La situación judicial de la vicepresidenta se agravó en las últimas horas, la denuncia por el origen de los fondos sustraídos de su departamento fue ampliada con nueva documentación, entre ella pagos de salarios de la Fundación SUMA, pese a que no tenía empleados.
Así consta en la ampliación presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, que le entregó hoy al juez federal Ariel Lijo el “informe de transparencia” de SUMA, la fundación que preside Michetti, que indica que en 2014 “se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP” presentada como prueba.
“MAL PUDIERON HABER ABONADO SUELDOS DE TRABAJADORES QUE NO EXISTIERON, O DE HABER EXISTIDO ESTABAN COMPLETAMENTE EN NEGRO”
En tanto, voceros de Michetti indicaron a la prensa que “los balances fueron presentados por la Fundación en tiempo y forma ante la AFIP, la Inspección General de Justicia y la UFI”.
Martínez Herrero añadió que sólo a fines de julio SUMA se registró como “empleador”, por lo que consideró que “mal pudieron haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber existido estaban completamente en negro”.
El denunciante adjuntó hoy al expediente una investigación periodística, de la que se desprende que SUMA “no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida” y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron “ser sometidas a controles por parte del Estado”.
Ello, porque “no han dado cumplimiento a la resolución UIF 30/11”, que fija “las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y “las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti”.
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Así consta en la ampliación presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, que le entregó hoy al juez federal Ariel Lijo el “informe de transparencia” de SUMA, la fundación que preside Michetti, que indica que en 2014 “se abonaron sueldos por 165 mil pesos pero no tenían ningún empleado registrado conforme surge de la constancia de la AFIP” presentada como prueba.
“MAL PUDIERON HABER ABONADO SUELDOS DE TRABAJADORES QUE NO EXISTIERON, O DE HABER EXISTIDO ESTABAN COMPLETAMENTE EN NEGRO”
En tanto, voceros de Michetti indicaron a la prensa que “los balances fueron presentados por la Fundación en tiempo y forma ante la AFIP, la Inspección General de Justicia y la UFI”.
Martínez Herrero añadió que sólo a fines de julio SUMA se registró como “empleador”, por lo que consideró que “mal pudieron haber abonado sueldos de trabajadores que no existieron, o de haber existido estaban completamente en negro”.
El denunciante adjuntó hoy al expediente una investigación periodística, de la que se desprende que SUMA “no ha presentado balances en la Inspección General de Justicia, recién se ha inscripto como empleadora ante la AFIP con posterioridad a la denuncia promovida” y que ni Michetti, ni la fundación, pudieron “ser sometidas a controles por parte del Estado”.
Ello, porque “no han dado cumplimiento a la resolución UIF 30/11”, que fija “las medidas y procedimientos que las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo”.
El informe consigna, además, la lista de empresas que figuran como aportantes de dinero a SUMA y “las pautas que recibiera la pareja de la vicepresidenta, Juan Martín Tonelli Banfi, por parte del Gobierno de la Ciudad, por dos millones de pesos, pudiendo llegar dicha operatoria a ser la financiación espuria del partido político o al menos del movimiento o interna que encabeza la licenciada Michetti”.
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