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Presidente de Egipto emite decreto antiterrorismo








El presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, firmó hoy una ley antiterrorismo cuando el país está enfrentando un recrudecimiento de los ataques terroristas.



La ley, como se anunció en la gaceta oficial, define como "entidad terrorista" a cualquier asociación, grupo u organización que amenace la seguridad nacional, interrumpa el transporte público, ataque la libertad personal de los ciudadanos, o daña la paz social y la unidad nacional.



Bajo la ley, los fiscales públicos pueden pedir a un tribunal penal incluir en una lista a los sospechosos de terrorismo e iniciar un juicio. También estipula que cualquier grupo designado como terrorista será disuelto y sus activos serán congelados.



Egipto ha sido escenario de una creciente ola de ataques terroristas en la Península de Sinaí y otras partes de todo el país luego de que el presidente islamista, Mohamed Morsi, fue destituido por el ejército en julio de 2013.



El grupo Ansar Bayt al-Maqdis inspirado en Al Qaeda, que está asentado en Sinaí y ha jurado lealtad al grupo Estado Islámico, ha reivindicado la mayoría de los ataques.



En diciembre de 2013, el gobierno egipcio puso en una lista negra a la Hermandad Musulmana, base del poder del destituido Morsi, por considerarla una organización terrorista. La acción gubernamental tuvo lugar después de varios ataques mortales en todo el país que supuestamente realizó el grupo, pero éste lo ha negado.



El lunes, el Ministerio de Solidaridad Social ordenó la disolución de 169 organizaciones no gubernamentales que están afiliadas a la Hermandad Musulmana, y el decomiso de los activos de todos los grupos.



Los milicianos islamistas consideran a los ataques contra el personal de seguridad como represalia contra la campaña de las autoridades hacia los simpatizantes de Morsi. Cientos de ellos han muerto y miles más han sido arrestados y juzgados.



Las organizaciones de derechos humanos dicen que la ley puede tener como blanco principal a los islamistas pues ampliará los poderes de las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, cuyas protestas son acompañadas de disturbios.








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