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Terminar con el robo de Argentina y Brasil al Paraguay

La visita oficial de Cristina Fernández de Kirchner y de Luiz Inácio Lula da Silva, presidentes de Argentina y Brasil, servirá seguramente para que los dos mandatarios vuelvan a pronunciar esos hipócritas discursos de homenaje a los “hermanos paraguayos”. Los escucharemos con cortesía, pero como los ciudadanos no podremos responderles que no nos interesan sus bellas palabras, sino sus actitudes, confiamos en que en las conversaciones el flamante presidente de la República, Fernando Lugo, les reitere la legitimidad de nuestros reclamos con respecto a los emprendimientos hidroeléctricos de Itaipú y Yacyretá.



Si su demanda de “soberanía energética”, proclamada durante la campaña electoral, no fue un mero recurso retórico para ganar votos, Fernando Lugo debe aprovechar la ocasión para recordar a sus visitantes que durante décadas la Argentina y el Brasil, con la complicidad de paraguayos indignos que fueron sobornados, nos han venido robando los recursos que necesitamos imperiosamente para nuestro desarrollo económico y social.

En el caso de Itaipú, nuestro reclamo consiste en la renegociación del infame Tratado celebrado por dos dictaduras. Convendría que el presidente brasileño Lula sepa que no renunciaremos a esa exigencia a cambio de limosnas, tales como la ofrecida financiación de un tendido eléctrico entre la represa hidroeléctrica y Asunción –que de hecho está contemplado en los acuerdos bilaterales– o el envío de remesas para usos políticos disfrazadas de “fondos sociales” de Itaipú. Que el Brasil haga estas ofertas para acallarnos significa que sabe muy bien que nuestras reivindicaciones son justas, pues de lo contrario no tendrían por qué hacerlas. Fernando Lugo debe poner bien en claro que en su gobierno ya no están los vendepatrias colorados de los que el Brasil vino aprovechándose indebidamente para su monumental beneficio desde la misma celebración del inicuo Tratado.

Se trata de una cuestión de dignidad: el Paraguay es un país pequeño, pero soberano, por lo que tiene pleno derecho a tratar sobre sus recursos naturales en un pie de igualdad con sus grandes vecinos. Solo reclamamos lo que en justicia nos corresponde, sintetizado por el nuevo gobierno en los seis puntos presentados a Marco Aurelio García, asesor del presidente Lula, en su reciente visita a nuestra capital. Los dos primeros puntos –la libre disponibilidad de la energía generada por Itaipú para comercializarla eventualmente en otros mercados y un “precio justo” por la energía cedida al Brasil como se previó en el Acta de Foz de Yguazú– implican una renegociación del humillante Tratado. Estas exigencias son irrenunciables y por eso mismo es irrenunciable la renegociación del Tratado –varias veces violado por los brasileños–, aunque los paraguayos obtengamos satisfacción en las otras legítimas reivindicaciones, como son la revisión de la gigantesca deuda espuria de la entidad binacional, la cogestión plena y alternancia en la administración de las direcciones Técnica y Financiera, la fiscalización de la entidad por parte de la Contraloría General de la República y del Tribunal de Cuentas brasileño, y la terminación de ciertas obras inconclusas.

Es un firme reclamo para poner fin a la imperialista e indignante explotación actual a que somete el Brasil al Paraguay en este emprendimiento. El presidente Lula debe conocer muy bien los datos que revelan cuán inicuo ha sido no solo el Tratado, sino también su ejecución. Solo cabría recordarle, por ejemplo, que Eletrobrás se beneficia anualmente con 2.000 millones de dólares a costa de nuestro país.

Itaipú es una causa nacional. Libres de los vendepatrias que permitieron el despojo, los paraguayos estamos decididos a luchar por nuestros derechos en todos los foros, porque estamos convencidos de que son justos y porque creemos que el pueblo brasileño sabe que el Tratado de Itaipú es una irritante afrenta para cualquiera que tenga una conciencia digna.

La Argentina, por su parte, viene aplicando en forma prepotente y con la complicidad también de los vendepatrias de siempre, una Nota Reversal de 1992, rechazada por el Congreso Nacional, para pagar una suma ínfima por la energía que se lleva de Yacyretá. Como ese precio irrisorio es inferior al costo de producción, el Gobierno argentino imputa el enorme déficit resultante –que es de su exclusiva responsabilidad– a la deuda de la Entidad Binacional, de la cual es, a su vez, prestamista. Un negocio redondo a costa del Paraguay, al que se le impone cargar con una deuda ajena infame.

Existen otras actuaciones aviesas de los gobernantes argentinos. Por ejemplo, por un lado, apuran el ritmo de las obras de acuerdo con las exigencias de sus crisis energéticas –luego de interrumpir incluso la financiación comprometida–, sin atender los daños ambientales y hasta sociales que provoca en la costa paraguaya. También, ejercen en forma ilegal la Dirección Ejecutiva de la Entidad Binacional a pesar de que la Nota Reversal que lo autorizaba caducó en setiembre de 1994. Y no le importa que la obra continúe incompleta –falta el embalse de compensación–, lo que perjudica notablemente la navegación aguas abajo de la represa.

Esto significa que en Yacyretá la Argentina actúa con la misma actitud imperialista que el Brasil en Itaipú: por un lado, recibe una energía subsidiada a un precio bajísimo y, por el otro, logra enormes ganancias financieras gracias a unas deudas que generan intereses crecientes manejadas a su antojo por ella misma, tanto que la deuda inicial de 3.500 millones de dólares de la Entidad Binacional se aproxima ya a 15.000 millones de la misma moneda. Es decir, después de robarnos en el precio, nos roba con los intereses usurarios. Fernando Lugo hará bien en recalcarle a Cristina Fernández de Kirchner que se acabó la complicidad obtenida mediante la coima, y que el Paraguay ya no está dispuesto a seguir siendo víctima de una miserable estafa.

Así como en Itaipú, en Yacyretá Paraguay aportó su recurso natural más valioso, la mitad del caudal hídrico del río Paraná, imprescindible para el funcionamiento de las represas, por lo que Yacyretá es también una causa nacional cuyo Tratado debe ser renegociado.

Los presidentes de Brasil y la Argentina deben saber que la ruin explotación a que han sometido al Paraguay en las últimas décadas debe acabar porque es una afrenta a la dignidad del pueblo paraguayo, y que el nuevo gobierno está dispuesto a recurrir a todas las instancias necesarias para, con la fuerza de la razón, hacer valer nuestros claros, justos e irrenunciables derechos sobre nuestra soberanía energética.

Fuente: http://www.abc.com.py/articulos.php?pid=441804&fec=2008-08-15
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