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El ex ministro de Economía, hoy investigador de Ucema, estima que la actual situación le costaría al país unos US$ 50.000 millones



La Argentina está en default desde 2001, más allá de la nueva cesación de pagos que se produjo el 31 de julio", afirmó el ex ministro de Economía Roque Fernández en una entrevista con la nacion. Además, dijo que el Gobierno no actúa de modo estratégico, sino guiado por la épica, y señaló que lo racional hubiera sido acordar con los holdouts y pagar.

-¿Está en default la Argentina?

Sí, está en default desde 2001. Nunca salimos del default y lo que en realidad tuvimos fue que en 2005 la Argentina hizo un repudio de su deuda y llevó a cabo un canje con una quita del 75 por ciento. El tema de 2001 nunca se resolvió.

-Para el Gobierno, es una "pavada atómica" hablar de default...

-El tema no es para salir a competir en el relato, sino que si uno observa cuál es la realidad, ve que un grupo de acreedores nunca cobró y la otra parte que sí cobró lo hizo hasta el 30 de julio, pero a partir de ahí ya no. Se le puede llamar de una manera u otra, pero todos los que intervienen en el mercado, como las calificadoras de riesgo, ya han puesto a la Argentina en default. Además, decir que la gente no cobró porque alguien lo impidió no es así. Eso es una negación de la letra del contrato firmado por la Argentina y lo que es la letra de la ley americana. Griesa lo único que hizo fue aplicar la ley y no podría haber actuado de otra manera. Hay un contrato que dice que hay que pagar en tales o cuales condiciones, y el juez emite la única sentencia posible sobre la base de la legislación en vigor.

-También se argumenta que parte de esa deuda no es legítima...

-Eso tampoco tiene sentido, porque toda la deuda que ha estado sometida a esa jurisdicción tiene como respaldo la Constitución nacional, un gobierno democrático, la delegación de facultades, las leyes que habilitaron al Gobierno a emitir esos bonos, la representación del Ejecutivo también elegido en democracia para la negociación de los bonos y las renegociaciones.

-¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este default?

-En el día tras día, la gente no va a ver algo inmediatamente, porque la economía ya está en recesión, la inflación ya es alta, el dólar ya se devaluó, el cepo cambiario ya existe. Pero si uno observa un poco la historia de los defaults de la Argentina, sacando el primero, que fue en 1827, en el de 1890 hubo una caída del PBI de 10%; los defaults de las provincias en 1914 también producen una caída de 10%; el de 1982 también dejó una caída cercana al 10%, y en el default de 2001 se cayó 12%. Es decir que, si se toma esa referencia, significa que si no se arregla, esto podría dar una caída de 10% del PBI, según el registro histórico. Si eso es así, y el PBI es de US$ 500.000 millones, estamos hablando de una pérdida de US$ 50.000 millones.

-¿Hay salida?

-El Gobierno podría acortar el daño sentándose a negociar. Está también la cláusula RUFO, pero para algunos esa cláusula es bastante dura, mientras que otros dicen que cumplir una sentencia no dispararía esa cláusula. A mí me gustaría creer esto último, pero la verdad es que no estoy seguro. Lo he leído con mucho cuidado, pero no me animaría a poner las manos en el fuego de que no se pueda gatillar esa cláusula por el simple hecho de que se está pagando una sentencia. Pero de todas maneras, si se trabaja con voluntad de pago, se puede negociar. Pero lo que veo es que el país no ha tenido voluntad de pago.

-¿Podría haber solución privada con intervención de los bancos?

-Yo siempre fui escéptico desde que se empezó a hablar de eso. ¿Sobre la base de qué principio de altruismo van a ir los bancos a pagar una deuda ajena? Entonces, al final se termina viendo que la querían pagar con encajes, exenciones del Banco Central, o sea que, en definitiva, seguía siendo plata pública. Era preferible no dar esa voltereta, pagar la sentencia y sentarse a defender la RUFO.

-¿Y el famoso stay?

-Por ese lado estaba mi optimismo, porque yo creía que eran los propios acreedores los que lo iban a pedir. Eso hubiese desactivado la gran inquietud que había con respecto a la cláusula RUFO. En realidad, lo que los acreedores pretendían era que la Argentina mostrara voluntad de pago o se sentara a negociar, pero lo que se dijo desde el Gobierno era que cualquier negociación podía disparar la cláusula RUFO.

-¿Cómo sigue esto?

-Puede seguir con la negociación y lo que no se cerró el 31 de julio, se puede cerrar en otro momento. Ése es un pensamiento estratégico. Pero si uno piensa que van a ir por lo épico, van a redoblar la apuesta. Esto es cambiar la jurisdicción y decir, dado que el juez Griesa no nos deja pagarles, vengan a cobrar a la Argentina que acá les vamos a pagar. Pero para eso hay que votar para que los acreedores acepten el cambio de jurisdicción. Es una gran incertidumbre.