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La estocada final a la Educación sin aplazos la darán los 'maestros militantes'



La norma permite que militantes sociales al frente de grupos de chicos de 4 y 5 años, sin formación pedagógica oficial ni título regular alguno, se conviertan en docentes con todos los derechos y obligaciones de la ley 10.579 del Estatuto Docente provincial.

La ‘Ley de Incorporación de la Modalidad de Escuela Comunitaria al Sistema de Educación Formal’ (cuya autora es la diputada kirchnerista Alicia Sánchez, esposa del ex piquetero Luis D'Elía), beneficia a los militantes sociales que colaboran en centros comunitarios con el cuidado de chicos vulnerables de entre 45 días y 5 años.

Según la letra de la ley, los establecimientos mencionados alcanzan la jerarquía de "escuelas de nivel inicial" y quienes están al frente de los cursos son considerados ‘maestros’.

La buena noticia es que Daniel Scioli aún no promulgó la norma, aunque no se espera que no lo haga ya que tampoco dio marcha atrás con la cuestión de los aplazos.

El objetivo de la ley está inscripto en la línea argumental de la "inclusión".

Según Sánchez, era necesario "reconocer el valor y la dignidad del trabajo que mujeres y hombres sostienen cotidianamente en las instituciones comunitarias, motivadas con el único objetivo de promover la inclusión social a través de la educación".

"Con la ley, las maestras van a tener un reconocimiento como trabajadoras de la educación", destacó la legisladora.

El proyecto de ley aprobado sostiene que "la Dirección General de Cultura y Educación tendrá como objetivo garantizar el funcionamiento de las instituciones educativas comunitarias de nivel inicial, proporcionando a tal fin, la infraestructura necesaria para su funcionamiento".

Sancionada la Ley, el massismo pedirá el veto del gobernador Scioli y argumentará que, a pesar del ímpetu con que el kirchnerismo avanzó en la Legislatura provincial, la Dirección General de Cultura y Educación recomendó rechazar la norma porque ya la ley 13.688 y otras resoluciones contemplan la regulación de estas instituciones.

En el plano sindical, Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCBA, expresó su oposición -en declaraciones a radio La Red- a que los militantes sociales sean considerados docentes al considerar que de esa manera "cada uno va a a tener la escuela que se le cante".

Para el gremialista que representa a un sector de los maestros, detrás de esta nueva norma hay una intensión clara de "destruir la escuela pública".
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