El gobernador de Texas, el republicano Rick Perry, ordenó el pasado 21 de julio el envío de hasta mil soldados de la Guardia Nacional a la frontera sur en respuesta a la ola migratoria proveniente de Centroamérica y México.
Justificó su decisión al sostener que el flujo de menores migrantes no acompañados ha absorbido los recursos de la Patrulla Fronteriza y otras corporaciones, forzándolas a enfrentar la crisis humanitaria y desviándolas de sus funciones de protección de la seguridad nacional.
Señaló que los soldados ayudarán a disuadir el tráfico de drogas e indocumentados, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza se ocupan de detener y procesar a los migrantes menores de edad.
El gobernador ordenó el despliegue bajo la autoridad y financiamiento estatal, sin tener al menos hasta ahora el respaldo del gobierno federal para el operativo, que tendrá un costo estimado para los contribuyentes de Texas de unos 12 millones de dólares.
La acción de Perry es cuestionada por sus opositores políticos, pero también por académicos y organizaciones de derechos civiles que cuestionan el impacto presupuestario del despliegue y dudan de la efectividad del mismo.
Legisladores estatales expresaron su preocupación por el costo y la eficacia del despliegue como una herramienta para reducir el tráfico de drogas y personas además de otras actividades delictivas que han sido problemas de largo plazo.
"Esto no es nada más ni nada menos que un teatro político caro", aseguró el representante estatal demócrata Sylvester Turner.
"Esto funciona, no porque reduce el crimen en la frontera, sino porque permite a los políticos de Texas afirmar que están ´haciendo algo´ sobre la inmigración ilegal", destacó.
Funcionarios estatales reconocieron esta semana que el despliegue fue decidido sin que antes fuera elaborado un análisis o estrategia que determinara la necesidad del mismo.
Ni el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, ni la Guardia Nacional de Texas recomendaron el despliegue, admitieron el director de DPS, Steve McCraw, y el general adjunto de las Fuerzas Militares de Texas, John Nichols, ante un Comité de la Cámara de Representantes de Texas.
No darán asilo en Texas
Un aparente declive en el número de niños no acompañados que están ingresando a Estados Unidos sin autorización significa que el condado de Dallas no recibirá a ninguno de ellos a pesar de que había ofrecido hacerlo, informó ayer el principal funcionario electo allí.
Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, dijo que las autoridades federales declinaron su oferta anterior de albergar hasta a 2,000 niños. El magistrado indicó que le dijeron que la cifra de chicos que están ingresando a Texas ha disminuido y las instalaciones existentes tienen suficientes camas para albergarlos. Dallas es una de varias comunidades a nivel nacional que se ha ofrecido como voluntarias para recibir a algunos de los más de 57,000 niños que han ingresado a Estados Unidos desde octubre, un flujo que ha recibido atención internacional y exigencias de que se actúe en la frontera. Un portavoz federal no devolvió los mensajes que se le enviaron ayer jueves para que comentara al respecto, pero desde hace un par de semanas las autoridades han estado diciendo que la cantidad de niños proveniente principalmente de Centroamérica ha disminuido considerablemente.
Justificó su decisión al sostener que el flujo de menores migrantes no acompañados ha absorbido los recursos de la Patrulla Fronteriza y otras corporaciones, forzándolas a enfrentar la crisis humanitaria y desviándolas de sus funciones de protección de la seguridad nacional.
Señaló que los soldados ayudarán a disuadir el tráfico de drogas e indocumentados, mientras que los agentes de la Patrulla Fronteriza se ocupan de detener y procesar a los migrantes menores de edad.
El gobernador ordenó el despliegue bajo la autoridad y financiamiento estatal, sin tener al menos hasta ahora el respaldo del gobierno federal para el operativo, que tendrá un costo estimado para los contribuyentes de Texas de unos 12 millones de dólares.
La acción de Perry es cuestionada por sus opositores políticos, pero también por académicos y organizaciones de derechos civiles que cuestionan el impacto presupuestario del despliegue y dudan de la efectividad del mismo.
Legisladores estatales expresaron su preocupación por el costo y la eficacia del despliegue como una herramienta para reducir el tráfico de drogas y personas además de otras actividades delictivas que han sido problemas de largo plazo.
"Esto no es nada más ni nada menos que un teatro político caro", aseguró el representante estatal demócrata Sylvester Turner.
"Esto funciona, no porque reduce el crimen en la frontera, sino porque permite a los políticos de Texas afirmar que están ´haciendo algo´ sobre la inmigración ilegal", destacó.
Funcionarios estatales reconocieron esta semana que el despliegue fue decidido sin que antes fuera elaborado un análisis o estrategia que determinara la necesidad del mismo.
Ni el Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas, ni la Guardia Nacional de Texas recomendaron el despliegue, admitieron el director de DPS, Steve McCraw, y el general adjunto de las Fuerzas Militares de Texas, John Nichols, ante un Comité de la Cámara de Representantes de Texas.
No darán asilo en Texas
Un aparente declive en el número de niños no acompañados que están ingresando a Estados Unidos sin autorización significa que el condado de Dallas no recibirá a ninguno de ellos a pesar de que había ofrecido hacerlo, informó ayer el principal funcionario electo allí.
Clay Jenkins, juez del condado de Dallas, dijo que las autoridades federales declinaron su oferta anterior de albergar hasta a 2,000 niños. El magistrado indicó que le dijeron que la cifra de chicos que están ingresando a Texas ha disminuido y las instalaciones existentes tienen suficientes camas para albergarlos. Dallas es una de varias comunidades a nivel nacional que se ha ofrecido como voluntarias para recibir a algunos de los más de 57,000 niños que han ingresado a Estados Unidos desde octubre, un flujo que ha recibido atención internacional y exigencias de que se actúe en la frontera. Un portavoz federal no devolvió los mensajes que se le enviaron ayer jueves para que comentara al respecto, pero desde hace un par de semanas las autoridades han estado diciendo que la cantidad de niños proveniente principalmente de Centroamérica ha disminuido considerablemente.