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Observatorio de Medios: Llamar motochorro es discriminación

El Observatorio de la Discriminación en Radio y Televisión ha recibido varios reclamos en relación al uso del término “motochorros” en los medios televisivos y radiales. El uso de esta palabra se extendió a tal punto, tanto en los medios como en el discurso social, que prácticamente se convirtió en un sinónimo de “motociclista” o “motoquero”. Así, se ha construido una imagen de peligrosidad con respecto a los usuarios de motos.


Esta construcción contribuye al pánico social con respecto a la inseguridad reforzando los prejuicios especialmente (pero no únicamente) hacia varones jóvenes. El resultado es que se criminaliza a cualquiera que utiliza la moto tanto como medio de transporte o como herramienta de trabajo (servicios de mensajería, de delivery, etc.). De forma semejante, ocurre lo mismo con el uso de los términos “trapito” y “pibe chorro” en los que se asocia automáticamente un trabajo precario o un rango etario al delito. Esta clase de construcciones contribuye al pánico con respecto a la inseguridad reforzando los prejuicios hacia estos grupos y se construye un estigma alrededor de esta actividad.

Más allá de que sea una obviedad decir que una moto puede ser una herramienta para delinquir, quienes delinquen son los delincuentes (y no el objeto). El problema es cuando los/las comunicadores/as realizan una operación metonímica desplazando el sentido en la serie “delito”, “herramienta”, “personas que las utilizan”. No hay motochorros, en todo caso, hay “chorros” cuando se comete un robo. Es más, el uso del casco (obligatorio) como medida de protección, pareciera sumar al halo de sospecha por parte del imaginario social ya que el rostro del conductor queda oculto, lo que no permitiría que el supuesto delincuente sea identificado.

La vinculación permanente entre quienes delinquen con los usuarios de motos reproduce el estereotipo y la imagen discriminatoria del pobre- marginal-peligroso. Se culpabiliza a la persona excluida del sistema laboral formal y/o a trabajadores precarizados, responsabilizándolos de ser una amenaza al “orden público”.

Los trabajadores que utilizan la motocicleta como herramienta laboral tienen un alto índice precarización laboral, muchos no están registrados por lo tanto no se les realizan los aportes y las cargas sociales. En muchos casos deben cubrir los gastos de mantenimiento de las motos. A esto debe sumarse las malas condiciones a las que se ven sometidos por trabajar en la calle, expuestos a accidentes viales, a la intemperie, la alta contaminación sonora, y un ritmo muy duro de trabajo por su calidad de “urgente”.

El Plan Nacional contra la Discriminación (PNcD) establece que son prácticas sociales discriminatorias crear y/o colaborar en la difusión de estereotipos de cualquier grupo humano por características reales o imaginarias, sean éstas del tipo que fueren, sean éstas positivas o negativas, y se vinculen a características innatas o adquiridas. Es necesario agregar que las prácticas sociales discriminatorias no se explican por ninguna característica que posea la víctima de dichas prácticas, sino por las características del grupo social, sociedad o Estado que lleva a cabo el proceso discriminatorio.

Los estereotipos cumplen una función comunicacional de importancia central ya que son el resultado de una selección que, por fuerza de la costumbre y de las representaciones dominantes de la cultura, termina instalándose como la forma natural de pensar, como la única posibilidad de percibir el rol que determinado sujeto o grupo social debe ocupar en una sociedad histórica. Así, si bien el mensaje comunicacional muchas veces recurre al uso de estereotipos para hacer de la comunicación un proceso eficaz, no podemos dejar de considerar que la carga valorativa de los mensajes evoca imaginarios sociales que configuran modelos, formas y tipos de vínculos entre los miembros de la sociedad (1).

Asimismo, debemos destacar que la Ley sobre Actos Discriminatorios, Nº 23.592, establece que se practica un acto de tal naturaleza cuando arbitrariamente se impide, obstruye, restringe o se menoscaba de cualquier forma el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales de las personas, reconocidos en la Constitución Nacional. (Plan Nacional contra la Discriminación, 2005).

Los medios de comunicación son actores sociales que tienen un acceso privilegiado al discurso (2) -en tanto ocupan espacios y posiciones de poder- desarrollando un rol fundamental en el proceso de construcción de visiones de mundo. Por esta razón es importante indagar las categorías y representaciones que se emplean para describir los hechos sociales y para caracterizar a los distintos grupos o sectores de la sociedad(3).
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