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Por qué la Unasur no condena ni va a condenar a Maduro

A pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos, insiste en mantenerse neutral. Los problemas de ser un "club de presidentes"



La detención ilegal del alcalde Antonio Ledezma el pasado 19 de febrero fue el punto de inflexión. La prueba definitiva de que el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela está fuera de control, luego de un 2014 marcado por la violenta represión de las protestas estudiantiles y los arrestos irregulares de Leopoldo López y otros dirigentes opositores.

La opinión pública venezolana e internacional empezó a presionar para que los gobiernos de la región y la Unasur -el organismo que agrupa a los sudamericanos- condenen la violación a los derechos humanos. En las últimas horas, 25 ex presidentes iberoamericanos firmaron una declaración en la que denuncian la avanzada de Maduro y exigen la liberación de los presos políticos.

Sin embargo, la Unasur y los mandatarios en ejercicio eligieron un camino muy diferente. Ante la presión internacional, una comitiva de cancilleres del organismo fue a Venezuela e intentó una tibia mediación entre el gobierno y la oposición, pero quedó en la nada por su evidente parcialidad. La Unasur jamás cuestionó la violencia de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones, ni las detenciones de opositores.



El silencio de la Unasur

"Desde su constitución en 2008, Unasur hizo una bandera del respeto por el sistema democrático, las garantías personales y los derechos humanos. Con lo cual, no expedirse abiertamente sobre lo que pasa en Venezuela lo pone en una situación complicada", explica Marcelo Trucco, profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, consultado por Infobae.

Para entender por qué el organismo de integración regional viene adoptando esta postura hay que ver cómo está compuesto, y los intereses que tienen sus actores principales. Un caso es el del secretario general, que desde agosto de 2014 es el ex presidente colombiano Ernesto Samper.

"Fue antichavista estando en el gobierno, y mantuvo una posición distante de Hugo Chávez hasta 2004. Pero, por razones que desconozco, después se acercó mucho y creo que esa relación es más intensa hoy en día. Como secretario general desempeña un factor muy importante de orientación dentro de la Unasur", dice a Infobae el diplomático venezolano Fernando Gerbasi, ex viceministro de Relaciones Exteriores.

"Luego -continúa- están los intereses de los países. Están los que pertenecen al ALBA, como Bolivia y Ecuador; luego los que mantienen relaciones económicas y políticas, como Brasil y Argentina; y en tercer lugar los que tiene una relación geopolítica particular, como Colombia, donde el presidente Juan Manuel Santos cree que Venezuela tiene un rol fundamental en las negociaciones de paz (con las FARC). El resto sostiene una postura pasiva, a veces hasta por temor a una reacción elevada y fanfarrona del gobierno venezolano".

Sandra Borda, directora del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de los Andes, Colombia, sostiene que hay otras razones detrás de la decisión de la Unasur de no tomar una postura tajante frente a lo que ocurre en Venezuela.

"Al nivel de los cancilleres existe un interés por ganar legitimidad para constituirse como mediadores en la crisis venezolana. Por eso no salen a condenar ni a defender al oficialismo ni a la oposición, porque así desvirtuarían su papel de mediadores", dice a Infobae.



"Un club de presidentes"

La tibieza de Unasur frente a la crisis venezolana podría interpretarse como una consecuencia de que se trata de un organismo equilibrado, sin voluntad de comprometerse con la vida interna de los países. Pero esta lectura es equivocada. Como fundamento, basta citar algunos ejemplos de cómo actuó ante otros eventos en el pasado reciente.

Un caso fue el alzamiento policial de septiembre de 2010 contra el gobierno de Rafael Correa en Ecuador. Horas después de que se conociera que el presidente estaba siendo retenido contra su voluntad por oficiales rebeldes, los presidentes de Unasur viajaron a Buenos Aires para una reunión extraordinaria en la que condenaron enfáticamente la actitud de los policías y exigieron que desistieran.

La reacción no podría ser más contrastante con la elegida para la crisis actual. Pero hay una diferencia no menor entre un caso y otro: en Ecuador, el afectado era el presidente; en cambio, en Venezuela es la oposición la que acusa al gobierno.

El segundo ejemplo es todavía más claro. Fernando Lugo fue destituido de la Presidencia de Paraguay en septiembre de 2012, tras un juicio político realizado por el Parlamento, que contó una abrumadora mayoría de 39 a 4. Los argumentos para adoptar una postura equidistante eran mucho mayores en este conflicto que en cualquier otro, ya que había una disputa entre dos poderes democráticos del Estado: Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, alegando irregularidades en el proceso de juicio político, la Unasur denunció un golpe, no reconoció al nuevo gobierno y suspendió temporalmente a Paraguay del organismo.

¿Cómo explicar este alevoso doble estándar para juzgar las crisis políticas de los países? "Lo que pasa -responde Gerbasi- es que Unasur, como la propia Celac y el ALBA, son más clubes de presidentes que instrumentos políticos de los países y de los estados como tales. Las organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, tienen muy poca o ninguna presencia. Por eso funciona la protección automática entre ellos, pero no la condena de regímenes que violan permanentemente los derechos humanos. Frente a eso no se reacciona porque quizás muchos tengan techo de vidrio y no quieran que mañana los condenen a ellos. Eso evidencia un pragmatismo negativo".



Al ser tan dependiente de la voluntad de los presidentes, sus capacidades de avanzar hacia una integración regional profunda son muy limitadas, ya que sus objetivos están atados a los intereses de corto plazo de los gobiernos. Un organismo supranacional verdaderamente fuerte debiera tener objetivos propios y funcionar como un límite frente a las desviaciones autoritarias.

"Hay una importante debilidad institucional en los organismos regionales. Hay un interés por hacer nuevas instituciones, como para dejar un legado, pero sin una visión práctica de la integración, basada en lo económico y comercial, y que luego podría haber evolucionado hacia lo político. Pero en cambio, se ha partido más de lo político y social, que puede ser interesante, pero sin establecer instituciones fuertes, con mecanismos que garanticen el pleno derecho democrático y la defensa de los derechos humanos, elementos que son por demás esenciales", explica Gerbasi.

"Además es un organismo que tiene una cláusula democrática muy débil. En Europa es mucho más estricta. No puede haber una solidaridad automática negativa que lleve aceptar que las poblaciones sufran el acosos y la persecución de cualquier gobierno", agrega.

La precariedad institucional de la Unasur se palpa en su casi inexistente estructura burocrática. Si bien tiene una serie consejos ministeriales sectoriales, su operatividad es muy limitada.

"Si uno mira a la Unasur institucionalmente -dice Borda- es una cosa increíble, porque ni siquiera hay una burocracia sólida que a uno le permita pensar que la organización pueda tener algún margen de maniobra independiente. Es un organismo que no hace nada distinto de lo que sus estados miembros quieren que haga, porque no tiene una burocracia que piense por sí sola ni que tenga una agenda diferente".

Así, resulta impensable que alguna vez pueda condenar o ejercer algún tipo de límite frente a un gobierno, sin importar lo graves que sean sus acciones. "Independientemente de la aproximación ideológica de cada uno de los gobiernos -continúa Borda-, si uno tiene una organización compuesta única y exclusivamente por presidentes, donde se hace todo lo que ellos quieren, a pesar de las diferencias probablemente van a terminar en una posición en la que no puedan hacer mucho para llevar a cabo ese tipo de condenas".



Las claves para una integración real

"En sus tratados constitutivos, Unasur se proponía luchar por una integración que excediera lo meramente político. Pero la realidad muestra que es un organismo que está más que nada emparentado con afinidades ideológicas, y que subsiste gracias a ellas. Habría que ver si se mantiene en el futuro, cuando cambien los gobiernos. Porque en los últimos años ha demostrado que persiste a partir de la identidad ideológica y la personalidad de los presidentes, en lugar de una integración que piense proyectos a largo plazo más allá de los gobiernos", dice Trucco.

"La integración verdadera es la unión a pesar de las diferencias. Es una lástima que distinciones ideológicas puedan obstaculizarla. El consenso no implica pensar todos igual, sino compartir algunas ideas comunes y marchar hacia lo que nos une y no lo que nos separa. Pueden ser pocas cosas, pero es fundamental que sean bien prácticas y que apunten a la gente. Cuando eso ocurra estos organismos van a ser más confiables para el ciudadano", agrega.
En el mismo sentido se expresa Gerbasi. "Los organismos regionales tienen que ser menos presidencialistas, con un espacio de participación para los ciudadanos, a través de las organizaciones no gubernamentales. Las instituciones deben estar dirigidas a fomentar el comercio, la economía y el desarrollo social de los países. Y el componente político tiene que fundamentarse en hechos concretos, como la institucionalidad democrática, la lucha contra la corrupción y contra el narcotráfico. Esos son los grandes rasgos que cualquier organismo debería tener para poder hablar de un proceso de integración real", concluye.
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