Luego de que se expusiera el caso de una investigación judicial sobre abuso de menores bajo la tutela del Estado, hechos en los que están imputados desde un alto funcionario judicial, empresarios, ganaderos y otros profesionales, el ministro de Desarrollo Social aceptó dialogar con Frecuencia VyP. Ricardo Arroyo valoró el trabajo de los técnicos de su área quienes acompañaron a las víctimas hasta que realizaron la denuncia.
También subrayó la preocupación por la seguridad física tanto de las menores como de los propios trabajadores del Ministerio.
Mientras Arroyo en diálogo con la radio, confirmaba que el propio Gobernador estaba al tanto de la situación impulsando la denuncia, una comisión policial se dirigía a una chacra sobre la ruta 1 camino a El Cóndor a la altura del km 16 para hacer un reconocimiento fotográfico pertinente a la denuncia realizadas por las víctimas.
Hace un año aproximadamente estas menores hicieron la denuncia en el Juzgado Federal de Viedma a cargo de Mirta Filipuzzi de Ciancaglini sin que se registrara el menor movimiento.
Impulsadas por el propio Ministerio de Desarrollo Social y en compañía de los responsables del área, las víctimas repitieron la denuncia en el Juzgado de Familia de la Justicia rionegrina, a cargo de la jueza María Laura Dumpeé quien luego de varias Cámaras Gesell da intervención al Ministerio Público.
El Fiscal Juan Pedro Puntel hizo notificar de la condición de imputados a un Juez y a un empleado particular del Juez y además de a otros ciudadanos. La causa ahora en manos del Juez penal Favio Igoldi.
De acuerdo a lo confirmador por el propio Ministro Arroyo, estas menores que estaban alojadas en uno de los Centro de Atención Integral de Niños y Adolescentes (CAINA), se escapaban siempre en los mismos horarios y luego se confirmó que eran pasadas a buscar en una camioneta y en el marco de esta denuncia, dieron cuenta de que esto ocurría así porque había sido previamente concertado[/b].
Estas menores resultaban explotadas sexualmente a cambio de dinero.
Los abusadores formarían parte del entorno de quien manejaba esta información por tener fácil acceso al expediente judicial de la situación de las niñas.
Arroyo señaló que entre los imputados también hay un funcionario del Ministerio de Desarrollo Social a quien de inmediato separó del cargo.
El Ministro, por momentos con un tono conmovedor, se refirió a la hipocresía social y convocó a la ciudadanía a condenar con autenticidad estas prácticas y en esa línea expresó que nadie, con seriedad, puede suponer que una red de esta naturaleza solo afecta a tres víctimas, dando a entender así que la prostitución infantil está más extendida de lo que suponemos.
De hecho, el Ministro subrayó que el hecho se hace público a partir de una denuncia de las menores acompañadas por funcionarios públicos porque estaban bajo la tutela del Estado, de tal modo que si esto ocurriera con otras menores que viven con sus familias, la posibilidad de una intervención es improbable.
Al momento se habrían extremado las medidas de seguridad para proteger a las niñas. En el caso de los funcionarios del área de Desarrollo Social, también manifestó el Ministro que tendrían una especial protección habida cuenta de sufrieron amenazas.