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Se le complicó a Cristina el nuevo Código Procesal Penal

CUESTIONAMIENTO DESDE LA IZQUIERDA K

Se le complicó a Cristina el nuevo Código Procesal Penal


El proyecto de nuevo Código Procesal Penal que presentó Cristina Fernández de Kirchner sufre embates no sólo desde la oposición, que denuncia un intengo de legitimar a los sospechados de corrupción, al establecer un plazo máximo para su procesamiento y condena, sino desde adentro del propio Universo K, que lo acusa de conservador y hasta violatorio de derechos y garantías vigentes, según lo explicó Horacio Verbitsky, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Antes ya el propio Movimiento Evita había realizado su propio listado de cuestionamientos.


Gendarmería Nacional es la fuerza de seguridad preferida de Sergio Berni, y quedó bajo fuego del propio Frente para la Victoria que cuestiona a Berni, quien goza del respaldo de Cristina Fernández de Kirchner. Foto NA: GNA




CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Curioso lo de Horacio Verbitsky, columnista principal del diario K Página/12, y presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), porque hace 1 semana (el domingo 19/10), él elogió el proyecto de nuevo Código Procesal Penal que cuestiona el domingo 26/10.
 
En aquella ocasión, Verbitsky se manifestó con conceptos positivos respecto del texto, que evidentemente no conocía, fundamentando su opinión en que Juan Martín Mena, subsecretario de Política Criminal, lo había redactado "sobre la base de los mejores proyectos elaborados en los últimos 30 años, empezando por el muy completo de Julio Maier y Alberto Binder, que Alfonsín envió al Congreso sobre el final de su mandato y no fue tratado. (...) No son devaneos kirchneristas: Maier es reconocido como el gran maestro procesalista por varias generaciones de discípulos, ex presidente del Superior Tribunal porteño y de relación personal estrecha con los últimos dos presidentes radicales. Sobre su proyecto se edificó el Código de Procedimientos en Materia Penal modelo para Iberoamérica. (...)".
 
Bueno, mucho cambió en 1 semana, evidentemente. En especial, ocurrió que el proyecto fue difundido en forma oficial y él pudo leerlo.
 
Mientras la oposición política a Cristina Fernández de Kirchner cuestiona el fragmento del trabajo que se refiere al intento de proteger a los funcionarios públicos sospechados de haber cometido ilícitos, Verbitsky le encuentra grandes falencias en la consideración de derechos y garantías.
 
Por lo tanto, el trabajo enfrenta previsibles cuestionamientos desde afuera del Ejecutivo Nacional que lo redactó, pero también desde adentro del Frente para la Victoria gobernante.
 
Y el bloque de senadores nacionales del Frente para la Victoria no se encuentra en condiciones de realizar los cambios que le reclama Verbitsky sino que está preparado para aprobar el texto casi sin abrirlo a debate.
 
Verbitsky deliza que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo declarará inconstitucional en aspectos importantes, y si así no lo fuese será cuestionado por los organismos judiciales supranacionales tales como el Sistema Interamericano de Justicia.
 
Por lo tanto, la Administración Cristina tiene un obstáculo no previsto por delante, que puede acabar en derrota política por "fuego amigo".
 
Aquí un compendio de las objeciones de Verbitsky, en nombre del cristinismo no peronista:
 
"(...) La repercusión social de algunos delitos como motivo para abandonar el principio de la libertad durante el proceso fue introducida en el Código Procesal Penal por el dictador Jorge Videla. En el Boletín Oficial del 6 de mayo de 1976 figura su decreto, con la denominación de Ley 21.306, en cuyos considerandos se describe al régimen anterior como “innecesariamente liberal” ya que brindaba a muchos procesados por hechos graves “un privilegio al que no son acreedores”, es decir la libertad. El artículo 380 del Código dispuso entonces que “no se concederá la excarcelación cuando por la índole del delito y de las circunstancias que lo han acompañado o por la personalidad del imputado fuere inconveniente la concesión del beneficio en razón de su peligrosidad o por la gravedad y repercusión social del hecho”. Según el maestro Roberto Bergalli, “las reformas introducidas en épocas de facto”, con el “concepto de peligrosidad reflejada en el delito o a la repercusión social de éste, llevaron a extremos de gran rigidez y facilitaron un empleo represivo del proceso penal”. En febrero de 1984, la Ley 23.050, enviada por el presidente Raúl Alfonsín, derogó esa restricción a la libertad. Además, fijó en dos años el límite temporal máximo de la prisión preventiva, cuyo cumplimiento ha sido apenas indicativo.
 
El proyecto que la semana pasada ingresó al Senado dice en su artículo 185 que “corresponde el dictado de la prisión preventiva en función de la gravedad de las circunstancias, naturaleza, conmoción social del hecho y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en este Código”. Así se intenta condicionar la jurisprudencia actual, basada en los tratados internacionales de rango constitucional, según la cual no hay otra razón para privar a una persona de la libertad que el riesgo de que obstaculice la investigación o se escape. La cláusula parece el retrato hablado del célebre motochorro, personificación del enemigo que acecha a la sociedad decente. El no menos célebre señor Magnetto nunca hubiera imaginado que el gobierno lo investiría de semejante poder.
 
El mismo año de la primera condena a Videla, la concepción que reflejó el Código del ex dictador fue bautizada por el profesor alemán Günther Jakobs como Derecho Penal del Enemigo, es decir, una categoría especial de personas despojada de los derechos y garantías que asisten al resto de los ciudadanos.
 
(...)  la Comisión Interamericana emitió su Informe 86/09 en una causa presentada por los banqueros uruguayos Dante, José y Jorge Peirano Basso, detenidos por la quiebra fraudulenta del Banco Velox, a quienes se les negó la excarcelación durante el proceso “en virtud de la ‘alarma social’ provocada por el colapso del sistema bancario uruguayo”. La CIDH sostuvo que se trata de “percepciones sociales que, además de indemostrables, son absolutamente ilegítimas a los fines de determinar la licitud de una prisión preventiva”. Estas percepciones sociales cambian según las épocas.
 
(...) La Comisión Interamericana dispuso que la ley no podrá disponer un tratamiento especial para algún tipo de delito “sin base en criterios objetivos y legítimos de discriminación, por la sola circunstancia de responder a estándares como ‘alarma social’, ‘repercusión social’, ‘peligrosidad’ o algún otro”, que “desvirtúan la naturaleza cautelar de la prisión preventiva al convertirla en una verdadera pena anticipada”.
 
(...) La idea de la puerta giratoria también choca contra la realidad de los hechos. La cantidad de personas privadas de su libertad supera las 65.000, el número más alto de la historia argentina. Más de la mitad lo están en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires, que no tiene más que el 38,95 por ciento de los habitantes del país. Nueve de cada diez de ellos son seleccionados entre los sectores más vulnerados de la sociedad. Durante una audiencia convocada por la Corte Suprema de Justicia hace diez años, el entonces ministro de Justicia bonaerense Eduardo Di Rocco reconoció que nueve de cada diez no habían sido condenados y que el 29 por ciento de los procesos, de cuatro años de duración en promedio, terminan en absolución. Con los procesos abreviados de la gestión Scioli disminuyó a la mitad la cantidad de presos sin condena, pero creció en la misma proporción la de condenados sin juicio. Otro punto inadmisible del proyecto oficial es aquel que permitiría la expulsión de extranjeros.
 
(...) La “atribulada técnica legislativa” (Gustavo Arballo dixit) requerirá muchas lecturas del artículo 35 del nuevo Código sobre “extranjeros en situación irregular”. Esta definición ambigua, para una situación de hecho, contradice la jurisprudencia de la Cámara Federal de Paraná, que en la causa Dai Jianqing, de 2011, aplicó el concepto “Ningún ser humano es ilegal”. La situación irregular no puede presumirse, siempre alguna autoridad debe declararla. Por el artículo 61 de la ley de migraciones, constatada la irregularidad la autoridad migratoria debe intimar al migrante a que regularice su situación. Si no lo hace puede declarar ilegal su permanencia y el acto administrativo de expulsión debe ser confirmado por un juez, ante el cual el migrante puede discutir la validez y la razonabilidad de la decisión de expulsarlo. En el caso del nuevo Código no se explica si la declaración de irregularidad sigue correspondiendo a la Dirección de Migraciones, a la justicia o a la policía, cuyos poderes de cualquier modo se expanden gracias a esa imprecisión. La suspensión del juicio a prueba está pensada para casos menores, en los que se ofrece a la persona la posibilidad de optar por tareas comunitarias, como alternativa al proceso y la pena. En cambio para los migrantes la opción no es un beneficio sino un incentivo para que elijan la expulsión en cuanto la policía los detiene. Si se baja de la abstracción a la tierra (o mejor, a la falta de tierra y al difícil acceso a la vivienda) es fácil imaginar que se aplicará a los migrantes que participan en tomas y ocupaciones.
 
(...) Según el especialista del CELS Diego Morales, esta propuesta de reforma “introduce un nuevo modo de control migratorio, que captura a los que pasen por las puertas del sistema policial/penal. Hay una nueva idea de sospecha que requiere herramientas distintas a las previstas en la norma migratoria”, que se modifica aunque no se derogue. (...)".
 
De paso, Verbitsky reiteró sus cuestionamientos a la actuación de Sergio Berni, secretario de Justicia de la Nación.
 
La represión de Gendarmería Nacional frente al establecimiento industrial Lear, le mereció al ícono K reconocer como válidas las críticas que desde el Partido Obrero, el PTS y la izquierda en general, se realizan contra las acciones de la fuerza de seguridad que conduce Berni, con gran apoyo de Cristina Fernández de Kirchner (quien impulsa su desginación en Interpol), lo que resulta otro motivo de debate interno en el Frente para la Victoria:
 
"(...) La semana pasada la Gendarmería volvió a despejar de cualquier modo la ruta Panamericana, durante una protesta de los trabajadores de la autopartista estadounidense Lear. Las fotos de la publicación electrónica Izquierda Diario no dejan lugar a dudas acerca de la violación de los “Criterios Mínimos sobre Actuación de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas de Seguridad en Manifestaciones Públicas”, cuya vigencia ratificó en un comunicado el Ministerio de Seguridad hace un mes.
 
El 10º de los criterios dice que el uso de postas de goma está permitido únicamente con fines defensivos en caso de peligro para algún miembro de las instituciones de seguridad u otras personas y nunca como medio para dispersar una manifestación. Además los protocolos de las distintas fuerzas establecen que esas municiones sólo deben dirigirse de la cintura hacia abajo. Los dirigentes del PTS afirman que la agresión se produjo cuando la ruta ya había sido liberada y que los disparos se dirigieron hacia la carpa en la que acampaban.
 
Según el diputado nacional Nicolás del Caño, quien recibió siete balazos de goma en el cuerpo, fueron heridos más de 50 trabajadores, trece fueron internados en hospitales y dos deberán ser sometidos a cirugía. Luego del episodio del gendarme volador se abrió una negociación entre el gobierno y los sindicalistas y partidos de izquierda, que fracasó cuando Lear y el sindicato mecánico, SMATA, se opusieron a la reincorporación de cuarenta trabajadores despedidos. Esta es una línea clásica de las empresas estadounidenses. En 2006, Ford se negó a reincorporar al delegado Guillermo Carrera, pesar de un pedido personal del entonces presidente Kirchner. Dirigir las armas contra quienes siguen reclamando es una respuesta tan cobarde como peligrosa."
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