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¿Qué pasa con los estudiantes desaparecidos?

Estados Unidos y la OEA se unieron a los reclamos para que México encuentre a los 43 jóvenes, algunos de los cuales se teme que estén enterrados en una fosa común.






México enfrenta una creciente presión internacional para esclarecer la desaparición de 43 estudiantes que se esfumaron hace más de diez días después de ser atacados por policías y narcotraficantes en la convulsionada ciudad de Iguala (sur).

Estados Unidos y la OEA se unieron el martes a los reclamos para que México encuentre a los 43 jóvenes, algunos de los cuales se teme que estén enterrados en una fosa común hallada el pasado fin de semana.

Es un "crimen preocupante que demanda una investigación completa y transparente", dijo la portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Jen Psaki.

También en Washington, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, se dijo "consternado" por un crimen que "enluta no sólo a los mexicanos sino a todos los países de las Américas".

Antes, la ONU urgió a México a una búsqueda "efectiva" de los jóvenes, desaparecidos desde que la noche del 26 de septiembre fueron atacados por policías de Iguala (Guerrero) y miembros del cártel local Guerreros Unidos.

El presidente Enrique Peña Nieto desplegó el lunes a centenares de policías y militares en Iguala para capturar a los responsables y encontrar a los jóvenes, después de que fueran halladas fosas con 28 cadáveres aún no identificados.








Unos 600 milicianos de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Guerrero -que se armaron en 2013 para proteger a sus comunidades del narcotráfico- también llegaron a Iguala, aparentemente sin armas.

"Nos sumamos en la búsqueda casa por casa, centímetro por centímetro", dijo a la AFP uno de los milicianos.





LA ESPOSA DEL ALCALDE, EN LA MIRA



La noche del ataque, policías y sicarios dispararon contra autobuses de los que se adueñaron los estudiantes para regresar a la Escuela Normal de la cercana Ayotzinapa, un centro conocido por su combatividad y activismo, para la que estaban recaudando fondos.

En esos tiroteos murieron seis personas, incluidos tres estudiantes, y se reportó la desaparición de decenas de alumnos. Muchos de ellos fueron vistos por última vez en patrullas policiales.

La fiscalía general desplegó a unos 30 efectivos para investigar el caso, que podría ser una de las peores masacres desde que el gobierno lanzó su ofensiva militar contra el narcotráfico en 2006. Desde ese año han habido más de 80.000 asesinatos y 22.000 desaparecidos.




"No voy a señalar ninguna hipótesis hasta que tenga comprobado cuál es la verdadera", recalcó en una reunión con corresponsales el fiscal general, Jesús Murillo Karam, quien estuvo durante el día en Iguala.

Medios mexicanos, citando un reporte de los servicios de inteligencia, señalan que el alcalde de Iguala -ahora prófugo- podría estar implicado, así como su esposa María de los Ángeles Pineda.

El reporte, citado por el diario El Universal, dice que la esposa del alcalde "ordenó a su jefe de seguridad que le comunicara al director de Seguridad Pública municipal" que reprimiera a los estudiantes, temiendo que interrumpieran un discurso que ella tenía previsto aquel 26 de septiembre.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, confirmó que hay varias hipótesis sobre el móvil, entre ellas que Pineda sintió "mucha incomodidad" por la posibilidad de que los estudiantes sabotearan su discurso.

La esposa del alcalde de Iguala José Luis Abarca es hermana de Alberto Pineda, alias 'El Borrado', y Marco Antonio Pineda, 'El MP', quienes en 2009 fueron incluidos en la lista de los narcotraficantes más buscados como cabecillas del cártel de los Beltrán Leyva, del que provienen los Guerreros Unidos, confirmó a la AFP la senadora Dolores Padierna.








"Desde hace tiempo se sabe que Abarca está casado con una hermana de narcotraficantes, ella misma (...) forma parte de ese cártel (de los Guerreros Unidos)", señaló Padierna, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"No investigamos en razón de parentesco sino de hechos", se defendió el fiscal sobre los señalamientos por no haber investigado antes al alcalde y su esposa.




"NOS ESTAMOS MURIENDO"


Algunos de los 28 cadáveres hallados en seis fosas clandestinas están incinerados y fragmentados, por lo que su identificación puede durar semanas.

Las autoridades evitan afirmar que entre ellos están los estudiantes hasta que terminen los peritajes. Sin embargo, Aguirre reconoció que es una "posibilidad real" después de conocerse una confesión de dos sicarios que aseguran que mataron a 17 estudiantes en el lugar de las fosas.

Los sicarios dijeron que la orden de acudir al lugar donde estaban los estudiantes la dio el director de Seguridad Pública municipal mientras que la de capturarlos y asesinarlos fue de un cabecilla de los Guerreros Unidos.

Las familias se resisten a creer que sus hijos estén muertos y acusan a la Policía local de su desaparición. "Queremos que nos los devuelvan, nos estamos muriendo", confesó uno de los padres a la AFP.


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