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Regular las protestas sociales genera fuerte polémica

Existen diferentes posiciones en todo el país sobre si se debe normalizar las protestas sociales. Dentro del oficialismo criticaron el proyecto. En Tucumán también genera malestar.

El pasado martes, en la comisión de Asuntos Constitucionales, el Frente para la Victoria presentó un pre-dictamen que pretende legislar sobre las protestas sociales. En este contexto, el proyecto, intenta combinar todas las iniciativas de los legisladores e incluso surgió la distinción entre "la protesta pacífica" y la "no pacífica", cambiando la idea original del oficialismo, que marcaba una distancia entre "legítima o ilegítima".




En este sentido, Primerafuente puedo dialogar con el diputado Nacional, Alfredo Carlos Dato (FpV), quien sostuvo que lo que se intenta con la ley es buscar que no se afecten los intereses de terceros. “En mi bloque buscaremos una posición unificada. Nos estamos haciendo cargo del problema. En realidad hay que tratar que no se siga afectando la circulación a terceros”, señaló el ex miembro de la Corte Suprema.
Dato explicó también que no hay que mesclar la huelga con piquetes sociales “ a los piquetes deberíamos encuádralos en el derecho a peticionar- No deben ser delitos”, indicó y agregó que “esta situación es solamente un intento de regulación. La protesta está en su debido derecho. Siempre se protesta por algo. Esto es un paso, no lo vamos a solucionar de fondo, sería una ingenuidad si pretendemos que así sea”, sostuvo.



El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aseguró que no está de acuerdo con el proyecto que intenta regular la protesta social y consideró que; "no queremos más leyes que le jodan la vida a los argentinos". "Los argentinos queremos trabajar y circular libremente. Basta de experimentos raros: si la protesta es legítima o no; si avisamos o no; la ruta es para circular", afirmó el funcionario en declaraciones a la prensa. Y agregó: "Más allá de si me cae bien o me cae mal el proyecto, lo que me preocupan son las interpretaciones estrafalarias de diferentes diputados que intentan generar para solucionar algo tan simple como es asegurar a los ciudadanos el libre tránsito y su derecho a circular por donde quiera y cuando quiera en la Argentina". El funcionario indicó que "la Constitución es muy clara. El Código Penal es claro y hay que ponerles límites a las interpretaciones que cada juez hace de las leyes como es habitual", finalizó.



Por su parte, el referente del Partido Obrero, Daniel Blanco, expresó su total rechazo a esta medida. “Es un instrumento represivo y que se puso al descubierto ya con maniobras clandestinas en su momento” sostuvo y agregó que es un atropello a las libertades y que se trata de una nueva maniobra que se disfraza para que los trabajadores no protesten, no reclamen nada”.
El dirigente de pensamiento de izquierda sostiene que frente a la embestida de las patronales, la resistencia de los trabajadores tiene como respuestas la represión de las fuerzas de seguridad. Considera que se trata de una medida de ajuste sobre la espalda de los trabajadores “Es una ley para reprimir abiertamente”.



Blanco también recordó que a lo largo de la historia se produjeron hechos y que cada vez que hubo una huelga se afectó la producción y directa e indirectamente se afectaron otros derechos, como ser la del consumidor- entonces de esta manera nadie podría reclamar nada, manifestó el dirigente.
El proyecto expresa que la protesta pacífica debe respetar "el funcionamiento de los servicios públicos y la circulación - garantizando la mitad de los carriles libres-" y en ella no deben "cometerse delitos ni acciones de sabotaje". "El Estado pondrá a disposición todas las medidas necesarias para garantizar el desarrollo de la protesta pacífica, la integridad de las personas y de los bienes públicos y privados", sostiene la norma.
Establece, en tanto, que el "uso de la fuerza será limitado a su mínima expresión" y que "queda reservado para restituir derechos y para la protección de personas o grupos vulnerables, así como la integridad física del personal de las fuerzas de seguridad".
En ese sentido, también se prohíbe "la portación de armas de fuego por parte de miembros de las fuerzas". También se incluyó, las amnistías para "los delitos cometidos en el marco de protestas".
Según dentro del oficialismo, si no se consigue un texto común, no se impulsaría la norma en el Congreso y muchos menos si existen funcionarios nacionales que no están de acuerdo con la idea.
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