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Macri quiere usar a los militares como policías

Se recalienta el Cono Sur.



Apoyándose en los cruentos ejemplos de México, Colombia y Brasil, el gobierno de Mauricio Macri se apresta a sacar a los militares de los cuarteles para emplearlos en tareas policiales. La medida, que se aplicaría por simple decreto en junio próximo, viola leyes fundamentales votadas por el Congreso, como la ley de Defensa, la de Seguridad Interior o la de Inteligencia. Un conjunto de normas que expresan un claro repudio a la represión feroz de la dictadura militar, que usurpó el poder entre marzo de 1976 y diciembre de 1983. Repudio extensible a doctrinas impuestas por Washington, como la de “seguridad nacional”, que produjo miles de muertos y desaparecidos en la región latinoamericana.



La exclusión del Congreso Nacional en un tema tan sensible para la historia argentina vuelve a exhibir el talante autoritario del empresario en el gobierno. Empresario que, junto con su padre Franco Macri, hizo su gran fortuna en las postrimerías de la dictadura militar, cuando sus deudas en el exterior fueron ilegalmente absorbidas por el Estado.



No es casual que el presidente argentino cuente como “asesor estratégico” al ecuatoriano Jaime Durán Barba, que también lo fue del presidente mexicano Felipe Calderón, cuando el panista tomó la decisión de militarizar a la policía para “combatir el narcotráfico” y desencadenó una terrible sangría que no cesa. Según diversas fuentes: más de cien mil muertos y 30 mil desaparecidos.



Tampoco es casual que el mandatario sureño haya procreado y tenga que enfrentar una de las crisis económicas y sociales más graves de la historia argentina contemporánea, después de la que sacudió al país en el 2001. Una crisis frente a la cual se multiplican las protestas y las grandes movilizaciones, en un efecto bola de nieve que no deja de preocupar al gobierno. Protestas y manifestaciones que tienen como blanco principal al Fondo Monetario Internacional, convocado como prestamista por Macri, después de doce años de ausencia, en ocasión de la última -y feroz- corrida bancaria. El FMI ha estado ausente de Argentina desde que en enero de 2006 el entonces presidente Néstor Kirchner canceló, en un solo pago, una deuda cercana a los 10 mil millones de dólares, con el anunciado propósito de no tener que atender los “consejos y recomendaciones” del organismo financiero internacional.



Menos casual aún es que la cartera de Defensa esté a cargo de Oscar Aguad, un radical ultra conservador, que hace algunos años se sacaba fotos en los palcos públicos con el ex teniente general Luciano Benjamín Menéndez, antes de que este genocida (el más sangriento después de Videla) fuera condenado, en doce juicios, a cadena perpetua.



De manera embozada, valiéndose de sus asesores, Aguad declaró textualmente al sitio Infobae: “Brasil, México, Colombia y muchos otros Estados soberanos están utilizando a sus Fuerzas Armadas para controlar en mayor o menor medida el accionar de cárteles de narcotraficantes, narcoguerrilla o guerrilla islámica, o de otros orígenes. No hacerlo implica quedarnos atrás del mundo y desaprovechar además recursos humanos y materiales que cuestan mucho dinero al Estado Nacional”.



En Argentina no existe hasta el momento ninguna figura de historieta como las que vende el ministro radical: ni “narcoguerrilla”, ni “narcoterrorismo” ni la misteriosa guerrilla “de otros orígenes”. No necesita, por lo tanto, de superhéroes a ser adoctrinados por el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Sí existen, en cambio, recursos naturales estratégicos, como el agua, el petróleo, el oro, el litio, el uranio y decenas de otros minerales decisivos, ya entregados en parte a las corporaciones norteamericanas. Y no sólo por el actual gobierno, sino también por el de Cristina Kirchner, durante cuyo mandato YPF firmó un acuerdo secreto con Chevron, que habilita a esta compañía de Rockefeller a quedarse con el petróleo de la Patagonia. Tanto en explotaciones convencionales, como a través de las no convencionales, especialmente el fraking. Un método altamente destructivo, de consecuencias deletéreas para el agua de las napas subterráneas.



Macri aguarda inversiones megamineras por 18 mil millones de dólares para la región patagónica y esa ansiosa espera explica por qué desapareció el joven militante Santiago Maldonado y fue asesinado a balazos, por la espalda, el mapuche Rafael Nahuel. También porqué el presidente-empresario sueña con tanques protegiendo minas y pozos petroleros de la inminente amenaza del “narcoterrorismo” y guerrillas “de otros orígenes”. Un sueño que no comparten todos sus colaboradores, como el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien declaró textualmente que las Fuerzas Armadas deben limitarse a proporcionar “apoyo logístico” a las de Seguridad, sin involucrarse directamente. Curiosamente, el alto funcionario reveló: “No he visto ninguna discusión interna sobre este tema ni se me ha invitado a una discusión sobre esta cuestión”.



Por suerte, más allá de los portones de la Casa Rosada y de esa histórica Plaza de Mayo, que Macri está acotando con verjas permanentes antidisturbios, se encuentra la historia, la cultura de lucha atesorada por un vasto sector de la sociedad argentina, que sigue movilizándose y acaba de convocar a una Marcha Federal, que se iniciará en 5 provincias y culminará en el Congreso Nacional.




Si Macri tuviera la vista un poco más larga podría observar lo que le está ocurriendo a su colega y conmilitón Michel Temer del Brasil, quien le envió las fuerzas armadas a los camioneros que están bloqueando las rutas con un resultado poco alentador: hay más de 500 bloqueos de carreteras en el Brasil y un millón de camioneros movilizados. Al cierre de esta nota la protesta gozaba de buena salud en 24 de los 27 estados del gigante sudamericano.



Puede ocurrir cualquier cosa, pero no hay dudas sobre una evidencia: el Cono Sur se está recalentando frente a las reformas antisociales de los gobiernos neoliberales.

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