Thomas Griesa declaró en "desacato" a Argentina



El juez Thomas Griesa declaró en "desacato" a Argentina. Hasta el momento, la orden del magistrado no incluye pago de multas, según confirman agencias internacionales



El juez de primera instancia de Nueva York anticipó en la audiencia con los abogados del país que los castigos monetarios llegarán después.

La reunión de los abogados de Argentina con Griesa se celebró luego que los ‘fondos buitre’ solicitaran al juez que declare a Argentina en desacato.

Dos horas antes de la decisión el canciller argentino Héctor Timerman afirmó en una rueda de prensa que "no es concebible una declaración de desacato contra un país extranjero".

El ministro confirmó el envío de dos cartas: una al secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, y otra al juez Griesa.



La semana pasada la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner participó en la 69ª Asamblea General y en el Consejo de Seguridad de la ONU. Su discurso destacó la lucha contra los fondos buitre y la amenaza del terrorismo.

Ante la Asamblea General de la ONU, la presidenta arremetió contra los fondos especulativos a los que Buenos Aires llama buitre, y aseguró que su país pagará su deuda a pesar del "acoso" del que es víctima.

Argentina es "un país que tiene voluntad de pago y tiene capacidad de pago. Y va a pagar su deuda a pesar del acoso de los fondos buitre", dijo la mandataria, cuyo país no puede honrar compromisos con tenedores de bonos a causa de una decisión de un tribunal estadounidense.


El litigio con los ‘fondos buitres’

En 2001 Argentina firmó la suspensión de pagos sobre una deuda de más de 100.000 millones de dólares, el mayor impago de la historia. El país logró reestructurar un gran porcentaje de esa deuda en 2005 y en 2010, pero los 'fondos buitre' liderados por NML Capital, que habían comprado parte de esos bonos, no aceptaron el acuerdo.

El juez estadounidense Thomas Griesa obligó en 2012 al país a pagar 1.330 millones de dólares a los acreedores que no entraron en el canje de deuda, un dictamen confirmado por la Corte Suprema de EE.UU. el pasado mes de junio.

Buenos Aires alegó que si aceptara el fallo, vulneraría sus contratos con los fondos estructurados
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