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Pami fondos millonarios prestaciones deficientes

Es el sexto presupuesto del país, pero las alertas de la Auditoría sobre su manejo no habían tenido respuesta. Además de la financiación al Tesoro nacional, destinos dudosos han llamado finalmente la atención de la Justicia



Del PAMI (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) dependen cuatro millones y medio de personas. Junto con otras franjas de ciudadanos, esta gente de la tercera y cuarta edad integra la lista de los más desposeídos. Son, de alguna manera, los marginados del sistema.

El organismo tiene 6.000 empleados, muchos con sueldos exageradamente altos, es dirigido por Luciano Di Cesare y la justicia -el juez Claudio Bonadío ordenó hace unos días un allanamiento a fondo- está indagando el manejo de fondos. Con el mismo mecanismo que la ANSES, el PAMI ha venido facilitando dinero al Tesoro Nacional por montos millonarios, a través de la compras de Letras, cubriendo sus falencias y atendiendo al déficit que resulta del inmenso gasto público y poniendo en riesgo un patrimonio que pertenece a los jubilados y a nadie más. Considerando la escasa transparencia en la información, se puede hablar de que ambas entidades son agujeros negros, cavernas insondables, cuyos números reales se desconocen y dificultan cualquier relevamiento contable.

Di Cesare maneja el sexto presupuesto del país desde hace varios años. Algo así como 45.000 millones de pesos cuyo destino genera muchas dudas.
Especialmente en el Gran Buenos Aires, donde más se necesita de estos fondos, y varios hospitales a los que se supone fueron destinados todavía están inconclusos. Algunos son apenas esqueletos al aire. Eso explica el aluvión de personas del Gran Buenos Aires que recurren a los centros de salud de la Capital Federal para aliviar sus malestares y heridas.

En primer término, cabe preguntar de dónde adquirió el PAMI semejante autonomía caprichosa en sus movimientos financieros.

¿Nadie controla a nadie en este país? No asoman autoridades de alto nivel para dar explicaciones y la situación da pie para que actúe la justicia; ya más decidida en este último año de gobierno cristinista.
El único ente que vino trabajando en auditar al PAMI fue la Auditoría General de la Nación, consagrado en la reforma constitucional de 1994 y que reporta al Congreso Nacional. La Auditoría analiza, estudia y propone, pero allí termina su seguimiento. No puede llevar a los responsables ante la Justicia. Si los funcionarios taponan sus valiosos análisis es como si no hubiera pasado nada y todos hubiesen actuado como angelitos.

En sus investigaciones, muchas veces a la Auditoría le fue negada la información por parte del PAMI. En abril del año pasado, por ejemplo, el gobernador del Chaco, hoy temporario Jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, propuso un "control popular" sobre las notas escritas o trasmitadas por los periodistas. Pero el PAMI chaqueño no se dejó controlar por la Auditoría, que tiene la facultad de exigir la colaboración de todas las entidades del sector público, obligadas a suministrar datos y documentos "relacionados con el ejercicio de sus funciones". La filial chaqueña del PAMI no entregó lo que se le venía exigiendo desde el 2011.

Cada bolsón de comida entregado a los jubilados pesaba 8 kilos en envases de polietileno, fácilmente rompibles y sin manijas

Hay muchísimas áreas del PAMI en descubierto, con "rojos" que no tienen explicación. Entre 2007 y 2012 los afiliados recibieron 15 pesos por mes para comprar queso, carne y huevos. Según la Auditoría, eran 477.000 beneficiarios en situación crítica y el Proyecto tenía nombre: "Pro-Bienestar " (sic). En 2011, la asistencia llegó al 11 por ciento de los jubilados y pensionados. Eran atendidos en 2.712 centros especiales que funcionaron bajo la órbita de 37 Unidades de Gestión Local que el PAMI tiene en todo el país. Falló la logística operativa. Cada bolsón ofrecido pesaba 8 kilos en envases de polietileno, fácilmente rompibles y sin manijas. La otra variante era la del comedor/vianda que funcionaba de lunes a viernes.



El estudio de la Auditoría confirma que varios de esos Centros de Jubilados no exhibían habilitación municipal o tenían deficiencias edilicias –paredes y cimientos atacados por la humedad, pintura descascarada, falta de rampas para discapacitados y de señalización de emergencias. Un 48 por ciento de esos centros auditados obtuvo una valoración "mala" o "regular" y un 42,2 por ciento "buena".
En una recorrida en detalle por 10 geriátricos de Capital y Gran Buenos Aires, la Auditoría detectó que sólo hay planes de emergencia y sistemas contra incendio "en trámite" y que no se cumplía la normativa que exige que debe haber un baño cada 15 personas. No había salidas de emergencia y en el interior de los institutos eran evidentes las "falencias que comprometían la seguridad de los residentes".

No terminan ahí las fallas preocupantes. Hay profundos déficits en la calidad de la prestación de los servicios. Por ejemplo algunos centros oftalmológicos carecen de equipamiento y las prácticas de alta complejidad son derivadas a otros lugares que no tienen contrato de "prestador autorizado". En otros sitios se observó desactualización de la habilitación del Ministerio de Salud, desvíos en áreas quirúrgicas y de esterilización y larguísimas demoras en turnos para estudios pre-quirúrgicos.

El PAMI tiene la responsabilidad de controlar, a través de la Unidad de Auditoría Prestacional (UAP) la "pertinencia, eficacia, alcance, calidad y oportunidad de las prestaciones médicas, y verificar el grado de satisfacción del beneficiario". Pero las quejas de desamparo en la atención han venido multiplicándose en los últimos años.

¿Qué hacemos con los viejos de la Argentina? ¿Los abandonamos en un rincón? ¿Qué hace el gobierno frente a las injusticias que se cometen y la falta de análisis de gestión indispensable para evaluar o no su importancia?

¿Qué comprobarán, finalmente, las investigaciones judiciales que finalmente se han puesto en marcha? ¿Servirá de experiencia para no repetir de ahora en más los errores?
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