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Un tiro pal lado de la justicia

Sufre Bill Gates revés en México


Microsoft y otros gigantes de computación, falsearon datos para acusar a empresa mexicana de usar software pirata

Distrito Federal— Una abusiva estrategia de venta le salió cara a Bill Gates en México y puso al descubierto la forma en que las grandes compañías de computación estadunidenses, aprovechándose de la justicia mexicana, intimidan a las empresas nacionales con el pretexto del combate a la piratería.

Una historia de invención de delitos, falsificación de pruebas e inducción de testigos terminó en una condena de 90 millones de dólares en contra de Microsoft Corporation, Adobe Systems Incorporated, Autodesk Incorporated y Symantec Corporation, empresas que dominan el desarrollo, fabricación y venta de programas de computación en el mundo.

Desde las oficinas corporativas de esas empresas en Estados Unidos, no de sus representaciones en México, hace más de siete años salió una ofensiva judicial y mediática que, además, reveló cómo esas firmas cuentan con un brazo operativo sin vínculos formales con ellas, pero que se dedica a vigilar, investigar y denunciar en el mundo a las empresas por la real o supuesta utilización y reproducción de sus programas sin el pago de derechos.

Las firmas estadunidenses echaron a andar su maquinación el 13 de noviembre de 1997, cuando su apoderado legal, Carlos Schmidt Ruiz del Moral, interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia por piratería en contra de los socios y empleados de la empresa Consultores en Computación y Contabilidad (CCC), que entonces era una de las principales empresas dedicadas a la distribución de equipos de cómputo en el país por “telemarketing”.

Se trataba de una empresa familiar establecida en 1990 por Víctor Armando Rendón Alatorre, su esposa Melba Delfina Ojeda Solís y sus hijos Víctor Armando y Pablo Ángel. Contra ellos, las corporaciones pedían seis años de cárcel. Además, de ser cierta la acusación, les impondrían penas por evasión fiscal.

A pesar de estar sustentada en pruebas y declaraciones falsas ante el Ministerio Público, un juez federal dio la orden de cateo. Éste se cumplió el 11 de agosto de 1998, con un operativo para el cual la PGR convocó a la prensa. “Entraron y rompieron todo. Se metieron a las máquinas. Se sorprendieron porque no encontraron nada. Buscaron maquinaria para reproducir “software” y tampoco encontraron nada. Me dijeron que se tenían que llevar a alguien: ‘Afuera están los reporteros’”, cuenta Rendón Alatorre.

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