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Obligan incorporar en juicio a intérprete en lengua mapuche

Fallo histórico en la provincia de Neuquén

Tres personas del pueblo mapuche están acusadas de tentativa de homicidio y de daño agravado contra una mujer.Los imputados entienden castellano, pero los defensores pidieron un intérprete mapuzugun –la lengua mapuche- como una garantía del derecho a la identidad y en reconocimiento de la preexistencia de las comunidades originarias e indígenas en el país.




Las personas acusadas en un juicio que se realiza en Neuquén pertenecen al pueblo mapuche y entienden el castellano. Pero el Tribunal de Impugnación hizo lugar a un pedido de la defensa en sintonía con la diversidad cultural: la incorporación de un intérprete de mapuzugun, el idioma de esos ciudadanos, para respetar la identidad y los tratados internacionales de derechos humanos.

El Tribunal de Impugnación se creóa partir de la reforma procesal penal neuquina. Su tarea es revisar las sentencias dictadas por los jueces penales de toda la provincia, al estilo de una Cámara de Casación.

“Es un fallo histórico porque la reivindicación que hace el tribunal de la diversidad cultural y la comprensión del idioma de un pueblo originario no es por una cuestión de entendimiento del proceso, sino ya como un derecho a la identidad y al control de los actos por parte de todas las comunidades originarias”, dijo a Infojus Noticias Darío Kosovsky, que oficia la defensa del caso junto Emanuel Roa.

En la audiencia, Relmu Ñanco fue imputada por el fiscal Marcelo Jofré y los abogados querellantes Julián Alvarez y Pedro Arce de tentativa de homicidio en perjuicio de Vérónica Pelayes, mientras que Martín Maliqueo y Mauricio Rain fueron acusados por daño agravado. Los hechos por los que los acusan pasaron en diciembre de 2012 en Zapala, cuando se dictó una orden judicial para que integrantes de la comunidad Winkul Nehuen no obstaculizaran el paso, en el paraje Portezuelo, a la empresa Apache. Según la acusación, Pelayes habría sido agredida al momento de la notificación.

La semana pasada el tribunal integrado por Mario Rodríguez Gómez, Alfredo Elosu Larumbe y Mabel Folone resolvió por mayoría hacer lugar al pedido de los defensores. Ahora se programa una nueva audiencia donde los cargos a los imputados los leerá también un intérprete mapuzugun.

En este caso los imputados entienden perfectamente el castellano, pero los defensores no piden un intérprete como cuando lo solicita un francés un chino: sino como una garantía del derecho a la identidad y en reconocimiento de la preexistencia de las comunidades originarias e indígenas en el país.

“Para quienes formamos parte del sistema penal estamos viviendo un momento de cambio con el nuevo Código Procesal Penal en la provincia que no es solo una ley sino que un cambio de paradigma que rige nuevos principios”, dijo Roa durante los alegatos y agregó que “se deben respetar las costumbres. La discusión de si debe o no haber un intérprete la dejamos de lado ya que consideramos que el Estado debe garantizarlo y proveerlo para tener un juicio legítimo y justo”.

En el pedido para que se haga una nueva audiencia de formulación de cargos, que es la instancia en la que se notifica la imputación, se requirió que la provincia de Neuquén llame a concurso de un intérprete de mapuzugun, así como llama a jueces y fiscales.

“Se pone en discusión la lógica del concurso porque, ¿desde qué lugar el Estado te puede acreditar como intérprete? Frente a eso las propias comunidades podrían definir quién puede usar el idioma de forma tal que interprete correctamente: se podría hacer convocar a la Confederación Mapuce o a las comunidades originarias de Neuquén para que aporten ideas de cómo crear el cargo o crear una lista de posibles intérpretes con aval de las comunidades”, dijo Kosovsky.

Lo que diferencia el fallo de otros que incluyen intérpretes es que se establece desde el Poder Judicial un valor especial a la palabra: se reconoce al lenguaje como algo inherente a la identidad.

En audiencias anteriores, desde el TSJ neuquino habían avalado contar con un intérprete, pero planteaban que como era complejo conseguirlo se imponía la carga a la defensa. A partir de este fallo el intérprete no solo se postula como un derecho, sino que también debe ser garantizado por la Justicia.

Según Kosovsky “no es el primer caso donde se pide un intérprete mapuce, lo que sí es el primer antecedente donde los imputados comprenden perfecto el idioma. Al mismo tiempo que entiendan los fiscales y jueces lo podrán ver todas las comunidades mapuces que quieran, ya que desde el nuevo Código las audiencias no tienen registro escrito sino que son filmadas. La decisión del TSJ es una reivindicación de los pueblos originarios y un reconocimiento real de respeto a sus derechos”.

No es lo mismo un traductor que un intérprete

Reina Maraz tiene estuvo detenida por el homicidio de su marido en la Unidad Penitenciaria Nº 33 de Los Hornos, Buenos Aires, desde noviembre de 2010. Tiene 26 años, nació en una comunidad kichwua de Bolivia y se comunica a través de su lengua materna, el quechua. Estuvo detenida sin entender el proceso que se le seguía, ni poder comunicarse en el único idioma que habla. Ahora espera el juicio oral por el asesinato de su marido con prisión domiciliaria.

El poder Judicial de la provincia de Buenos Aires no tiene intérpretes en lenguas originarias para todos los migrantes y originarios, como en el caso de Maraz, por eso recién en noviembre de 2010, cuando el área de inspecciones de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) visitó la unidad donde estaba detenida se encontraron con que la mujer desconocía las razones de su encierro.

Entonces gestionaron la posibilidad de que Reina se entrevistara con una intérprete para que le diga por primera vez lo que había pasado. Hasta ese momento su caso no había sido contextualizado como un caso de violencia de género y se investigaba como un simple homicidio.

“La Justicia provincial no está preparada para este caso. No es lo mismo un traductor que un intérprete. El intérprete incorpora las pautas culturales”, explicó a Infojus Noticias Margarita Jarque, del área de Litigios de la CPM que intervino en el caso.
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