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Piden reabrir la causa por la toma del Indoamericano

Piden reabrir la causa por la toma del Indoamericano



El fiscal general Sandro Abraldes y su colega de la Procuvin, Abel Córdoba, solicitaron la medida por los incidentes registrados en diciembre de 2010.
El pedido recae sobre todos los oficiales, de la Federal y la Metropolitana, que habían sido beneficiados en julio pasado con la falta de mérito. Los fiscales esperan que la Cámara de Casación revierta los sobreseimientos y falta de mérito dictados por la Cámara del Crimen.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que los fiscales pidieron que se “revoque la falta de mérito y sobreseimientos dictados” el 18 de julio por la Sala I de la Cámara del Crimen y que se restituyan “los procesamientos oportunamente decretados en primera instancia” contra más de 40 uniformados de ambas fuerzas.

El parque Indoamericano fue tomado la noche del 6 de diciembre de 2010 por vecinos de la Villa 20, en reclamo de viviendas sociales, y en un operativo conjunto de desalojo de la Federal y Metropolitana fueron asesinados Bernando Salgueiro y Rosemarie Chura Puña y heridos de bala otras cinco personas.

Dos días antes de entrar en feria judicial, la Sala I de la Cámara dictó la falta de mérito y el sobreseimiento de los 41 policías de la Federal y la Metropolitana que estaban procesados por el operativo de desalojo del Indoamericano.
A mediados de julio, los camaristas Luis María Bunge Campos y Jorge Rimondi sobreseyeron a los comisarios de la Policía Federal Hugo Lompizano, Juan Quinteros y Emilio Miragayam, a los comisionados de la Metropolitana Miguel Ciancio, Claudio Serrano, Alfredo Córdoba, Alberto Ojeda y César Enrique Menardi, y a otros oficiales de ambas fuerzas.



Según el fallo, la Cámara confirmó que las muertes fueron causadas por el accionar policial pero deslinda de responsabilidad a los jefes de la Federal y de la Metropolitana, quienes habían sido procesados por su rol en la dirección del operativo. Además sostiene que se trató de “policías no identificados que habrían actuado por su cuenta”. Esta hipótesis fue el argumento que presentaron los defensores de los policías para desligarlos de la culpabilidad. Los jueces de Cámara dieron crédito a esa versión.

Para los fiscales que apelaron la decisión de la Cámara, “el fallo impugnado imposibilita al acusador público de llevar a juicio un caso de gran trascendencia institucional, que versa ni más ni menos sobre la criminal actuación de los integrantes de los cuerpos de fuerzas de seguridad en el control del orden público a cuya consecuencia resultaron dos personas muertas y otras cinco gravemente heridas, y en el cual se ha probado, además, el empleo de munición adulterada en el marco de una manifestación”.

“La resolución en crisis impide dar adecuada respuesta mediante la actuación del Ministerio Público Fiscal a quienes se han visto gravemente perjudicados por las prácticas ilícitas investigadas, constitutivas de violencia institucional, y por ende, lesivas para la integridad, dignidad y la vida de las personas”, dijeron los fiscales.

En un dictamen de más de 100 páginas, los fiscales, advirtieron que las conductas de los policías “configuran prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad y extensión afectan la vigencia del Estado democrático de derecho”.

En su apelación, los fiscales criticaron “la deficiente respuesta judicial frente a hechos constitutivos de violencia institucional en la Argentina” y esperan que la Cámara de Casación, el máximo tribunal penal, revierta los sobreseimientos.

La causa atravesó distintas etapas, en mayo de este año la jueza Mónica Berdión de Crudo, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n° 47, había dictado el procesamiento de 30 integrantes de la Policía Metropolitana y 11 de la Policía Federal. Entre ellos, cinco jefes de la Metropolitana y tres de la Federal. Otros 25 efectivos de la Metropolitana procesados por los delitos de homicidio y lesiones en agresión. Además, 8 efectivos de la Policía Federal fueron procesados por abuso de armas.

Los procesamientos fueron revocados luego por la Cámara, pero aún quedan las instancias ante Casación y la Corte Suprema de Justicia.
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