Una doble valla de seis metros de alto separa en la imaginación de miles de migrantes subsaharianos una vida de carencias en sus países por una mejor en Europa. La valla de Melilla, enclave español en Marruecos, es una de las grandes fronteras del mundo desarrollado y también una de las más polémicas.
El gobierno español recibió este lunes un golpe judicial por las "devoluciones en caliente", la expulsión inmediata de los migrantes en el momento en que intentan cruzar y sin aplicarles las protecciones de la legislación de extranjería.
El juez de Melilla que decidió imputar a un alto oficial de la guardia civil española en ese enclave determinó que los migrantes ya estaban en territorio español, por lo que no pueden ser expulsados sin el debido proceso de deportación.
Varias ONG denunciaron que la guardia civil, con la colaboración de la policía marroquí, devolvió en al menos dos ocasiones a Marruecos a extranjeros que habían logrado saltar las vallas o que se encontraban entre ambas vallas, engrilletados y heridos. Tras analizar imágenes de incidentes ocurridos este verano, el juez de Melilla imputó al coronel de la guardia civil al mando del dispositivo en la frontera.
"Las devoluciones en caliente incumplen las leyes internacionales y la ley española de extranjería", afirma José Luis Candela, coordinador del grupo jurídico de Andalucía Acoge, una de las organizaciones no gubernamentales que denunciaron los hechos. Los migrantes "deben pasar a disposición de la policía y tienen derecho a la asistencia de un letrado", abunda Candela. Según mostrarían las imágenes aportadas en la denuncia, ninguna de estas provisiones se cumplió en las actuaciones denunciadas, de los días 18 de junio y 13 de agosto.
La ley de extranjería también especifica que las autoridades deben identificar a los migrantes y darles la oportunidad de recurrir la resolución de expulsión. Además, el 13 de agosto la mayoría de los que intentaron saltar eran de Mali y podrían ser posibles solicitantes de asilo, según la denuncia de las organizaciones.
Las autoridades españolas mantienen que el territorio español comienza solo cuando se traspasa la última valla, llamada valla interior, por lo que las devoluciones de migrantes antes de rebasar esa valla no están sometidas a la legislación de extranjería.
Pero el juez de Melilla no está de acuerdo y, en el auto de imputación del coronel de la guardia civil, concluye "provisionalmente" que "el terreno entre vallas es suelo español y está sujeto a la soberanía" de este país. Además, el magistrado explica que en los casos analizados los subsaharianos habían superado la doble valla, por lo que esa justificación tampoco sería aplicable.
Pero más allá de los argumentos legales, la realidad es que la alambrada de cuchillas que corona la doble valla y la vigilancia policial ininterrumpida de las fuerzas marroquíes y la guardia civil española no consiguen ahuyentar a los subsaharianos. En lo que va de año se han producido 16.000 intentos de salto, según datos del gobierno español. Y el Centro Temporal de Internamiento de Extranjeros de Melilla (CETI), donde los migrantes esperan la expulsión a sus países de origen, está desbordado.
Derechos humanos
Las devoluciones en caliente no son un fenómeno nuevo. "Todo el mundo sabía que se hacían, pero el gobierno lo negaba hasta hace poco", afirma José Palazón, de Pro.De.In, una de las organizaciones denunciantes que ha grabado saltos masivos en la valla.
El 6 de febrero, 15 personas murieron en la playa del Tarajal, en Ceuta (el otro enclave español en Marruecos) después de intentar entrar a España a nado. Los agentes policiales en la frontera usaron material antidisturbios para impedir su entrada. Tras la polémica que generaron los hechos, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, solicitó a Marruecos potenciar la cooperación entre ambos países para permitir la "inmediata devolución" de inmigrantes.
España y Marruecos ya tienen un convenio bilateral que permite que el país magrebí readmita en su territorio a migrantes que entraron ilegalmente en España, pero el procedimiento requiere que España lo pida formalmente y comunique a Marruecos "todos los datos disponibles relativos a la identidad" del migrante.
La organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch pidió al gobierno español que "detenga inmediatamente las devoluciones sumarias" y que investigue las pruebas de que la guardia civil golpea a los migrantes en la frontera. "El derecho de España de asegurar sus fronteras no le da carta blanca para abusar de los migrantes", dijo la organización.