
El tribunal Oral Federal 2 de Córdoba condenó ayer a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez por los asesinatos de tres militantes de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) ocurridos en junio de 1976.
En total, Menéndez acumula 12 condenas. De ellas, 10 son a prisión perpetua, cuatro dictadas en Córdoba. Las seis restantes le fueron impuestas en La Rioja, Tucumán y Salta.
Últimas palabras
El exjefe del Tercer Cuerpo de Ejército durante la última dictadura ejerció su derecho a emitir sus últimas palabras antes del pronunciamiento del tribunal integrado por los jueces José Muscará, Mario Garzón y Juan Carlos Reynaga.
Menéndez aprovechó para cuestionar al kirchnerismo: “Venimos soportando 10 años de autoritarismo. Su aspiración final es imponer el sistema autoritario. Ahora están realizando estos juicios claramente inconstitucionales”.
“Enfrentábamos una guerra contra los terroristas marxistas que amenazaban la paz nacional con la creación de ejércitos clandestinos”, afirmó y justificó los resultados al sostener que “eran combatientes y sabían que asumían riesgos”. Aseguró que el régimen militar “jamás persiguió a nadie por sus ideas políticas nacionales”.
Durante los alegatos, los querellantes María López y Claudio Orosz expusieron la responsabilidad de Menéndez en la ejecución de un “plan criminal, ilegal, sistemático y generalizado de exterminio a la oposición política” a los designios trazados por la dictadura militar.
A partir de los hechos probatorios, la querella solicitó la condena a “prisión perpetua de cumplimiento efectivo en cárcel común” para Menéndez.
Con fundamentos similares a la parte querellante, el fiscal Facundo Trotta, consideró en sus alegatos que Menéndez fue el “responsable ideológico del montaje de toda la estructura represiva del Tercer Cuerpo del Ejército”, por lo tanto lo hace responsable de todos los crímenes que se cometieron en su jurisdicción.
Trotta solicitó la pena de prisión perpetua para Menéndez por los delitos de “privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos agravados y homicidio calificado”, en contra de Ana María Villanueva, Carlos Delfín Oliva y Jorge Manuel Diez.
En tanto, la defensa oficial de Menéndez, ejercida por la letrada Natalia Bazán, planteó la absolución, argumentado aspectos de “inconstitucionalidad” y de “violaciones a las garantías del debido proceso” por entender que se está juzgando a su patrocinado varias veces por un mismo delito.
La causa
Este juicio es parte de la causa denominada Roselli y los hechos que se juzgaron tienen que ver con los tres militantes de la JUP que se encontraban en la intersección de Caraffa y Octavio Pinto, en la ciudad de Córdoba, en la mañana del 2 de junio de 1976, y al advertir la presencia policial escaparon en un automóvil, pero a pocas cuadras fueron interceptados y trasladados a una zona descampada donde fueron fusilados, hechos luego notificados oficialmente como un “enfrentamiento subversivo”.
El 26 de marzo de 2012 fueron condenados a prisión perpetua los autores materiales: los exintegrantes del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia, Pedro Nolasco Bustos, Jorge Vicente Worona y José Filiberto Olivieri.
En esa oportunidad, Menéndez fue separado del juicio debido a que las pericias médicas oficiales habían considerado que el represor no contaba con las condiciones adecuadas de salud para afrontar el proceso de enjuiciamiento.
Este es el quinto juicio que Menéndez afronta en Córdoba, en tres de ellos fue condenado a prisión perpetua (causas Brandalisis, Albareda y UP1), el cuarto es la megacausa La Perla que está en proceso de debate desde el 4 de diciembre de 2012 y, según se estima, podría concluir antes de fin de año.
Por su parte, el abogado querellante Claudio Orosz manifestó que es un megalómano, un asesino y un genocida. “Tiene una concepción oligárquica y antipopular” porque “sostiene que el accionar militar se había dado en el marco de una tercera guerra mundial y que él es un general vencedor. Incluso está convencido de que va a tener monumentos en las plazas por todo lo que hizo”.

