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PAMI: $ 15 por mes para comprar queso, carne y huevos



LA AGN DENUNCIA SITUACIÓN IRREGULAR DESDE 2007.

Para asistir a los jubilados y pensionados en situación crítica, el PAMI impulsa un plan mediante el cual entrega mensualmente una bolsa de alimentos no perecederos y acredita en los recibos de haberes de sus afiliados una suma fija destinada a la compra de productos frescos.

El problema es que, según un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN), ese monto no se actualizó desde 2007, y que además asciende a 15 pesos, que los abuelos pueden usar para adquirir quesos, carnes y huevos.

Esta situación llevó al organismo de control a concluir que, en el transcurrir de la ayuda nutricional “la cobertura del requerimiento calórico de los alimentos fue disminuyendo entre 1999 y 2012 en un 32,3%”.

La iniciativa en cuestión se llama Proyecto Pro-Bienestar y es llevada adelante desde 1992 por el PAMI (oficialmente denominado Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados –INSSJyP-).

Según recuerda el portal El Auditor, si bien en principio el plan tenía distintos objetivos, como organizar actividades recreativas y construir salones equipados para la contención de los abuelos, en los últimos años la gestión se enfocó casi exclusivamente en la ayuda alimentaria.

En ese sentido, y según datos proporcionados por el propio PAMI, hasta 2011 esta asistencia llegó al 11% de los afiliados a la obra social, es decir a 477.182 jubilados y pensionados sobre un total de casi 4,5 millones de personas.

Los beneficiarios son atendidos en 2.712 Centros de Jubilados y Pensionados que funcionan bajo la órbita de 37 Unidades de Gestión Local (UGL) que el PAMI tiene en todo el país.

Y, en cuanto al presupuesto, en 2011 se transfirieron fondos por $ 562.185.367,73, que fueron destinados casi en su totalidad (97%) a la ejecución del Beneficio del Complemento Alimentario (BCA).

Esta prestación del Pro-Bienestar fue la que analizó la Auditoría y que, tras una investigación de 18 meses –llevada a cabo entre enero de 2011 y mediados de 2012-, quedó plasmada en un informe aprobado en julio de este año.

Entre otras cosas, el trabajo sostiene que, a pesar de aquellos datos precisos, “no se cuenta con los datos de los afiliados que reúnen los requisitos exigidos para recibir el beneficio alimentario”, y además no se efectúa el seguimiento nutricional de las personas, por lo que “no es posible conocer ni medir el impacto de las acciones realizadas por el programa sobre la población objetivo”.
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