El ex vicepresidente, Amado Boudou, había sido sobreseído en la causa que lo investigaba por declarar un domicilio falso en su DNI. Sin embargo, ahora el fiscal Germán Moldes presentó un recurso de casación para que el caso continúe abierto.
Boudou estaba siendo investigado por una serie de irregularidades en la declaración de domicilio de su DNI: al momento de descubrirse el hecho tenía registrada una dirección falsa en la calle Zado, del barrio porteño de Villa Urquiza. Antes figuraba otra en avenida Costanera, San Bernardo, con una numeración inexistente, ya que en esa localización sólo podía encontrarse playa.
Esos datos falsos fueron presentados por el ex vicepresidente para elaborar la documentación correspondiente a varios vehículos de su propiedad: un auto Audi A4 y de dos motos de alta gama. Por este hecho fue imputado por el fiscal Gerardo Pollicita y la investigación cayó en manos del juez Ariel Lijo.
Sin embargo, la defensa acudió a la Sala I de la Cámara Federal porteña que, con la votación de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero, consideró que no hubo delito alguno y Boudou fue sobreseído.
La nota de color es que los camaristas que votaron a favor del sobreseimiento consideraron que el caso, que investigaba la residencia del boudou en un médano, ya había sido desestimado Dolores.
En efecto, el caso conocido como “el médano de Boudou” había comenzado en 2014 con la denuncia, ante la justicia de Mar del Tuyú, realizada por el concejal Marcos García, representante de la agrupación vecinal “A toda Costa”.
Como en ese momento Boudou era un funcionario político del gobierno nacional, la fiscalía que recibió la denuncia la remitió a la justicia federal de Dolores. Entonces, la causa cayó en manos del juez Alejo Ramos Padilla.
Este juez federal es, además, miembro de “Justicia Legítima”, una agrupación judicial kirchnerista que es la oposición -simbólica, por supuesto- al “partido judicial” tantas veces mencionado por Cristina Fernández.
Por su parte, el fiscal del caso, Orlando César Giménez, intentó que el denunciante ratifique la denuncia, pero no lograron encontrarlo para que se presente en la fiscalía, incluso aunque enviaron a la Prefectura Naval de General Lavalle. Además de esta circunstancia, el fiscal tampoco consideró como documento público a la fotocopia del DNI de Boudou, presentada inicialmente en Mar del Tuyú. Por lo tanto, el fiscal dio por terminado el caso y, sin este empuje para continuar indagando, el juez Ramos Padilla convalidó la decisión.
Ahora Germán Moldes pidió formalmente que se revise el fallo, por lo que presentó un recurso de casación cuyo texto indica: “Como se advertirá, este Ministerio Público no cuestiona que Amado Boudou resida en un médano, en una duna o que se afinque en el lugar que él considere más cómodo para desarrollar sus actividades. Pero lo que aquí se le reprocha es que recurriera ante un oficial público del Registro Civil y le hiciera insertar en su Documento Nacional de Identidad un domicilio falso, írrito, en el cual no lo conocen ni de vista”.
“A consecuencia de ello pudo valerse de tal documento con datos falaces para realizar trámites ante el registro de la propiedad automotor y del registro de la propiedad de motocicletas. Todo ello derivó en una palmaria falsificación de documentos, mediante la cual, (y más allá de las contravenciones administrativas que la inserción de datos falsos en un documento de identidad implica), obtuvo los papeles habilitantes para un automotor AUDI A4 y dos motos de alta cilindrada.”, continúa el texto que fue publicado por diario Infobae.
“A simple vista se advierte la renuncia del ejercicio de funciones propias por parte de ese fiscal de Dolores: fue remiso en la investigación del ilícito denunciado, dirigió su accionar a buscar al denunciante y no fue capaz de encontrarlo en el reducido universo de la localidad de Mar del Tuyú, de menos de diez mil habitantes”, sigue el texto, en referencia a las cincunstancias en las que se cerró el caso en Dolores.
“¿Qué quedará para nuestra jurisdicción donde conviven tres millones de almas y a diario localizamos, a través de los registros y las tareas de las fuerzas de seguridad, a las personas requeridas en los trámites judiciales? Tampoco corroboró a conciencia la denuncia, teniendo a la mano el sencillo expediente de solicitar al Registro Nacional de las Personas informes sobre el DNI de Boudou, y para hacerlo no lo invalidaba la excusa ensayada, cuando argumenta que una publicación periodística online sólo le proveía una fotocopia con imágenes parciales”.
Asimismo, Moldes también consideró que la decisión de los camaristas Freiler y Ballestero fue “arbitraria” ya que “discurrieron entre la relevancia que tiene –supuestamente- el domicilio “legal” por sobre el “real” para diluir el acontecimiento convirtiéndolo en una nimiedad. Y es que el foco de la cuestión no giraba sobre los efectos o trascendencia del domicilio en cuestión, sino sobre la responsabilidad penal de un hecho delictivo atribuido a Boudou por la falsificación ideología de su Documento Nacional de Identidad y de tres cédulas de vehículos. En otros términos ello implicaría sostener que ante una hipótesis de falsedad de un pasaporte, la acción de falsificación sería atípica si el sujeto tiene un DNI auténtico”.
“Más allá de ello el domicilio de una persona no sólo marca el centro de las relaciones jurídicas intersubjetivas con sus semejantes sino también el vínculo entre el Estado (en todos sus niveles) y sus ciudadanos. Ello a tal punto que el domicilio que las agencias de control fiscal poseen competencia sobre los domiciliados dentro de su jurisdicción, también desde el punto de vista electoral el domicilio tiene relevancia territorial pues conforme al declarado es la conformación del padrón electoral y la disposición de los recursos, más allá de ello ya vimos que también las cuestiones concernientes a los vehículos poseen relación con el domicilio a los efectos del cobro de la gabela y multas. En consecuencia, y a contrario de lo afirmado por la Cámara, la falsedad sobre el domicilio sí tiene relevancia. Máxime cuando, conforme vimos en el relato de los hechos, el DNI con domicilio falso fue utilizado luego para obtener los títulos de propiedad vehicular por parte de otros funcionarios públicos inducidos por el engaño”, continúa, haciendo hincapié en la necesidad de darle relevancia a la falsificación que realizó el ex vice.
Boudou estaba siendo investigado por una serie de irregularidades en la declaración de domicilio de su DNI: al momento de descubrirse el hecho tenía registrada una dirección falsa en la calle Zado, del barrio porteño de Villa Urquiza. Antes figuraba otra en avenida Costanera, San Bernardo, con una numeración inexistente, ya que en esa localización sólo podía encontrarse playa.
Esos datos falsos fueron presentados por el ex vicepresidente para elaborar la documentación correspondiente a varios vehículos de su propiedad: un auto Audi A4 y de dos motos de alta gama. Por este hecho fue imputado por el fiscal Gerardo Pollicita y la investigación cayó en manos del juez Ariel Lijo.
Sin embargo, la defensa acudió a la Sala I de la Cámara Federal porteña que, con la votación de los jueces Eduardo Freiler y Jorge Luis Ballestero, consideró que no hubo delito alguno y Boudou fue sobreseído.
La nota de color es que los camaristas que votaron a favor del sobreseimiento consideraron que el caso, que investigaba la residencia del boudou en un médano, ya había sido desestimado Dolores.
En efecto, el caso conocido como “el médano de Boudou” había comenzado en 2014 con la denuncia, ante la justicia de Mar del Tuyú, realizada por el concejal Marcos García, representante de la agrupación vecinal “A toda Costa”.
Como en ese momento Boudou era un funcionario político del gobierno nacional, la fiscalía que recibió la denuncia la remitió a la justicia federal de Dolores. Entonces, la causa cayó en manos del juez Alejo Ramos Padilla.
Este juez federal es, además, miembro de “Justicia Legítima”, una agrupación judicial kirchnerista que es la oposición -simbólica, por supuesto- al “partido judicial” tantas veces mencionado por Cristina Fernández.
Por su parte, el fiscal del caso, Orlando César Giménez, intentó que el denunciante ratifique la denuncia, pero no lograron encontrarlo para que se presente en la fiscalía, incluso aunque enviaron a la Prefectura Naval de General Lavalle. Además de esta circunstancia, el fiscal tampoco consideró como documento público a la fotocopia del DNI de Boudou, presentada inicialmente en Mar del Tuyú. Por lo tanto, el fiscal dio por terminado el caso y, sin este empuje para continuar indagando, el juez Ramos Padilla convalidó la decisión.
Ahora Germán Moldes pidió formalmente que se revise el fallo, por lo que presentó un recurso de casación cuyo texto indica: “Como se advertirá, este Ministerio Público no cuestiona que Amado Boudou resida en un médano, en una duna o que se afinque en el lugar que él considere más cómodo para desarrollar sus actividades. Pero lo que aquí se le reprocha es que recurriera ante un oficial público del Registro Civil y le hiciera insertar en su Documento Nacional de Identidad un domicilio falso, írrito, en el cual no lo conocen ni de vista”.
“A consecuencia de ello pudo valerse de tal documento con datos falaces para realizar trámites ante el registro de la propiedad automotor y del registro de la propiedad de motocicletas. Todo ello derivó en una palmaria falsificación de documentos, mediante la cual, (y más allá de las contravenciones administrativas que la inserción de datos falsos en un documento de identidad implica), obtuvo los papeles habilitantes para un automotor AUDI A4 y dos motos de alta cilindrada.”, continúa el texto que fue publicado por diario Infobae.
“A simple vista se advierte la renuncia del ejercicio de funciones propias por parte de ese fiscal de Dolores: fue remiso en la investigación del ilícito denunciado, dirigió su accionar a buscar al denunciante y no fue capaz de encontrarlo en el reducido universo de la localidad de Mar del Tuyú, de menos de diez mil habitantes”, sigue el texto, en referencia a las cincunstancias en las que se cerró el caso en Dolores.
“¿Qué quedará para nuestra jurisdicción donde conviven tres millones de almas y a diario localizamos, a través de los registros y las tareas de las fuerzas de seguridad, a las personas requeridas en los trámites judiciales? Tampoco corroboró a conciencia la denuncia, teniendo a la mano el sencillo expediente de solicitar al Registro Nacional de las Personas informes sobre el DNI de Boudou, y para hacerlo no lo invalidaba la excusa ensayada, cuando argumenta que una publicación periodística online sólo le proveía una fotocopia con imágenes parciales”.
Asimismo, Moldes también consideró que la decisión de los camaristas Freiler y Ballestero fue “arbitraria” ya que “discurrieron entre la relevancia que tiene –supuestamente- el domicilio “legal” por sobre el “real” para diluir el acontecimiento convirtiéndolo en una nimiedad. Y es que el foco de la cuestión no giraba sobre los efectos o trascendencia del domicilio en cuestión, sino sobre la responsabilidad penal de un hecho delictivo atribuido a Boudou por la falsificación ideología de su Documento Nacional de Identidad y de tres cédulas de vehículos. En otros términos ello implicaría sostener que ante una hipótesis de falsedad de un pasaporte, la acción de falsificación sería atípica si el sujeto tiene un DNI auténtico”.
“Más allá de ello el domicilio de una persona no sólo marca el centro de las relaciones jurídicas intersubjetivas con sus semejantes sino también el vínculo entre el Estado (en todos sus niveles) y sus ciudadanos. Ello a tal punto que el domicilio que las agencias de control fiscal poseen competencia sobre los domiciliados dentro de su jurisdicción, también desde el punto de vista electoral el domicilio tiene relevancia territorial pues conforme al declarado es la conformación del padrón electoral y la disposición de los recursos, más allá de ello ya vimos que también las cuestiones concernientes a los vehículos poseen relación con el domicilio a los efectos del cobro de la gabela y multas. En consecuencia, y a contrario de lo afirmado por la Cámara, la falsedad sobre el domicilio sí tiene relevancia. Máxime cuando, conforme vimos en el relato de los hechos, el DNI con domicilio falso fue utilizado luego para obtener los títulos de propiedad vehicular por parte de otros funcionarios públicos inducidos por el engaño”, continúa, haciendo hincapié en la necesidad de darle relevancia a la falsificación que realizó el ex vice.