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Una mancha más al tigre: Boudou procesado otra vez

Es investigado como partícipe necesario de la falsificación de los documentos públicos de un vehículo. El cuestionado vice K cada vez más arrinconado por la Justicia y la oposición



Amado Boudou volvió a quedar seriamente involucrado en una nueva causa judicial. Esta vez, el juez federal Claudio Bonadio procesó al vicepresidente como “partícipe necesario de la falsificación de documentos públicos” relacionados con un vehículo que fue de su propiedad. Una mancha más para uno de los más sospechados funcionarios de la afamada década ganada.

El relato kirchnerista se desgrana con velocidad y del mismo modo lo hace la cuestionada imagen de uno de los más importantes nombres del Gobierno que conduce Cristina Fernández de Kirchner. En tan sólo 42 días, el vicepresidente argentino fue procesado por segunda vez y le fueron embargados diez mil pesos.



Boudou; su expareja, Agustina Seguín; y María Graciela Taboada de Piñero, quien era titular del Registro de la Propiedad Automotor N° 2 de la Capital Federal cuando todo sucedió, son investigados por haber ingresado datos falsos en la documentación de un Honda CRX Del Sol de color rojo, modelo 1992 y matrícula WYT716, el cual se encuentra confiscado en un depósito policial.

De acuerdo con la resolución publicada por el Centro de Información Judicial (CIJ), el juez Bonadio –denunciado recientemente por el kirchnerismo ante el Consejo de la Magistratura– señaló que “se ha probado […] que Amado Boudou inscribió a su nombre con un formulario 08 falso que contiene copias de su documento nacional de identidad, con un formulario 04 con su firma verdadera y un domicilio que no era el de él […] y sin haber efectuado la obligatoria verificación policial, el automóvil Honda CRX cuya procedencia de ninguna forma puede acreditar”.



El vicepresidente fue indagado por la Justicia sobre esta situación y culpó a un grupo de gestores contratados por Seguín, quienes habrían estado a cargo de la sospechosa operación. Sin embargo, el Juez también remarcó que “no debe olvidarse que Boudou es la única persona beneficiada por la irregular transferencia” y agregó que “de acuerdo a ello, sigue siendo inexplicable o poco creíble que los gestores, por un pago en dinero y sin la anuencia del imputado, se arriesguen a fraguar documentos públicos a escondidas de los beneficiarios, pudiendo caberles una pena de prisión de entre tres y ocho años por dicha conducta”.

La causa iniciada en 2009 se suma al procesamiento firmado por el juez federal Ariel Lijo, quien acusó al vicepresidente por el delito de “cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública” en el marco del salvataje de la ex Ciccone Calcográfica.

Boudou adquirió el vehículo en 1993, en la ciudad de Mar del Plata, pero no fue sino hasta diez años después que decidió registrarlo a su nombre. En 2003 inició un trámite para cambiar la radicación del mismo y presentó un formulario 04 con su firma, aunque domicilio que otorgaba era totalmente falso. Ese trámite es el que el vice K adjudica a los gestores y por el cual es investigado.

La investigación complica más al seriamente sospechado vicepresidente, quien pese a los pedidos de la oposición sigue siendo protegido por el Gobierno Nacional, denunciado por infinidad de hechos de corrupción.



El club de los procesados K

La lista de funcionarios kirchneristas en la mira de la Justicia crece con velocidad. Cada vez son más los dirigentes del cuestionado gobierno de Cristina Fernández de Kirchner investigados por gravísimos casos de corrupción. Entre ellos el más complicado es uno de los principales nombres del Ejecutivo nacional: el propio vicepresidente Amado Boudou.

Ayer el vice K fue procesado por segunda vez en tan sólo 42 días. Junto al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; la exministra de Economía, Felisa Micelli; el extitular de Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), José Ramón Granero; y la exsecretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti; es investigado por la corrupción de la década ganada.

Jaime no pudo demostrar la procedencia de 12,5 millones de pesos y es investigado por utilizar a miembros de su familia y empresarios del transporte como testaferros. Micelli, en tanto, fue procesada por el hallazgo de 200 mil pesos en el baño del despacho que ocupaba en el Palacio de Hacienda. Por su parte, Granero es investigado por su vinculación con el ingreso al país de sustancias destinadas a la fabricación de estupefacientes, habiendo falsificado los motivos de su entrada. Finalmente, Picolotti está sospechada por la realización de gastos excesivos e injustificados de los fondos del Estado.

El Gobierno K continúa sumando nombres a su selecto grupo de funcionarios impunes, que no han hecho más que apoderarse de los bienes del Estado, casi como si se tratara de algo que, por naturaleza, les pertenece.



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