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Presionan a funcionarios para que acudan a acto de Maduro

Los directores y jefes de los organismos y las empresas estatales se han dedicado esta semana a garantizar la asistencia de los empleados públicos al acto del domingo, con motivo de la presentación de la memoria y cuenta 2016 del presidente Nicolás Maduro en el Tribunal Supremo de Justicia, denunciaron trabajadores y sindicalistas.



“No sé cómo librarme esta vez ante la insistencia del jefe. Amenazó con que habrá consecuencias si no acudo a la concentración”, contó un funcionario que solicitó no mencionar su nombre. Otra empleada que labora desde hace cuatro años en un ministerio por contrato a tiempo determinado dijo: “El jefe asomó el finiquito del contrato de trabajo si no acudo. Alegó que gracias a la revolución y al presidente Maduro tengo empleo”.

Marlene Sifontes, dirigente del Sindicato del Instituto Nacional de Parques, precisó que en cada acto del oficialismo siempre se repite la misma historia en el sector público: el personal es presionado a asistir y los trabajadores contratados son los más vulnerables.

“Obligar a la gente es un abuso. Ir o no a una actividad política es un hecho voluntario, lo que no reconocen las autoridades de la administración pública pese a que hay inamovilidad laboral y la Ley del Estatuto de la Función Pública garantiza la estabilidad a los funcionarios de carrera”, destacó Sifontes.

En varios organismos los empleados fueron informados por sus superiores que “por orden de arriba” tienen que participar en el acto del domingo, para lo cual su presencia será confirmada mediante la revisión de la lista de asistencia cuando lleguen al sitio de encuentro establecido y al cierre del acto en TSJ.

“Hasta ahora me había escabullido de los discursos finales, incluso del presidente Maduro, pero esta vez será más difícil hacerlo”, lamentó un trabajador.

Un funcionario con doce años de antigüedad en un instituto autónomo señaló que su superior los amenazó con la entrega de la carta de despido si faltaban a la cita del domingo.

“En el ministerio, últimamente los jefes presionan más al personal porque el oficialismo les exige a ellos cumplir la cuota asignada de asistentes a los actos con la advertencia de quitarles el cargo o abrirles una investigación”, afirmó otra empleada.

Una fuente del sector sindical, que pidió mantener su nombre en reserva, aseguró que para el acto del domingo el gobierno quiere garantizarse un lleno total con los empleados públicos, además de los que están inscritos en el Partido Socialista Unido de Venezuela. “Muchos militantes del PSUV forman parte de la nómina de la administración pública aunque no trabajan y si lo hacen es en jornadas especiales que le permitan dedicarse con más énfasis al proselitismo político”, explicó.

Añadió que entre 1998 y lo que va de 2017, la nómina de la administración pública se duplicó al pasar de 1,2 millones a 2,4 millones de trabajadores. “De ese crecimiento (1,2 millones de empleados) al menos 20% (240.000 personas) son militantes oficialistas que cobran sin trabajar y están a la disposición de los lineamientos del partido y el gobierno”, aseveró.

Froilán Barrios, coordinador del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, aseguró que “la presión sobre los empleados públicos para acudir a actividades proselitistas es más fuerte con el nuevo gabinete de Maduro, integrado por el ala más radical del chavismo”.

Por ello, el representante del Fadess no mostró extrañeza ante “la noticia de que la orden de una asistencia con más vigilancia sobre los empleados públicos al acto de presentación de la memoria y cuenta la dio el vicepresidente de la República, Tareck el Aissami”.

Tabla salarial pendiente

Los trabajadores esperan la pronta publicación en Gaceta Oficial del decreto que ajusta las escalas de la tabla de sueldos de la administración pública, cuyo primer nivel es el salario mínimo, anunciado por el presidente Nicolás Maduro, de 40.638 bolívares mensuales a partir del primero de enero de 2017.

José Matute, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, insistió en que el alza de 50% del salario debe ser aplicada en todos los niveles y pasos de la tabla de sueldos del sector público, reconociendo su incidencia sobre las prestaciones sociales, las vacaciones, la bonificación de fin de año y el desempeño.

Matute indicó que el gobierno debe bajar a tiempo los recursos a las alcaldías y gobernaciones para que las autoridades regionales puedan pagar a sus trabajadores el aumento salarial.
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