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Parricida dice que bonafini miente

El ex apoderado de la Fundación echó sospechas sobre la estatización de la Universidad de las Madres



En un escrito presentado por su abogado ante el juzgado federal de Norberto Oyarbide, Sergio Schoklender acusó a Hebe de Bonafini de haber mentido, y echó sospechas sobre el trámite de estatización de la Universiad de las Madres que, según sus palabras, podría haber escondido graves irregularidades.



Hernán Enrique Figueroa, defensor oficial del mayor del los Schoklender en el expediente que investiga las irregularidades en el manejo de fondos del programa Sueños Compartidos, inicia su texto advirtiendo que después de haber leído declaraciones periodísticas de Bonafini esas palabras me persuaden de que estamos en presencia de la comisión de un delito de acción pública, tal como es el falso testimonio".

Para el letrado, quien dice estar escribiendo la solicitud más difícil de su carrera "en tanto alcanza a una persona que ha sido presitigiosa", la defensa técnica de Schoklender lo obliga a no "dejar pasar por alto las graves irregularidades y falsedades" supuestamente dichas por Bonafini.

Figueroa destaca que cuando Schoklender se alejó de la Fundación "las Madres manifestaron su agradecimiento eterno por el empeño, tesón, fidelidad y encomio", pero en declaraciones posteriores Bonafini dijo que "nos sentimos horriblemente mal, era una traición,un robo", y que "ese día lo eché a Sergio". El abogado estima que este cambio de parecer se debe que "se buscó un chivo expiatorio".

"Mientras tanto, el contador Boudou, a través de su mano derecha Domínguez y con la administración de la srta. María Alejandra Bonafini, crearonun fideicomiso para de esa forma poder desviar los fondos percibidos y que ingresen al patrimonio de 'Ni un paso atrás' sin ningún tipo de control y que después vayan a llenar los bolsillos de terceras personas", acusa sin rodeos. Y le recuerda al juez que no se sabe "qué había pasado con todos los ingresos producidos con posterioridad a la salida de Schoklender"

En el marco de esta causa, Oyarbide resolvió el procesamiento de 44 personas, 39 de ellas por desvío de fondos públicos en defraudación a la administración pública y cinco por lavado de activos, mientras el caso avanza hacia el juicio oral.




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