrarrestados nuevamente por la evolución por debajo del promedio de del rubro Alimentos y Bebidas que, pese a las actualizaciones autorizadas en el Programa Precios Cuidados en el marco de la segunda revisión trimestral (promedio del 4%), no tuvieron un movimiento significativo (0,9 por ciento).

Influyen en la desaceleración del rubro alimentos no sólo el Programa Precios Cuidados, el cual da referencias de precios a los consumidores y evita aumentos abusivos por parte de empresas y comercios, sino también la desaceleración respecto de los primeros meses del año en los precios de los insumos difundidos (acero, aluminio, plásticos), lo cual incide en los costos de todas las empresas. La perspectiva para los próximos meses es que continúe la tendencia actual hacia una convergencia en la tasa de variación de precios hacia niveles menor y consistente con los objetivos de la política económica.
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