About Taringa!

Popular channels

Paul Singer los tiene 'embocados' y Cristina pagará

CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN PARA REGULARIZAR CON 'HOLDOUTS'

Paul Singer los tiene 'embocados' y Cristina pagará a los 'buitres'


La Administración Cristina no resiste una investigación sobre fondos irregulares en el exterior. No es novedad alguna. Por eso resultó insólito que se arriesgara a la investigación que emprenderían los abogados de los fondos acreedores de deuda pública impaga. Dicen que lo que se intenta desde la Casa Rosada es, por un lado, concederle alguna épica nacionalista al pago de la deuda pública externa en 'default' (¿¿??). Por otra parte, conseguir que Paul Singer y su gente no sigan difundiendo información 'sensible'.
02/11/2014|08:48

Ampliar
El magnate dueño de Elliott Management, Paul Singer, ha contratado tanto a demócratas como a republicanos para lograr sus objetivos. Y él sabe que en el mundo K hay mucho para ocultar...




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Nunca se entendió la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de ir al choque con los 'holdouts' en nombre de la inexistente cláusula RUFO (inexistente porque había una orden judicial que desactivaba su cumplimiento).
 
En verdad, ocurrió que Cristina venía declinando en imagen pública, y utilizó esa oportunidad para intentar una ofensiva apelando al nacionalismo del concepto 'Patria o buitres'.
 
Hasta entonces, todo estaba preparado en la Administración K para acordar en lo de David Pollack, e iniciar un endeudamiento público que permitiera aliviar la situación provocada por el déficit fiscal. Pero, en nombre del proyecto político, ocurrió un cambio de planes: era preferible profundizar la estanflación pero recuperar la iniciativa política. Cristina apostó a una recomposición del poder personal (e institucional), aún cuando la contrapartida de la ausencia de financiación externa fuese un 4to. trimestre desatrozo en terminos de inflación y desempleo.
 
No obstante, cualquiera sabía que era insostenible más allá del corto plazo. No se trata solamente de las reservas internacionales del Banco Central, que impiden mantener esa disputa. También de lo dificil de explicar los fondos bajo sospecha de funcionarios y amigos de funcionarios K que se han desplazado por el mundo dejando rastros indelebles.
 
"No se puede mover tanto dinero a través del mundo, dejando huellas y andar peleándose con quienes pueden rastrearlas", fue un concepto de los 'holdouts'.
 
La Administración Cristina tiene mucho que ocultar, según parece. Y por eso hay que acordar con los 'holdouts', más temprano que tarde.
 
Al respecto, hay novedades informativas.
 
Ignacio Ortelli en el diario Clarín:
 
Jorge Capitanich "(...) comparó la "posición" de la legisladora cobista con "lo que afirman los buitres". Y, por supuesto, decidió no revelar la estrategia que trazó el Gobierno y pudo confirmar Clarín: que enviará al Congreso un proyecto para hacer cambios en las leyes Cerrojo y de Pago Soberano para intentar acordar con los holdouts una vez que venza la vigencia de la cláusula RUFO, a fin de año.
 
Fuentes oficiales contaron a este diario que la idea es avanzar con la iniciativa durante el período extraordinario y que, por ese motivo, autoridades parlamentarias ya fueron avisadas para que se aseguren de contar con la presencia de los legisladores que garanticen el tratamiento del proyecto.
 
Esto no ocurriría durante diciembre -mes en el que ya es casi un hecho que Cristina convocará a extraordinarias pero por otros temas (Código Procesal y Ley de Telecomunicaciones)- dado el recelo que hay en el Gobierno por no dar una señal concreta de que se modificarán las reglas de juego aprobadas meses atrás con la sanción de la Ley de Pago Soberano.
 
Pero la urgencia por concretar un acuerdo con los holdouts y despejar el escenario económico llevarían al Gobierno a acelerar los plazos. Un funcionario explicó que "puede ser hasta en enero", algo inusual y que ni siquiera se dio en 2010, cuando en pleno receso Cristina le exigió la renuncia al Banco Central a Martín Redrado, quien se negaba a dejar su cargo. "Ya saben que no se pueden ir muy lejos. Van a tener que tomarse vacaciones en la Costa o esperar que se aclare todo un poco", bromeó la misma voz. (...)".
 
 
Mariano Obarrio en el diario La Nación, acerca del mismo tema:
 
"Pese a sus ataques a los fondos buitre, al juez Thomas Griesa y al gobierno de los Estados Unidos, la presidenta Cristina Kirchner madura la idea de un acuerdo luego de enero de 2015 con todos los holdouts, los bonistas que no ingresaron en los canjes de 2005 y 2010, además de los fondos NML Capital y Aurelius. Para ello ordenó analizar la derogación en el Congreso de al menos tres leyes vinculadas con la deuda soberana.
 
Según confiaron a LA NACION altas fuentes del Gobierno, estas iniciativas se evalúan entre la Presidenta; el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el ministro de Economía, Axel Kicillof.
 
En caso de avanzar, las negociaciones durarían hasta marzo, y el 1° de ese mes Cristina podría anunciar esos proyectos durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Incluso, podrían ser el caballito de batalla de la campaña electoral de 2015.
 
La reapertura de las negociaciones serían en enero de 2015 porque el 31 de diciembre próximo caducará la cláusula RUFO (rights upon future offers), que ahora les permite a los tenedores de bonos de 2005 y 2010 demandar judicialmente igual trato si se les mejora la oferta a bonistas que no hubieran ingresado en aquellos canjes. Ese cepo contaminó toda la negociación con los buitres.
 
Es por ello que, liberado ese permiso, según confiaron a LA NACION distintas fuentes del Gobierno, la Presidenta analiza derogar al menos tres leyes. La primera es la que dispuso el cambio de lugar de pago de la deuda reestructurada en 2005 y 2010 y mudó el domicilio de Nueva York a Buenos Aires. También revocó el mandato del Bank of New York Mellon como pagador de los bonos. Y lo reemplazó por el Nación Fideicomisos.
 
Con esto se pretendió eludir el fallo de Griesa, que había trabado el pago a los bonistas de esos canjes por no cumplir la sentencia que favorecía a NML y a Aurelius. La ley se sancionó en septiembre y el 30 de ese mes Kicillof depositó US$ 161 millones en el Banco Nación para cumplir con un vencimiento.
 
Sin embargo, ningún bonista pasó a cobrar y el canje local, anunciado como una epopeya emancipadora, fue un fracaso. La derogación de esa ley buscaría restablecer al BoNY para regularizar el pago a los bonistas de 2005 y 2010. (...)".
 
 
Ana Baron en el diario Clarin acerca del Stop informativo:
 
"Pese a que la juez que lleva el caso de Val de Loire, la empresa adjudicada a Cristóbal Lopez, ya ha dicho que todo los documentos sobre la ruta del dinero K que vayan apareciendo deben ser públicos, NML -el fondo buitre de Paul Singer- y Patricia Amunategui la encargada de abrir esa empresa en Nevada, insisten que deben ser clasificados y confidenciales.
 
En la presentación que hizo ayer, el abogado de Amunategui, Kent Woods, explicó que si la deposición que hizo su clienta el 11 de setiembre pasado y los casi 80 documentos que entregó a la Corte se dan a conocer, el daño que padecerá "será irreparable".
 
Los abogados de NML coinciden. En el escrito que presentaron por separado, explican que antes de que Amunategui hiciera su deposición llegaron a un acuerdo con NML para que todo se mantuviera en secreto.
 
Según el acuerdo, Amunategui cobró unos 6.843 dólares por el tiempo que le llevó la deposición y lo que dejó de ganar su empresa.
 
Amunategui y su empresa MD Nevada trabajan para Mossak Fonseca, el estudio de abogados que ordenó la apertura de Val de Loire en Las Vegas como también la apertura las de las 123 empresas fantasmas adjudicadas a Lázaro Báez.
 
Amunategui fue de hecho quien se encargó de todos los aspectos burocráticos del establecimiento de estas empresas. Es decir, se supone que ella sabe quiénes están detrás de cada una de las empresas y sobre todo de dónde proviene los fondos que circulan a través de ellas.
 
Se dice que Amunategui sabe si parte de los 600 millones de dólares de Santa Cruz que Néstor Kirchner giró al exterior pasaron por algunas de esas empresas o si las empresas están ligadas de alguna manera u otra a las cuenta que Máximo tendría en el exterior. (...)".
 
 
Tiempo Argentino, sin embargo, sigue batiendo el parche con el concepto "Patria y Buitres":
 
"En los Estados Unidos, el término "puerta giratoria" se utiliza para calificar a aquellos funcionarios que suelen estar en ambos lados del mostrador, beneficiando a los grupos económicos. Tal es el caso de Nancy Soderberg, la dirigente de la American Task Force Argentina (ATFA), asociación de lobby a favor de los fondos buitre, quien también dirige la Junta de Desclasificación de Interés Público (PIDB) desde 2012 (...)
 
Según consignó Tiempo Argentino, el titular del fondo buitre Elliott Management, Paul Singer, ha contratado directa e indirectamente a un ejército de lobbistas que ha costado U$S 1.830.000 en 2014 y U$S 8.420.000 en lo que va del conflicto con la Argentina, según reconocen los registros del propio Congreso de los Estados Unidos.
 
Robert Shapiro, el otro director de ATFA, también tiene múltiples interacciones con el sector público. Shapiro cumplió funciones como principal asesor económico en las campañas de Bill Clinton, Al Gore y John Kerry. Pero, atención: Shapiro también asesoró las campañas presidenciales de Obama de 2008 y 2012, y ha dado consejos al ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair. Entre 1997 y 2001, Shapiro fue vicesecretario de Comercio para los Asuntos Económicos, encargándose de todas las áreas estadísticas del gobierno. Actualmente, asesora a congresistas de EE UU y Gran Bretaña.
 
(...) ATFA también contrata sus propios agentes de lobby. Bill Wichterman es un miembro de la firma de lobby Covington & Burling, trabaja para esa entidad y ha recibido un total de U$S 270 mil por sus servicios en el primer semestre de 2014. Wichterman conoce el manejo de la Casa Blanca a partir de su experiencia como asesor especial del presidente, cargo que le otorgó el republicano George Bush en 2008 y que continuó por un año durante la gestión Obama. Previamente, había sido asesor de políticas del líder de la mayoría del Senado, Bill Frist, y jefe del staff de los congresistas Joe Pitts y Bill Baker, todos ellos demócratas.
 
Otro conocedor del Poder Ejecutivo que se ha cruzado al lado de los buitres es Brian Gunderson, quien por su firma GPC Associates cobró directamente de Elliott Management U$S 120 mil tan sólo en 2014, pero además, en su currículum figura como jefe de Políticas con el Público de la propia firma Elliott. Antes de adentrarse en la vida del lobby, Gunderson tuvo una larga trayectoria en el sector público, fue jefe de staff entre 2005 y 2009 en el Departamento de Estado, habiendo sido designado por la entonces jefa del Departamento, Condoleeza Rice. Según la página del Departamento de Estado, Gunderson ayudó a cerrar diez tratados de libre comercio y comenzó las negociaciones con otros doce.
 
(...) El tercer miembro de ATFA es Robert Raben, quien también cobra de la asociación como su firma de lobby The Raben Group un total de U$S 280 mil en 2014. Su empresa fue ratificada en 2012 como una de las más importantes de su tipo. Conocido como "el asesor de Obama de los derechos de los gays" y un "lobbyista demócrata", Raben tiene pleno acceso a la Casa Blanca y puede desplegar allí todo su poder de lobby. (...)
 
Acompañan a Raben, Larry Gonzalez, quien se desempeñó en la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO) en Washington DC, y Michael Torra, quien, según su perfil "ha armado coaliciones de diversos interesados para avanzar en la confirmación de los nominados a la Corte Suprema de Justicia y al Gabinete del presidente" de los Estados Unidos.
 
Una firma relevante en el proceso de lobby es DCI Group, que en lo que va de 2014 recibió U$S 60 mil y tiene dos lobbistas al servicio de ATFA. DCI es considerada "la firma de relaciones públicas del Partido Republicano" y "una persistente negadora del cambio climático". (...)".
 
 
Muy interesante lo de Martín Kanenguiser en el diario La Nación:
 
"(...) El Gobierno pagó cerca de 400 millones de dólares al estudio jurídico de Nueva York Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton para defenderse de los fondos buitre en los últimos 12 años. Cada abogado senior de Cleary cobra entre US$ 1.000 y 1.300 por hora, según hombres de leyes que ejercen en Nueva York y ex funcionarios argentinos consultados por LA NACION.
 
Fuentes allegadas al caso contra los fondos buitre indicaron que hay que estimar que los patrocinantes de la Argentina le facturan al Gobierno cerca de 3.000 horas por mes.
 
"Son al menos tres millones mensuales, tomando en cuenta que tiene que litigar en varios casos al mismo tiempo", indicaron. De hecho, Cleary lleva la defensa argentina no sólo ante los juzgados de Estados Unidos, sino también de otros países y también ante los tribunales arbitrales del Banco Mundial (Ciadi), donde un grupo de bonistas italianos reclama cerca de 3000 millones de dólares a la Argentina por la deuda en default.
 
El abogado top del estudio en términos de litigios es Jonathan Blackman, cuya tarifa está "bien por encima de los 1.000 dólares", según comentó un letrado que ejerce hace muchos años en esa plaza financiera. Ex funcionarios argentinos involucrados directamente en el pago a Cleary corroboraron todas las cifras.
 
En cuanto a la dedicación al caso argentino, el segundo es Carmine Boccuzzi y el tercero es Roger Thomas. Para defenderlos, otro abogado dijo: "Para Cleary una facturación de 20 o 30 millones de dólares por la Argentina por año no es nada relevante, porque ellos deben estar facturando más de mil millones de dólares anuales, dado que son una firma legal muy importante en Nueva York". Sin embargo, el caso argentino le ha otorgado a Cleary una fuerte presencia en otros países de América latina, pese a los magros resultados de su defensa y el fallo en favor de los fondos buitre.
 
(...) Pero un decreto del presidente Eduardo Duhalde en 2002 designó al estudio como asesor. Allí se aprueba la "contratación del estudio de abogados Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton con el objeto de patrocinar a la República Argentina en los procesos judiciales en que sea parte el Estado nacional en temas relacionados con la deuda externa argentina y desarrollar tareas de asesoramiento jurídico en las negociaciones con los acreedores externos que lleve adelante el Ministerio de Economía".
 
En el decreto 749/2002, se indicaba que "los honorarios por hora para los paralegales oscilan entre $ 125 y $ 180; para los asociados, desde $ 195 hasta $ 415, y para los socios, entre $ 495 y $ 625. En nuestra experiencia, el cargo promedio por hora para servicios a la República ha sido del orden de $ 375 la hora", según la información del Mecon a la que accedió la diputada nacional por Pro Laura Alonso. Con el paso del tiempo, esas cifras quedaron muy desactualizadas.
 
Por otro lado, el ex secretario de Finanzas Guillermo Nielsen, que como funcionario trabajó con el estudio, dijo a LA NACION que "el principal error de Cleary en el juicio del pari passu, que la Argentina perdió en forma definitiva en junio, fue que convalidó una tasa de interés muy alta respecto de la suma que reclamaban los fondos buitre; en vez de US$ 1.600 millones, el estudio debió haber peleado para que fuera una sentencia por US$ 700 millones".
 
Otro de los momentos más polémicos de su actuación en el caso fue cuando se conoció un memo que indicaba que "la mejor opción para la República es permitir que la Corte Suprema fuerce un default y luego inmediatamente reestructurar todos los bonos externos de tal manera que el mecanismo de pago y otros aspectos relacionados se mantenga fuera del alcance de la Corte de Estados Unidos". (...)".
0No comments yet
      GIF