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Rusia aprueba una ley para compensar a sus oligarcas



La Duma Estatal de Rusia (cámara baja del parlamento) aprobó el miércoles en primera lectura una ley que permitirá-- por cuenta del presupuesto del Estado-- compensar a los ciudadanos o compañías rusas que se vean perjudicados por las decisiones de tribunales extranjeros. El documento, cuyo autor es un parlamentario de Rusia Unida (el partido gubernamental), es considerado como un instrumento por el cual el Kremlin podrá resarcir a los oligarcas que se vean afectados por las sanciones occidentales.

El proyecto de ley fue admitido a trámite en la Duma el 23 de septiembre coincidiendo con la noticia del embargo de las propiedades inmobiliarias en Italia del oligarca ruso Arkadi Rotenberg (un piso en Cerdeña, varias villas y un hotel cuyo valor se calcula en 30 millones de euros). Rotenberg, en la infancia compañero de judo del presidente Vladímir Putin, es un poderoso empresario de la construcción y de la fabricación de tuberías, que ha realizado lucrativos negocios con el monopolio exportador del gas, Gazprom, y en las obras para la Olimpiada de Sochi. A favor de la llamada "ley Rotenberg" votaron los parlamentarios de Rusia Unida (233 votos), y en contra todos los otros partidos de la cámara (202 votos).

La "ley Rotenberg" llegó al parlamento con la recomendación negativa del Gobierno, algunos de cuyos ministros dan serias muestras de insatisfacción con la política económica de Rusia. El ministro de Desarrollo Económico, Alekséi Uliukáiev, dijo que la ley entra en colisión con las obligaciones internacionales de Rusia y las normas del derecho internacional, además de estimular la fuga de capitales, por lo cual, resulta "contraproducente". De acuerdo con el documento, las decisiones de tribunales extranjeros en cualquier instancia en materia de derecho civil pueden ser revocadas por los tribunales rusos, que deberán establecer una compensación inmediata para los perjudicados, sin que se sepa aún cómo se determinarán las cuantías y de dónde saldrá el dinero. Los tribunales rusos pueden también demandar a los Estados cuyos tribunales fallen en contra de sus ciudadanos. Estas demandas pueden llevar a la confiscación de propiedades de esos Estados en territorio ruso, incluidas aquellas con inmunidad diplomática, es decir teóricamente edificios de embajadas.

El diputado autor de la ley, Vladímir Ponevezhski, explicó que su fin es "la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos de Rusia en el extranjero". Ponevezhski se refirió a las leyes de Ucrania en relación a los conflictos sobre la propiedad en el territorio de Crimea, la península de Ucrania anexionada por Rusia el pasado marzo. Vladímir Pliguin, jefe del comité de Legislación Constitucional de la Duma, negó que el proyecto vaya dirigido a "la defensa de un estrecho círculo de gente rica".
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