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Santa Cruz anunció que desplazarán a todos los policías que están en huelga



En Caleta Olivia ordenaron cerrar discotecas y locales nocturnos. La Gendarmería y Prefectura patrullan la ciudad







Sin acuerdo que conduzca a una solución, el conflicto policial de Santa Cruz cumple hoy su tercer día. La tensión va en aumento en la provincia presidencial, donde el gobierno ya denunció por sedición a los efectivos policiales que se auctoacuartelaron. Hoy por la mañana, fuentes del Gobierno confirmaron a Clarín que pasarán a "disponibilidad" a los agentes adheridos a la medida y que para ellos se iniciarán los procesos administrativos pertinentes.

Igual que ayer, en Caleta Olivia se ven hoy uniformados de Prefectura y Gendarmería patrullando la ciudad, en un fin de semana con locales nocturnos cerrados por orden municipal y con un pedido a los comerciantes para "extremar las medidas de seguridad". En este escenario, hoy temprano se reunió el gobernador Daniel Peralta con el jefe de Policía, Salomón Aleuy, y el ministro de Gobierno, Gustavo Martínez.

Desde su cuenta de Twitter el mandatario provincial informó: "Estamos evaluando medidas y acciones para garantizar la Seguridad" y apuntó contra los efectivos que reclaman: "El conflicto de algunos es injusto, sin solución y solo busca desestabilizar. Con la gente no se juega".

Al mediodía, desde el gobierno provincial confirmaron a Clarín que se iniciarán los procesos administrativos y se pasarán a disponibilidad a todos aquellos que decidieron autoacuartelarse. "Vamos a ir a fondo con esto", indicaron desde la administración provincial.

El comité de Crisis de Seguridad decidió asignarle a Gendarmería parte del centro de la ciudad para el patrullaje. "Esta fuerza nacional trajo cinco móviles, con los que hará patrullaje motorizado todo el día y la noche". Y a la tarde, gendarmes a pie recorren esa misma zona. "Cuando vean un gendarme los vecinos pueden hacer cualquier consulta. Vinimos a colaborar con Prefectura y con los policías que hacen el trabajo", manifestó el comandante Muñoz a La Vanguardia del Sur.

Los policías autoconvocados reiteraron ayer que llevarán la protesta "hasta las últimas consecuencias" y por medio de un petitorio reclamaron que la situación "no se judicialice". La Fiscalía de Estado los denunció por sedición ante el Juzgado Federal de Río Gallegos a cargo de la jueza Andra Askenazi Vera, un delito que conlleva la baja al personal en protesta.

El gobierno de Daniel Peralta anunció que no cederá en su postura. No otorgará el aumento del 25% solicitado por los efectivos - principalmente de Caleta Olivia- que equivale a llevar a más de $15.000 el salario de un ingresante sin antigüedad ni título. En la actualidad ese haber inicial es de $12.760. El Estado provincial se defiende asegurando que el último incremento fue del 27% y que no "hay recursos financieros" para afrontarlo. En estos dos últimos meses, Peralta pudo hacer frente a los haberes del sector activo sólo con la ayuda del gobierno nacional.

La Casa Rosada sigue de cerca el conflicto para evitar cualquier efecto contagio que complique la situación en otras provincias. En Santa Cruz ya hay cien gendarmes con directivas para patrullar en Caleta Olivia, epicentro del reclamo, y unos 200 efectivos a disposición para cuando los solicite el gobierno provincial. Sergio Berni, secretario de Seguridad de la Nación, informó que pondrá a disposición todo lo necesario "para evitar una mayor conflictividad".

De los 5.000 efectivos que tiene Santa Cruz, unos 300 están autoacuertelados por lo que definen como "sólo un reclamo salarial", desmintiendo el discurso inicial del gobierno provincial de que se trata de "un reclamo político para desestabilizarnos". El asesor letrado de los efectivos en protesta, afirma que son más de 1.000 los adheridos.

El gobierno de Peralta espera desactivar el conflicto durante el fin de semana, pero la postura de los policías también es inflexible y esperan una mejora en sus haberes para levantar la protesta. Ayer, el intendente de Caleta Olivia, José Manuel Córdoba firmó el Decreto 1389, disponiendo el cierre de "los comercios habilitados como Confiterías Bailables, Bailantas, Salones de Bailes, Pub, Bares, Casinos, Espectáculos Público". La medida se tomó durante la reunión del Comité de Crisis en Seguridad que continúa trabajando hoy para garantizar "la seguridad ciudadana".


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