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Poder, corrupción e impunidad

Lazaro Báez, sindicado como socio del matrimonio Kirchner en varios emprendimientos, habría contado con la colaboración de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) para, curiosamente, evadir impuestos. A este extraño resultado han arribado dos investigaciones periodísticas el pasado fin de semana.



La operatoria detectada es la siguiente: empresas radicadas en Bahía Blanca emitieron facturas falsas por decenas de millones de pesos para que Austral Construcciones, perteneciente a Báez, redujera los impuestos que debía pagar; y la Afip se limitó a investigar a las empresas que generaron esas facturas, ya que obvió hacerlo sobre la contraparte –la empresa propiedad de Báez que hizo uso de esas facturas–.

El informe del diario La Nación precisó que se trata de tres grupos empresarios, con sospechosos puntos de contacto entre ellos, al mismo tiempo que recordó que no es la primera vez que Báez enfrenta una investigación tributaria por facturas falsas: el caso anterior giró alrededor de otra de sus empresas, Gotti Hermanos.

El diario Perfil, por su parte, subrayó que el uso de las facturas falsas podría complicar la situación de Báez en la causa por supuesto lavado de dinero que lleva adelante el juez federal Sebastián Casanello.

A propósito de esto último, vale recordar que la causa por lavado de dinero que enfrenta Báez se inició cuando el programa Periodismo para todos , conducido por Jorge Lanata, con los testimonios de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, sostuvo que Báez había blanqueado más de 50 millones de dólares.

Los fiscales Carlos Gonella y Omar Orsi, que intervinieron en la causa, fueron acusados por el presunto delito de prevaricato, ya que, en principio, no incluyeron a Báez entre las personas a las que se debía investigar.



Sin embargo, la procuradora General de la Nación, la kirchnerista Alejandra Gils Carbó, nombró a Gonella en la fiscalía federal de Formosa, cargo que nunca ejerció.

Si el sistema de fiscales y la Afip, cada uno con los resortes que les otorgan sus respectivas competencias, se esfuerzan por dejarlo al margen de las investigaciones judiciales o administrativas que apuntan en su contra, por más que luego se remueva o se traslade de jurisdicción a los funcionarios que actuaron en cada caso particular, la conclusión se torna obvia y cae por su propio peso: hay una decisión del Gobierno de cubrir al hombre que podría abrir el camino hacia el descubrimiento de los secretos sobre las finanzas de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, el matrimonio que ha presidido el país desde 2003.

Poder, corrupción e impunidad: tres palabras que describen esta trama; tres palabras que expresan de modo claro la debilidad institucional que atraviesa la democracia argentina.
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