Sólo el Hotel Los Sauces vale cerca de los 55 millones



La declaración de 55 millones de pesos que dio la presidente como correspondiente a su patrimonio del año 2013 es francamente poco seria, ya que sólo el lujoso hotel Los Sauces, cercano a su casa en El Calafate, tiene un valor que supera los 4 millones de dólares, sin hablar de los dos pisos en el Madero Center y sus 8 cocheras. Y tampoco se entiende cómo un departamento de 220 metros cuadrados en Juncal y Uruguay, cercano al de la presidente, tiene una valuación de $ 460.000 para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de calcular el impuesto de barrido y limpieza, en tanto el de la sucesión de Néstor Kirchner, en la misma ubicación, tiene 160 m2 y no estaría valuado por la ciudad por menos de $ 300.000. Por lo cual, la mitad de la presidente, ya que la otra es de sus dos hijos, valdría por lo menos $ 150.000 y de ninguna manera los 35.000 pesos que dice la presidente. Bastaría cruzar los datos de la Ciudad, que nunca coincidirán con esa suma irrisoria. Además, el hotel Alto Calafate, en el cual Lázaro Báez alquila casi todas las habitaciones, está tasado en alrededor de 2 millones de dólares, que a un valor de $ 14,30 da 30 millones de pesos. En el caso del departamento de la plaza Vicente López, ni siquiera se detalla la valuación que fija la Ciudad, pero sería ingenuo pedir una investigación sobre esa declaración, porque el cristinismo todavía mantiene control sobre bastantes jueces y puede obtener un sobreseimiento.

Cambio de tendencia

Aunque las inconsistencias son notables y no pueden ser avaladas por ningún perito más o menos serio, como pasó con el sobreseimiento del matrimonio Kirchner por el actual descalificado juez federal Norberto Oyarbide, o el caso del aporte de fondos del lavado de dinero del tráfico de éxtasis que terminaron en la campaña presidencial del 2007. En el sobreseimiento apurado a los Kirchner, el todavía fiscal Jorge Taiano, en una actitud incomprensible, no apeló ese fallo cuestionado porque alegó ante sus íntimos que Aníbal Fernández, entonces ministro del interior, secuestró a su hijo. Así es que en el futuro, el fallo de Oyarbide podrá ser considerado cosa juzgada írrita, es decir, susceptible de ser revisada. Se podría, por ejemplo, citar a declarar a Taiano, para que diga ante un juez federal lo que les dijo a sus íntimos en ese momento, porque su obligación legal era apelar y no lo hizo. Y si el motivo fue el secuestro de su hijo, estarían dadas las condiciones para plantear la anulación de la cosa juzgada.

Así es que esta última declaración jurada que se conoció ayer no cierra de ninguna manera, a simple vista. En un país que tiene cepo cambiario y por tanto casi nadie compra ni vende hoteles, esto no quita que los dos lujosos hoteles en El Calafate y los dos pisos en Puerto Madero tengan un alto valor en dólares y entre todos estos bienes inmuebles pasan largamente los 55 millones de pesos que declaró la presidente, que sólo en una republiqueta podría ser tomada jurídicamente como válida.

Con esta perspectiva, hay que analizar que el juez federal Norberto Oyarbide haya sido apartado de la causa de la “mafia de los medicamentos” y su caso enviado al Consejo de la Magistratura, por haber sobreseído a los ex funcionarios kirchneristas supuestamente vinculados al financiamiento de la campaña presidencial de Cristina Kirchner en 2007.

La Sala II de la Cámara Federal reprochó a Oyarbide no haber enviado ese tramo de la causa a su par Ariel Lijo, tal y como había ordenado el tribunal de alzada, para, en vez de ello, resolver a favor de los acusados de supuesto “lavado de activos”.

Entre los beneficiados por Oyarbide estuvieron Héctor Capaccioli, ex jefe de la Superintendencia de Servicios de Salud; Hernán Diez, ex director de Lotería Nacional; Sebastián Gramajo, ex legislador porteño kirchnerista, y Gabriel Brito, ex mayorista farmacéutico.

Ahora la Sala II, compuesta por Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, revocó esos sobreseimientos al entender que Oyarbide no debió resolver en ese tramo de la investigación y debió remitirla a su par Lijo, a quien la Cámara había atribuido el caso en 2012.

Por ello, los camaristas declararon la “inexistencia” del fallo y remitieron lo ocurrido a la Comisión de Disciplina y Acusación de la Magistratura para “ponerla en conocimiento” del asunto.

Además de los aportes a la campaña presidencial de 2007, Cappacioli y el ex sindicalista bancario Juan José Zanola, entre otros, irán a juicio oral acusados de asociación ilícita, adulteración de medicamentos, defraudación, fraude en perjuicio de la administración pública y comercialización de productos con marca registrada falsificada.

El juicio será llevado adelante por el Tribunal Oral Federal 5, integrado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Oscar Hergott, pero aún no tiene fecha de iniciación.