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Un corrupto que investiga a otro corrupto




Se conoció que la AFIP, que comanda Ricardo Echegaray, está investigando una sociedad vinculada con Amado Boudou. Una pelea entre personajes repletos de denuncias que busca garantizar la impunidad

Si no fuera trágico, ya que la corrupción es un mal endémico de la mal llamada “década ganada”, parecería una broma de mal gusto. Uno de los máximos exponentes de la ignominia kirchnerista, como es el vicepresidente Amado Boudou, procesado por el escándalo compra de la exCiccone Calcográfica, está siendo investigado por otro personaje sospechado de corrupción: el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray.

¿Cuál puede ser el resultado de todo esto? Nada bueno se puede esperar. Y más si el supuesto investigador es el mismo que, la semana pasada, salió a decir públicamente que Cristina Kirchner y Lázaro Báez no son socios, pero “mantienen relaciones comerciales”. Semejante explicación es un atentado a la razón cuando CFK y el empresario patagónico comparten un condominio sobre un terreno de 87.000 metros cuadrados, desde hace años, en El Calafate. Y existen numerosas evidencias de que las relaciones también incluyen la compra por parte de Báez de al menos nueve departamentos, casas y terrenos a los Kirchner en sólo un año, y hasta la administración –por parte de otra empresa del presunto testaferro K- de hoteles de la familia presidencial, a los que alquiló más de 1100 habitaciones por mes, durante años.

En ese contexto, este fin de semana, se conoció que una sociedad vinculada al vicepresidente enfrenta un reclamo de la AFIP por la presunta evasión de impuestos a través de facturas apócrifas a las que recurrió para reducir sus pagos por IVA y Ganancias. La operatoria irregular, que involucraría un monto cercano al medio millón de pesos, se concentra en Action Media SA, la firma en la que aparece como dueño el socio del vicepresidente, José María Núñez Carmona, pero que Boudou incorporó como parte del mismo grupo económico en documentos societarios que presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) y el Banco Macro, por lo que comparten sus beneficios.

Llamativamente, Action Media no aparece aún en el listado con más de 1200 "usinas" o empresas "usuarias" de facturas truchas que la AFIP subió a Internet luego de que se conociera que empresas de Bahía Blanca emitieron documentos falsos por decenas de millones de pesos, que terminaron en los registros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del grupo de Lázaro Báez, presunto testaferro de la familia presidencial.

Eso se debe a que el reclamo de la AFIP aún no tiene sentencia. El caso se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación desde el 14 de febrero de 2013. Se registró con el número 37253-I, y quedó en la Sala D, que integran Edith Gómez -asumió en el Tribunal gracias a una polémica renovación impulsada desde el Palacio de Hacienda- e Ignacio Buitrago, como subrogante.

La AFIP detectó la operatoria irregular años antes, cuando inspectores de la Regional Mar del Plata del organismo recaudador analizaron la contabilidad de Action Media, hasta que en diciembre de 2012 completaron lo que en la jerga interna se denomina una "determinación de oficio" sobre cuál sería la deuda acumulada por Ganancias e IVA.

¿Una mano lava a la otra?

Dos años antes, más precisamente el 18 de noviembre de 2010, la AFIP, de la mano de Echegaray y de quien era su mano derecha en el organismo recaudador, Rafael Resnick Brenner, le otorgó a la exCiccone una escandalosa moratoria impositiva para que pudiera levantar la situación de quiebra y así volver a recibir contratos millonarios del Estado. El plan de facilidades de pago constaba de 148 cuotas (por lo general las moratoria no superan las 96 cuotas) y los intereses se cifraron en un irrisorio 0,5% de interés mensual en vez del 3 por ciento que se aplicaban en aquellos año en planes similares.

Ante este accionar, Resnick Brenner fue procesado –junto a Boudou- por el juez Ariel Lijo. Al igual que sucedió con el vicepresidente que goza de un manto protección y sigue en funciones, Resnick Brenner fue ascendido y nombrado como responsable de la regional que tiene el organismo recaudador en Salta, fijando domicilio en un lujoso hotel cinco estrellas, tal como lo reveló en exclusiva el diario Hoy.

En la causa que tramita en el juzgado de Lijo, los hombres de Echegaray y Boudou se lanzaron acusaciones cruzadas, responsabilizándose entre sí por el escándalo. La pelea fue como discutir si fue primero el huevo o la gallina, cuando en realidad ambos personajes son parte de misma matriz corrupta que viene saqueando el país desde hace años.

El ocultamiento de Boudou

El nombre de Boudou no aparece en los papeles de Action Media, pero él mismo reconoció que esa firma conforma un grupo económico junto a Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural -las dos sociedades que sí declaró ante la Oficina Anticorrupción (OA)-, y otras cuatro empresas que en teoría sólo eran de su socio Núñez Carmona: Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek y Embarcaciones Argentinas.

En los registros oficiales de Action Media aparecen otros rostros visibles. Como socios constitutivos figuraron en 2005 Guido Forcieri -luego jefe de gabinete de Boudou en el Palacio de Hacienda, también procesado en el caso Ciccone- y Sandra Viviana Rizzo, una amiga de Núñez Carmona que voló a Miami con pasajes pagos por The Old Fund, el misterioso fondo controlante de la ex Ciccone.

Ya en octubre de 2006, dentro de Action Media, apareció Eduardo Dehaut, el contador de Boudou y de Núñez Carmona, según surge del Boletín Oficial bonaerense. Y desde 2010, Juan Carlos López, que compartió una cuenta bancaria en el HSBC con el vicepresidente y su socio.

Pero si en los papeles no aparece, Boudou se encargó de explicitar su vinculación con Action Media en un acta de asamblea extraordinaria de Aspen en la que detalló que ambas integraban un grupo empresarial junto con Rock Argentina, WSM, Beaver Cheek y Embarcaciones Argentinas.



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