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Refuerzan los controles a extranjeros en la frontera





En medio de la polémica que se generó luego de que Cristina enviara al Congreso el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que prevé la expulsión de la Argentina de los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito; el Gobierno decidió reforzar el control de ingreso de turistas. Mediante una disposición de la Dirección Nacional de Migraciones, publicada ayer en el Boletín Oficial, puso en marcha un "procedimiento para la resolución de casos sobre sospecha fundada", que contempla que los funcionarios del área exijan a los visitantes, al momento de ingresar al país, documentación adicional para descartar la posibilidad de que se trate de un "falso turista".

La disposición 4362/2014, que lleva la firma del director nacional de Migraciones Martín Arias Duval, dependiente del Ministerio del Interior y Transporte, señala que "es necesario determinar la calidad de turista a partir de elementos objetivos identificables por cualquier observador experimentado, atendiendo a circunstancias externas y fácilmente verificables". Y establece un procedimiento que "deberá ser aplicado por las autoridades que realizan el control migratorio en todos los pasos fronterizos, a los fines de resolver sobre la admisión de un extranjero en caso de que exista sospecha fundada en cuanto a que su intención difiera del propósito de turismo".

Arias Duval es el mismo funcionario que el mes pasado mostró sus diferencias con el discurso de la Presidenta Cristina Kirchner, que anunció que en el proyecto de reforma del Código Procesal Penal se promovería la expulsión "de los extranjeros que sean sorprendidos cometiendo un delito". "No podrán volver a entrar por 15 años", abubndó la Presidenta al presentar la reforma por cadena nacional. Luego, el proyecto que envió al Congreso preveía esa posibilidad sólo para delitos menores, pero de todos modos el director de Migraciones dijo que "hacer foco en la nacionalidad del delincuente es un error". El funcionario recordó que en la Constitución figura el "principio de igualdad entre nacionales y extranjeros", y llamó a "hacer foco en el delincuente, independientemente de la nacionalidad que sea".

Según la normativa difundida ayer, se entiende por "turista" a "aquel extranjero que ingrese al país con propósito de descanso o esparcimiento, con un plazo de permanencia autorizado de hasta tres meses, prorrogable por otro período similar".



En ese sentido, especifica que, "sólo cuando hubiese duda respecto de la real intención del extranjero, en tanto que esta pudiera diferir del propósito de turismo", el inspector migratorio podrá consultar la actividad que desarrolla habitualmente el visitante, el tiempo de permanencia estimado, los puntos turísticos que planea visitar, la forma en la que se va a trasladar a esos lugares y los parientes o personas de su conocimiento que residan en el país y la situación migratoria en la que se encuentren.

Entre la "documentación respaldatoria" adicional que puede solicitar para "acreditar" la información que suministre el turista figuran: tickets aéreos, tarjetas de crédito, pasajes locales o internacionales por cualquier medio de transporte y reservas de hoteles.

La medida del Gobierno se da en medio del debate en el Senado sobre el proyecto de reforma del Código Procesal Penal que habilita, entre otras cuestiones, a la expulsión de extranjeros sorprendidos infraganti cometiendo un delito, una iniciativa calificada de "xenófoba" por un sector de la oposición e, incluso, por el ala más progresista del kirchnerismo. Pero refrendada por la propia Cristina y, especialmente, por el secretario de Seguridad Sergio Berni, quien días atrás reavivó la discusión al considerar que "el país está infectado de delincuentes extranjeros".

Pero la iniciativa también parece estar vinculada a las críticas que recibió Migraciones, luego de que se conociera que en el grupo de siete colombianos detenidos por atacar el auto en el que viajaba el fiscal Carlos Stornelli por la autopista Arturo Illia había varios que tenían antecedentes por distintos delitos.

Tras ese hecho, Migraciones responsabilizó a Colombia y a la Justicia por no haber informado si habían cometido delitos.
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