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No se puede tapar el sol con la mano

Por más discursos que se realicen, insinuando que existe una “conspiración del agro, el sistema financiero, opositores, EE.UU y el resto del mundo”, lo cierto es que la aceleración del deterioro de las variables macroeconómicas es responsabilidad exclusiva de los actuales dirigentes políticos.




El Gobierno de Cristina Fernández cumple 2.853 días de gestión. Un repaso por los principales indicadores da cuenta de un marcado desmejoramiento de distintos indicadores. El nivel de reservas pasó de U$S 42.176 millones a menos de U$S 28.000, en la presente semana, una caída del 39%. En tanto en el mismo período la base monetaria pasó de $ 99.289 millones a $ 384.467 millones, un alza cercana al 287%.

A la hora de buscar los motivos por los cuales creció en semejante proporción la base monetaria, debe analizarse el comportamiento de la política fiscal durante este período. Por cierto, el gasto público pasó de representar el 31% del PIB al 41% estimado para 2014, mientras que a pesar de una presión tributaria record en la historia argentina, las cuentas públicas consolidadas pasaron de equilibrio a fines del 2007 a un déficit fiscal consolidado del 5,8% para el 2014. Los tan mentados “superávit gemelos”, que fueran otrora la piedra angular del “modelo” económico resultan hoy un recuerdo que parece distante.

El crecimiento de los gastos por sobre los ingresos genuinos fue, en parte, financiado con emisión monetaria. El resultado de este proceso de crecimiento nominal de las variables llevó la inflación del 8,5% anual a 22,6% según el INDEC o al 40,4% según las consultoras privadas. En tanto el dólar libre, el que cualquier trabajador puede comprar para ahorrar, es decir preservar su trabajo, pasó de $3,15 en momentos en que asumía Cristina hasta $15,75, un crecimiento del 400%.

A la hora de repasar algunas de los supuestos frutos de estos años, notamos que el supuesto “desendeudamiento” es relativo ya que en términos nominales, Argentina tiene una deuda un 40% mayor. En otras palabras, a fines del 2007 cada argentino debía al mundo U$S 3.677 mientras que en la actualidad la cifra supera los U$S 4.820. Cabe aclarar que si es cierto que en términos del PIB hoy la deuda Argentina luce relativamente menor, pero este es un indicador de solvencia relativo ya que una fuerte contracción del PIB como la ocurrida en el año 2002 nos ubicaría nuevamente en una situación comprometida.

Uno de los estandartes del actual modelo se ha convertido en su propia paradoja. Los fríos números señalan que la realidad social, lejos de mejorar, muestra un estancamiento. Según se desprende del observatorio de la deuda social de la UCA, la pobreza se mantiene en valores aproximadamente similares a los reportados en el 2007. 1 de cada 4 argentinos vive por debajo de la línea de pobreza.

Por último, un comentario respecto a la situación mundial, donde si bien existe un escenario de contracción en los últimos meses, lejos de “caerse el mundo”, los términos de intercambio siguen siendo favorables en términos históricos, y recién en estas semanas luego de confirmada la “súper-cosecha” norteamericana el precio de la soja cedió hasta los U$S 335 un 20% por debajo del día que asumió el actual poder ejecutivo. El valor promedio de la soja en estos años rondó los U$S 463, alcanzando un máximo de U$S 650 en agosto del 2012.

Para reflexionar, Argentina, un país que tiene todo para crecer, no logra alcanzar el desarrollo sustentable y sigue en la dinámica de una recurrente “crisis económico-financiera”, cada 10 años promedio. Rodrigazo, Tablita cambiaria, Hiperinflación, Convertibilidad y ahora la decadencia del actual del “modelo de inclusión social y matriz diversificada”. Un común denominador se desprende de esos procesos: las recurrentes crisis fiscales, gobiernos que gastan por sobre sus recursos y que lejos de asumir el problema y enfrentar la realidad, deciden denunciar supuestas maniobras especulativas.

En definitiva, la delicada situación actual es producto de políticas cortoplacistas que se llevaron a cabo en estas 68.472 horas que el actual gobierno toma las decisiones de política económica. El actual escenario no admite ni un minuto más de postergaciones en los temas candentes de la economía del país.
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