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Rural: Piden elevar a juicio las causas

El fiscal de Saavedra y Núñez José María Campagnoli pidió que se eleve a juicio una de las causas que se sigue contra ex miembros de la Sociedad Rural y que se anulen los registros de los planos de obra aprobados por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el otorgamiento del crédito millonario a la entidad agropecuaria y sus empresas por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires. En la causa, hay diez imputados.




Los fiscales pidieron que se anule el préstamo que la SRA había obtenido en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.






El 10 de septiembre pasado, en la causa que se sigue en la justicia federal, el fiscal Carlos Stornelli requirió la elevación a juicio del ex presidente de la Nación, Carlos Menem; de su entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, y de otros diez ex funcionarios y empresarios por el delito de peculado, al considerar que participaron de la sustracción del Predio Ferial de Palermo al Estado nacional y luego lo transfirieron a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a menos de un 25 por ciento de su valor real en dólares, lo cual significó un perjuicio al Estado de al menos cien millones de dólares.

Confirman embargo millonario a Menem por La Rural[/color][/u][/url]Ahora Campagnoli solicitó la elevación a juicio de la causa que se sigue contra ex miembros de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires en otra causa, por los delitos ocurridos luego de la venta fraudulenta del predio de "La Rural".

Se trata los funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al momento del otorgamiento del crédito Carlos Eduardo Sánchez, Hugo Néstor Pifarre, Victorio Carlos Migliaro, Juan María de Anchorena, Rubén Daniel Lusich y Osvaldo Hugo Rial, y de los directivos de la SRA y sus empresas allegadas Enrique Claudio Crotto, Horacio Foster, Alfredo Miguel O´Farrel y Raúl Etchebehere.

En un dictamen de más de 160 páginas, el fiscal realizó un detalle de los pormenores judiciales por los que atravesó tanto la causa (iniciada en el 2000), como los distintos actos presumiblemente delictivos en los que habrían incurrido los representantes de la SRA, como los funcionarios de los gobiernos nacional y de la Ciudad de Buenos Aires durante distintas gestiones.

Además, describió las conductas delictivas en las que habrían participado los ex funcionarios del Banco de la Provincia de Buenos Aires al otorgar un crédito de millones de dólares a la SRA y sus empresas.

Campagnoli solicitó a la justicia "la inmediata entrega del predio al Gobierno de la Ciudad -como administrador directo y originario de los bienes de la Ciudad de Buenos Aires desde la reforma constitucional- para que lo rehabilite para el uso y goce propios de su condición de bien de dominio público", y "la anulación del registro de los planos de obra aprobados oportunamente por el GCBA para la construcción del emprendimiento comercial de la SRA y la anulación del otorgamiento del crédito por parte del Banco de la Provincia de Buenos Aires, convirtiéndose la deuda de La Rural S.A.-Ogden S.A. en actualmente exigible".

A Sánchez, Pifarré, Bugallo, Migliaro, Anchorena, Lusich y Rial, por ser presidente y miembros del directorio del Banco Provincia respectivamente, se les endilga haber violado los deberes a su cargo "perjudicando con su accionar fraudulento los intereses que la provincia de Buenos Aires les había confiado". Esto se refiere a la concesión de un préstamo por 106 millones de dólares a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) conformada por La Rural y Ogden Argentina SA en septiembre de 1998.

El crédito se les otorgó para la construcción de un centro de exposiciones y entretenimiento en el predio. Sin embargo, el megacomplejo no sólo no existía, sino que financiaría un "millonario y ambicioso proyecto privado tenido en miras desde sus primeros actos de malversación".
Por otra parte, a los directivos de La Rural Foster, Huber, Crotto, O'Farrell, Etchebehere y Del Castillo se les atribuye haber tomado "inciertos" los derechos acordados con el Estado, tras la adquisición "a un precio vil" (30 millones de dólares) del "Predio Ferial de Palermo", así como el haber modificado las condiciones de venta que se habían pactado con el Estado Nacional, en un claro perjuicio a la economía del país.

Además, a Foster, Hubert, Crotto, O'Farrel, Etchebehere también se les imputa el haber tornado imposible el cobro del crédito de los 106 millones que otorgó el Banco de Provincia y haber administrado fraudulentamente, en perjuicio de los socios, a la "Sociedad Rural Argentina", a través de la modificación sustancial de las condiciones de venta del predio.
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