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México pagó para mejorar la imagen del país

México pagó para que en la película de James Bond se mejore la imagen del país


A cambio de 14 millones de dólares, pidieron que el asesino no sea un mexicano, que el objetivo no sea el jefe del Distrito Federa y se muestre la arquitectura moderna de la ciudad.






El gobierno mexicano pagó cerca de 14 millones de dólares a la producción de Spectre la nueva película de James Bond protagonizada por Daniel Craig y que se grabará en parte en México, para mejorar la imagen del país el film.

Según los medios mexicanos Reforma y Sin Embargo, el sitio especializado Tax Analyst posee notas entre funcionarios de Sony Pictures que dan cuenta de los acuerdos con el Gobierno mexicano.






El pago se habría efectuado a través de estímulos fiscales por más de 14 millones de dólares. Según Tax Analyst el documento mencionado se titula “Elementos necesarios para preservar la oferta mexicana”.

Entre los cambios a la película gestionados por las autoridades de México, que no brinda nombres ni cargos, se pide que la dueña del hotel en el que se hospeda Bond en la ficción sea interpretado por “una actriz mexicana conocida”.






Según el documento también se acordó que el asesino de la película, llamado Sicarra no sea mexicano como se pensaba inicialmente. Del mismo modo, se convino que el objetivo del asesino, el jefe de gobierno del Distrito Federal, sea reemplazado por un líder internacional.

Los “modernos edificios de la Ciudad de México” también podrán lucirse en Spectre, ya que el acuerdo pidió a la producción realizar tomas aéreas a estas construcciones.

“La persecución de Bond a Sciarra durante el ‘Día de Muertos’ sustituirá un partido sin marco geográfico aparente, esto permitió también la incorporación de un papel para una actriz mexicana, el que un Embajador reemplazara al Jefe de Gobierno como objetivo de Sciarra, y el más reciente cambio al guión que contempla una escena con Bond robando el helicóptero de Sciarra para ‘despegar en el horizonte mexicano’”, dice.






Todos estos cambios y otros más detallados, costaron al gobierno mexicano US$14 millones, que has sido considerados por Tax Analyst como “inusuales” ya que los acuerdos que suelen darse entre producciones y Gobiernos de algún país son menos exigentes.
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