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Reforma procesal búsqueda de impunidad y votos



Una vez más la presidente sorprendió anteayer por la cadena oficial al anunciar que enviaba al congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal. El mismo pasará a un sistema acusatorio pleno, es decir que la investigación será potestad de los fiscales. Un campo que el gobierno considera haber colonizado a través del trabajo de la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, que hasta llegó al extremo de designar fiscales sin cumplir los requisitos legales de los acuerdos. De este modo, el gobierno supone que en el fuero federal las 750 causas por corrupción que involucran a funcionarios y ex funcionarios de la década ganada estarán mejor controladas, ya que en Olivos crece la desconfianza hacia un posible giro de varios jueces federales y la actuación de Ariel Lijo en la causa Ciccone está lejos de satisfacer al kirchnerismo. La realidad es que la nueva guardia de fiscales impulsados por Gils Carbó se viene destacando muy poco en lo profesional. La Procuración descolló últimamente justamente por perseguir al fiscal que pretendía investigar a Lázaro Báez, es decir, José María Campagnoli, cuya remoción fracasó por la presión de la opinión pública. El caso de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos) es el paradigma del esquema de fiscales que intenta montar el gobierno. Su titular, Carlos Gonella, no sólo no imputó a Báez en una causa que se originó en la ruta del dinero K a través de Leonardo Fariña y Federico Elaskar, quienes lavaron millones de euros provenientes de la sobrefacturación de obras públicas. La semana pasada, cuando fulminó ante las cámaras de televisión al ex presidente del Banco Central Juan Carlos Fábrega, la presidente se refirió a Gonella como un miembro de su equipo y no el integrante de un poder independiente, tal como es el Ministerio Público según la Constitución Nacional.

Pese a ser ella una exitosa abogada, el proyecto que avaló la presidente parece un catálogo de buenas intenciones. Por ejemplo, su anuncio de que “la instrucción, que hoy tarda entre tres y cuatro años, se realizará ahora en sólo un año, y el juicio oral deberá realizarse entre cinco y treinta días de terminada la investigación”. Cualquier abogado que circule por tribunales sabe que, con la actual infraestructura judicial, esto será imposible. Y en cuanto a las fiscalías, cuentan con recursos humanos y de estructura muy inferiores a los juzgados, lo que podría producir una paralización masiva de las causas. A menos, claro está, que se esté pensando en desmantelar a los juzgados para potenciar las fiscalías.

Otros aspectos del proyecto, como imponer la prisión preventiva cuasi obligatoria, tomar la reincidencia como antecedente para no otorgar la excarcelación, etc., apuntan a todo lo contrario a lo que se establecía en el proyecto de Código Penal, que se trabó a partir de la firme oposición de Sergio Massa. Entre los aspectos oscuros del proyecto, está el siguiente anuncio de CFK: “Para la prisión preventiva se va a tener en cuenta la naturaleza y circunstancia del hecho, la conmoción social que haya generado, lo que los abogados denominamos ‘strepitus fori’ o “estrépito en el foro”. Tal como son hoy las cosas, parecería que la prisión preventiva dependerá del rating que el caso tenga en la televisión, un concepto altamente peligroso y arbitrario.

Más preguntas que respuestas

Estas innovaciones explican en parte por qué Eugenio Zaffaroni está apurando su renuncia a la Corte Suprema, en vista de que el gobierno abandona su escuela de pensamiento penal, acosado por la demanda social de seguridad y, en cierto modo, de mano dura. En cuanto a la expulsión de extranjeros que cometen delitos, es otra medida que se las trae. En realidad, se beneficiará a los presuntos delincuentes, ya que no serán procesados y se violará el principio de territorialidad, que establece que los delitos que tengan lugar en el territorio nacional deben ser juzgados en el mismo. En este marco de confusión y objetivos cruzados, la presidente parece confluir con la posición histórica de Daniel Scioli con respecto a la inseguridad y las últimas declaraciones criticas de Sergio Berni, el secretario de seguridad, que también apunta en la misma dirección, dejando descolocado en buena medida a Horacio Verbitsky y el CELS. Este triunfo del sector no progresista del gobierno es hijo del estado de necesidad de la presidente, que necesita que Scioli consiga la mayor cantidad de votos posibles para que lleguen al Congreso más diputados de La Cámpora. Aunque con el límite de que en realidad a ella no le interesaría que el gobernador gane la presidencia, porque en el peronismo nunca hubo lugar para dos jefes. Es dudoso que el futuro nuevo Código Procesal Penal se traduzca en un cambio real inmediato que le permita al oficialismo fortalecerse en las urnas. Más bien da la impresión de que vamos hacia una larga etapa de adaptación a un sistema para el cual la justicia no está suficientemente preparada ni equipada.

Otro punto a destacar es que, a la inversa de lo ocurrido cuando anunció la reforma de los Códigos Civil y Comercial, la presidente se lanzó esta vez al ruedo sin el aval de la Corte Suprema y no se descarta que la corporación judicial empiece a mover sus hilos para tratar de frenar el proyecto. Causó particular malestar entre los magistrados el párrafo del discurso presidencial que señaló: “Este nuevo Código prevé que si los fiscales, en su carácter de investigadores, o los jueces, en su carácter de juzgadores, no cumplen con los plazos perentorios para juzgar, para investigar, van a ser sancionados con sanciones graves, y se sabe que tres sanciones graves, de acuerdo a la legislación vigente, son causal de Jury para un juez y seguramente, cuando se modifique la Ley del Ministerio Público Fiscal, serán causal de Jury para un fiscal”.

Fracasado el año pasado el proyecto oficial para democratizar la justicia a través de la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura, Cristina parece ahora dispuesta a provocar un tembladeral judicial de resultados impredecibles.
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