Negociado K para construir represas en Santa Cruz

El gobierno aprobó un crédito de tres bancos chinos por 4.700 millones de dólares para la construcción de la obra, en la que se beneficia a empresarios K




El Gobierno aprobó ayer el acuerdo de crédito con tres bancos chinos por más de 4.700 millones de dólares para financiar las obras hidroeléctricas de las represas santacruceñas presidente Néstor Kirchner y Gobernador Jorge Cepernic. Esas obras fueron otorgadas, entre otras empresa, a Electroingeniería S.A., que es una de las más beneficiadas por la obra pública durante el gobierno K y tendrá el monopolio de la electricidad en el sur.

El exdiputado de la Coalición Cívica Juan Carlos Morán dijo ayer a Hoy que ampliará la denuncia que presentó “para que se investiguen los sobreprecios y por mlos terrenos inundables (ver aparte)”. Además, los diputados Ricardo Gil Lavedra y Manuel Garrido le iniciaron una causa penal al Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y a cuatro funcionarios más por negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación al Estado e incumplimientos de los deberes de funcionario público. Gil Lavedra aseguró que la licitación de las represas “violó todas las reglas del pliego” para favorecer a “los amigos” del Ejecutivo.

Según explicó Morán a nuestro diario, “el vicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, que fue compañero de celda durante la dictadura de (el secretario Legal y Técnico de la presidencia, Carlos) Zannini, tiene también la empresa Intesar, a la que Néstor Kirchner le adjudicó la distribución de la energía eléctrica en Santa Cruz a perpetuidad hasta el 16 de julio de 2088”. Por ese motivo, el exdiputado dijo que “con la adjudicación de las represas, Electroingeniería va a tener la construcción, la producción y el transporte de la energía”.

La historia de los negociados que envuelven a la construcción de las represas se remonta al año 2010, cuando un consorcio integrado por Enrique Pescarmona, Eduardo Eurnekian y el grupo brasileño Camargo Correa se quedó con la licitación para construir las represas. Pero, el gobierno nacional escatimó los fondos para comenzar los trabajos, a pesar de que estaban aprobados por la legislatura satacruceña y con el paso del tiempo la provincia y el consorcio ganador tuvieran que dar por finalizado el proceso de común acuerdo.

La intención del kirchnerismo era generar un nuevo proceso licitatorio que beneficiará a empresas amigas, como después sucedió.

El año pasado las obras fueron licitadas y adjudicadas a un consorcio integrado por las firmas Electroingeniería S.A., China Gezhouba Group Company Limited, e Hidrocuyo S.A., que ofertaron $22.925.870.000, equivalente a 4.714.347.111 dólares. Durante ese proceso se registró una misteriosa maniobra que implicó la presentación de una Carta de Descuento cuando la licitación ya estaba prácticamente cerrada, reduciendo el precio presentado originalmente en un 17,4%, otorgando entonces a estas empresas un beneficio que no tuvieron las otras que se presentaron.

Ayer, a través del decreto 1091/2014 publicado en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández, del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y del ministro de Economía, Axel Kicillof, el gobierno faculta a Kicillof o al funcionario que él designe a suscribir en nombre de la Argentina acuerdos de crédito por 4.714.350.000 dólares con los bancos China Development Bank Corporation; Industrial and Commercial Bank of China Limited, y Bank of China Limited.

El acuerdo de crédito se aprobó en el marco de la visita a la Argentina que inició ayer del presidente de China, Xi Jinping, junto con alrededor de 250 empresarios.



También se beneficia Báez

Además de otorgarle las obra a Electroingeniería, una empresa amiga del poder, en Santa Cruz también aseguran que la construcción de las represas Néstor Kirchner Jorge Cepernic también favorecerá o otro de los beneficiados del modelo kirchnerista, el empresario amigo de Néstor Kirchner y acusado de lavar dinero, Lázaro Báez. Sucede que las tierras que serán inundadas para la construcción de las represas pertenecen Báez y "estas represas inundarían esas tierras con la consiguiente indemnización al empresario”, según la exdiputada provincial de Santa Cruz, Mariana Zuvic, una de las principales denunciantes.

“La Justicia tiene que determinar si hay una cuestión de enriquecimiento por información privilegiada, ya sea para cobrar el dinero de la expropiación o por una mejora valuación de los campos al tener mejor acceso al riego”, agregó el exdiptuado nacional Juan Carlos Morán.