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Los marihuaneros no quieren más trabas



El martes pasado, la Comisión Global de Políticas sobre Drogas presentó en Nueva York su segundo informe titulado “Asumiendo el control: caminos hacia políticas de drogas eficaces”, que se centra en la necesidad de un nuevo marco internacional para el control de drogas tras la “evidencia abrumadora” del fracaso de las políticas prohibicionistas.
Dos días después de la presentación del informe, en la Plaza de Bolívar, tuvo lugar una concentración de personas, parches y colectivos convocados por el Carnaval Cannábico Colombiano y el Colectivo Sí a la Dosis Personal de la Universidad Distrital, para discutir propuestas en torno a la legalización de la marihuana en el país. Para esto, la Alcaldía Mayor de Bogotá aceptó abrir un diálogo con la comunidad colina y realizó un cabildo que tuvo lugar en el auditorio Huitaca del Palacio Liévano.

No era una reunión común y corriente. Y de hecho, para ser la primera vez que, de manera oficial, se reunían las autoridades públicas con las organizaciones cannábicas, muchos echaron de menos que el alcalde de Bogotá —abierto defensor de la regulación de la marihuana—, funcionarios del orden nacional y miembros del Congreso se hicieran presentes. En cambio, en la mesa principal se sentaron José Cuestas, subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno; Jaime Urrego, director de Salud Pública de la ciudad; Juan Camilo Cuán, asesor médico del despacho del alcalde para el tema de drogas y habitantes de calle, y Napoleón Villareal, asesor de la Secretaría de Integración Social.

No obstante el perfil de los representantes oficiales, y aunque más de uno de los presentes andaba bien trabado, el movimiento cannábico pudo esbozar algunas de sus propuestas, muchas de las cuales fueron puestas sobre la mesa de la mano de organizaciones como el Carnaval Cannábico Colombiano, la Comunidad Cannábica Colombiana, el colectivo Sí a la Dosis Personal, la fundación Fumav y uno que otro consumidor independiente.

Para lograr entender en qué está la discusión de la marihuana en la ciudad y conocer algunas de las iniciativas que vienen adelantando los colectivos colinos, me sumergí en la nube cannábica que se concentró en la Plaza de Bolívar y atendí juicioso a las exposiciones —por momentos enchonchadas a fuerza de ganja— en el auditorio de la alcadía.

El escollo de la salud pública

Fue clara la posición de los representantes de la Alcaldía sobre el fracaso del modelo prohibicionista, el uso exclusivamente terapéutico de la marihuana y los esfuerzos para reducir la criminalidad generada por el consumo de drogas y el microtráfico. El asesor del alcalde, Juan Camilo Cuán, se declararó usuario activo y responsable de la marihuana, e hizo alarde de su amplia y reconocida carrera académica, que no se ha visto socavada por el consumo. Sin embargo, a la hora de hablar del enfoque con el que se debe abordar el tema, Cuán defendió la Ley 1566 de 2012, según la cual el consumidor de drogas es concebido más como un sujeto que debe recibir atención médica, antes que como un usuario que, en muchos casos, no es problemático.

El vocero del Carnaval Cannábico Colombiano, Eduardo Vélez, señaló la necesidad de mirar el problema en Colombia desde una lente más amplia. Por un lado, recordó que es necesario que se deje de perseguir al consumidor y que se busque procesar a los responsables "que han generado vioencia y se han enriquecido" por cuenta del narcotráfico. Además, habló sobre los modelos de prevención y el abordaje al consumo desde la salud pública, y señaló que “no se puede estandarizar una política de prevención como si toda la gente reaccionara igual al influjo de las sustancias. El Estado nos ve a todos con el costal y la cobija debajo del puente porque nos fumamos un porro o nos olemos un pase, o porque nos mandamos un ácido o hacemos una cantidad de cosas que son de nuestra incumbencia”.

Desde la mesa distrital, los funcionarios de la alcaldía respondieron a sus planteamientos. Cuán aseguró que la Ley 1566 abre la posibilidad de dar un salto en la comprensión del consumidor (de delincuente a paciente) y permite al Estado idear "tratamientos de atención integral". Pero Jaime Urrego, director de Salud Pública, no dejó de darle la razón a Vélez y se mostró reticente a que se trate al consumidor exclusivamente como paciente: “La salud pública no la (deben) construir los médicos, sino el Estado, la sociedad y el sector de la salud. Que sea un problema de salud pública no significa que el usuario sea un enfermo, porque entonces volveríamos al Estado terapéutico. Y no sé que es peor, si ese o el prohibicionista que tienen la misma naturaleza”.

En otras palabras, la gran preocupación que queda en el aire se asemeja a la patologización que ha recaído sobre los gays y transgéneros en sus luchas por el reconocimiento y el alcance de ciertos derechos (¿recuerdan cuando a mediados del siglo XX los homosexuales recibían electrochoques en terapias psiquiátricas?). Pareciera que de la lucha contra las drogas y el prohibicionismo absolutista, pasáramos a un Estado que pretende normalizar y "curar" a ciudadanos-pacientes cuyos comportamientos se salen de lo establecido.
Vélez lo argumenta con estadísticas: “con base en las cifras de la Organización Mundial de la Salud, solamente entre el 10 y 15 por ciento de los consumidores puede ser catalogado como problemático, y en el caso de la marihuana es evidente que menos del 1.5% de los consumidores puede ser problemático en relación con el sistema de salud”.

Territorios de consumo

Una de las propuestas expuestas fue la de Ever Jiménez, un ciudadano que ya tiene armado un marco teórico sobre la creación e implementación de espacios de consumo consensuados entre consumidores y no consumidores. Ever realizó una cartografía sobre los lugares que suelen ser utilizados por los colinos para echarse sus porros: ollas, universidades y parques. Su idea es que en la ciudad existan espacios consensuados que amalgamen los “valores positivos” que promueven los dos últimos, para eliminar las ollas que surgen como resultado de la prohibición, el carácter ilegal de las sustancias y los imaginarios negativos que se tienen sobre los consumidores.

Esto es algo que, según Eduardo Vélez, ya se ha venido implementando de manera consensuada en algunos espacios de la ciudad. “En la Universidad Distrital, por ejemplo, o en la Jorge Tadeo Lozano en donde a cien metros del CAI hay un sitio de consumo autorregulado y la policía no puede decir que ahí se presentan hechos de violencia”.
Incluso, basta echarse una rodadita por el parque Dakota en Cali, o tomarse una cerveza en El Guanábano en el Parque del Periodista en Medellín, para comprobar que Vélez no está delirando. De manera informal, consumidores y autoridades están configurando espacios en las ciudades donde el consumo no problemático y autorregulado de sustancias psicoactivas se tolera de forma sorprendentemente sana.

El Colectivo Sí a la Dosis Personal de la Universidad Distrital adelanta actualmente talleres de formación en Bogotá. Como lo explicó Alexander Bustos, uno de sus miembros, desde algún tiempo el colectivo viene trabajando en los barrios periféricos realizando talleres para llegar a acuerdos de convivencia entre la comunidad y los consumidores.
“Hemos llegado a los parques, a las ollas, y hemos instalado campamentos para hacer talleres con los chicos. Con acuerdos mínimos como el que durante los talleres no fumamos marihuana. Hasta los hijos de los jíbaros van”, explicó Alexander Bustos. “Son pequeños acuerdos que empiezan a marcar la diferencia en los procesos sociales y en las necesidades que tiene una ciudad llena de tanta muerte e hipocresía social”.

Usos alternativos del cannabis

Durante la concentración que tuvo lugar en la Plaza de Bolívar, conocí a Juan Pablo Guzmán quien trabaja con la Asociación Taller Libre, una organización dedicada al apoyo y desarrollo de iniciativas artesanales e industriales relacionadas con el uso del cannabis.
“Es una cagada monumental. Literalmente se cagaron en el planeta tres malparidos: Rockefeller, Dupont y Reagan. Y lo peor es que les hemos seguido el juego”, le escuché decir mientras sacaba de su maleta un ladrillo, un par de medias y unos potes con ungüentos medicinales. Una muestra pequeña pero sustancial de lo que, según él, sería “un pilar para las comunidades que no tienen nada”.

Todos sus productos están hechos a base de cannabis sativa, incluso el par de medias mugrientas y el ladrillo. “Toda esa planta se puede utilizar. Reemplazamos todos los derivados del petróleo”, me dijo Juan Pablo. “Se puede sacar alimento, construir casas, fibras para hacer ropa y medicina. Tranquilamente, la base para una economía”. Los productos de Juan Pablo, entre los que se incluyen aceites para masajes, cremas cosméticas, aceite de oliva con flor de cannabis, gotas analgésicas y una crema tópica para los recién tatuados, se comercializan bajo la marca Sannabis.

Aunque pueda sonar anecdótico, la pequeña microempresa de Juan Pablo es solo un recordatorio de que en Colombia hay miles de personas que viven del cultivo de plantas "fiscalizadas", con usos muy diversos al psicoactivo (o si no, que lo digan los indígenas Nasa en el Cauca o los huitotos en la Sierra Nevada). Repensar cómo regular estos usos es un tema que aún no está sobre la mesa en Colombia.

Luego del encuentro, José Cuesta, subsecretario de Asuntos Locales, me dijo que este ejercicio tuvo un sentido práctico para abrir un espacio democrático y facilitar audiencias públicas, en un momento en el que el Congreso de la República está abriendo la discusión sobre el tema de la legalización de la marihuana.

Cuesta tuvo que esperar más de una hora en el auditorio de la alcaldía para convencer a quienes se manisfetaban con porros en la plaza a que ingresaran a plantear sus puntos de vista. "Hay que ganar confianza y hasta ahora se ha ganado algo importante para un sector que siempre ha estado, históricamente hablando, sometido a todo tipo de contención y represión institucional”.
El gran reto de estos colinos radica en llevar estas y otras propuestas a los escenarios donde realmente se están tomando las decisiones sobre el futuro de la política de drogas. Y hasta ahora, nadie se ha fumado un porro ni en los pasillos del Congreso ni en las oficinas del Ministerio de Interior.
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