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¿Para qué sirve la ley de Abastecimiento?



La reforma a la ley de Abastecimiento, el foro especializado para el consumo y la creación de un Observatorio de Precios apuntan a proteger los derechos de los usuarios.

La iniciativa de “Nueva regulación de las relaciones de producción y consumo”, que actualiza las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento de 1974, habilita al Poder Ejecutivo a establecer márgenes de utilidad y precios de referencia para cualquier etapa del proceso económico.

Además, permite aplicar sanciones a quienes remarquen artificial o injustificadamente los precios de una forma que no sea proporcional a los aumentos de los costos; retengan mercadería; se nieguen a la venta de productos; afecten el normal abastecimiento de una mercadería; o no entreguen facturas.

La reforma de la ley de Abastecimiento elimina las penas de prisión, pero actualiza las sanciones económicas dado que podrá aplicar multas hasta de 10 millones de pesos.

La iniciativa establece que el Ejecutivo podrá intervenir en los “estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios para la provisión de bienes y servicios imprescindibles”.

En su paso por el Senado, se modificó el proyecto original y se acordó excluir del alcance de la ley a las micro, pequeñas y medianas empresas que no posean posición dominante en el mercado”.

La iniciativa prevé que, frente a situaciones de desabastecimiento o escasez, el Poder Ejecutivo podrá disponer su producción aún a pérdida de la unidad económica, pudiendo esta pedir una compensación.

La autoridad de aplicación deberá requerir autorización judicial para sancionar con inhabilitación especial o clausura temporal.

También, se podrá llevar adelante la clausura “inmediata” de la empresa por cuestiones de infracción gravísimas, prorrogable por hasta tres meses sólo con autorización judicial.

Asimismo, las empresas deberán informar a la autoridad de aplicación sobre sus costos y ganancias, pero esta no podrá difundirlos.

En tanto, el proyecto que crea el Observatorio de Precios establece que ese organismo será el encargado del monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en Argentina.

Finalmente, otra de las iniciativas es la que crea en el ámbito del Poder Judicial el servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), donde los usuarios y consumidores podrán presentar sus reclamos en forma gratuita, y éstos deberían ser solucionados en un plazo de 30 días.
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