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Un amparo para frenar la privatización de las bicicletas

La defensora adjunta del pueblo porteña Graciela Muñiz explicó que el llamado a licitación hecho por el Ejecutivo comunal otorga una concesión del servicio por cuatro años, cuando la legislación indica que no debe ser menos de cinco años, y aseguró que los 135 millones de pesos de inversión los hará el Estado con fondos públicos, mientras que "las utilidades del negocio serán exclusivamente para los concesionarios".

"Lo más grave de esta medida es que la inversión, de 135 millones de pesos, estará exclusivamente a cargo de la Ciudad, lo que quiere decir que se hará efectiva con fondos públicos sin aporte alguno de parte de los beneficiarios de la concesión", mientras que "no habrá canon mensual alguno y las utilidades del negocio serán exclusivamente para los concesionarios", precisó Muñiz.

"Resulta evidente que para la Administración del PRO el negocio mas rentable sigue siendo un Estado que pone el dinero y en el que el ciudadano pague por los servicios que se le brindan y un empresario se lleve las utilidades", añadió.

Además puntualizó que uno de los motivos por los que planteó el recurso de amparo es que la concesión por cuatro años y un mes de prórroga que propone el llamado a licitación "viola el artículo 27 de la ley 2586 que establece que las concesiones sólo pueden otorgarse por plazos superiores a cinco años".

"Nuevamente el ingeniero Macri pone en evidencia su desinterés por la cosa pública y pretende transformar un servicio público que creó el propio Macri en otro negocio", acusó Muñiz en un comunicado de prensa distribuido hoy aquí.



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