El Consejo de Estado confirmó este martes que la Procuraduría deberá pagar una millonaria indemnización a la exsenadora Piedad Córdoba ocasionados con el pago de los salarios que dejó de recibir.
“La Procuraduría General de la Nación deberá indemnizar a la exparlamentaria por los daños ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dejó de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, día en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, día en que finalizó su periodo legislativo 2010-2014”, informó el Consejo de Estado.
El Consejo de Estado declaró este martes la nulidad de la sanción impuesta por la Procuraduría a la exsenadora, decisión que la había destituido e inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.
La decisión del Ministerio Público fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incautó el Ejército Nacional durante la “Operación Fénix” (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vínculos de la entonces senadora con las Farc.
La Sala Plena estudió el caso y encontró que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operación militar, puesto que en su práctica y recolección no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurídico colombiano ni el acuerdo de cooperación e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos.
“La Procuraduría General de la Nación vulneró el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas válidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la “Operación Fénix”, las cuales se consideran inexistentes”, indica la sentencia.
El fallo también señala que los otros documentos utilizados por la Procuraduría para sancionar a la excongresista constituyen prueba indiciaria que solo se apoya en registros de prensa que son insuficientes para demostrar una supuesta promoción, auspicio, financiación, organización, instrucción o colaboración con grupos armados al margen de la ley.
“Es un hecho notorio, suficientemente conocido por el país, que Piedad Esneda Córdoba Ruíz ha sido una fuerte opositora de los últimos gobiernos y además dirigente de la organización “Colombianos por la Paz”. También ha sido evidente su empeño en buscar mecanismos para liberar las personas secuestradas por las Farc, razón por la cual, el entonces presidente de la República Álvaro Uribe Vélez, a mediados de 2009, autorizó a la senadora para participar, junto con el Comité Internacional de la Cruz Roja, en el proceso de liberación de 24 personas secuestradas. En el mismo sentido, en el mes de diciembre de 2010, el Presidente Juan Manuel Santos autorizó a la citada política para que participara activamente en la liberación de las personas que todavía se encontraban secuestradas”, puntualiza la sentencia.
