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Uruguay - Ancap debe U$S1.550 millones ,el 3% del P.I.B.

CARLOS STENERI

El último balance publicado por Ancap

La justificación de la presentación tardía del balance de Ancap y sus resultados genera estupor. No sólo por la dimensión política del tema, algo serio pero en este caso relativamente menor, sino por lo que entienden ciertos sectores de lo que es una empresa pública, sus alcances legales y su funcionamiento.



MONOPOLIO. Es necesario un nuevo marco regulatorio


Es interesante citar el informe presentado por el senador Daniel Martínez, que fuera redactado por la mayoría del Frente Amplio en oportunidad de rechazar la formación de una comisión investigadora del Senado respecto al citado balance: "…la demora en el balance (que debió presentarse el 31 de marzo), si bien podría decirse que es algo incorrecto, lo cierto es que justamente por la complejidad y necesidad de armonizar el balance de Ancap con su importante número de empresas integradas, el balance desde hace mucho tiempo se entrega fuera de fecha, con la excepción de contados años…". Y prosigue: "…dado el tamaño, variedad y complejidad de la empresa, históricamente ha habido diferencias que se terminaron negociando entre las partes. En particular, en este caso la diferencia se basó en que la auditoría interpretaba que unas deudas de terceros con Ancap eran incobrables y que, por tanto, debían pasarse a pérdidas y de cobrarse en el futuro ponerse como ganancias extraordinarias, mientras los servicios contables entendían que correspondía que quedaran como deudas de terceros hacia Ancap, como tantas veces se negoció en este tema".




VIOLACIÓN LEGAL.
Vistas las implicancias del tenor de los comentarios, se hace difícil discernir por dónde empezar. Vale destacar que se reconoce que se viola la ley al presentarse un balance cuatro meses después de lo estipulado por la norma, aduciendo la complejidad de la empresa. La justificación es pobre. Si bien es una empresa grande, la mayor del país, es mucho más pequeña que muchas latinoamericanas que presentan su balance en tiempo y forma a sus accionistas. Más aún, cuando cotizan en bolsa dicho balance tiene que ser actualizado trimestralmente, quedando expuestas al veredicto diario del mercado a través de la cotización de sus acciones o bonos. Y entre ellas hay empresas donde el accionista mayoritario es el Estado. Por citar algunos ejemplos: Petrobras, Eco Petróleo o Vale.

INTERPRETACIÓN.
Respecto a las diferencias de criterio de cómputo de ciertos rubros, en particular a su posibilidad de cobro, el comunicado señala que este es un tema que generalmente se negocia entre las partes. Aquí el comentario es delicado por no decir insólito, pues las prácticas contables de aceptación general no son un tema negociable. De serlo, los balances de resultados entre las empresas no serian comparables, pues éstos dependerían de una negociación de los criterios de cómputo. ¿Podemos imaginarnos a un sistema bancario negociando con su regulador la calidad de un crédito y por ende su forma de contabilizarlo? Dicho eso, huelga todo comentario para darnos cuenta de las implicancias profundas del tema.

En tal sentido, la piedra de la discordia pareciera ser una deuda financiera de ALUR de 154 millones de dólares, que el auditor considera que es un crédito incobrable a diferencia del departamento contable de Ancap. Sobre el tema no puede haber dos criterios. Como sobre esa colateral existe opacidad sobre los resultados de su gestión, es totalmente correcto considerarlo como incobrable hasta que se demuestre lo contrario.

Por el camino parece haber quedado la explicación (equivocada) de que las pérdidas del ente se explicaban en su mayoría por diferencias de cambio al tener endeudamiento en dólares y facturar sus ventas en pesos. El argumento no es de recibo. Muchas empresas están en la misma situación y no por eso necesariamente dan perdidas. Lo mismo ocurre con el Estado, que tiene endeudamiento en dólares y recauda pesos para cumplir con su servicio. El problema se resuelve con una buena gestión financiera, hecho que se facilita cuando la empresa en cuestión, usando su poder monopólico puede -a discreción- ajustar sus precios para absorber los efectos de las variaciones del tipo de cambio sobre su operativa financiera.

Aquí corresponde quebrar una lanza sobre Ancap. Es muy probable que el rezago tarifario al que se le obligó por parte del Ejecutivo para contener la inflación sea otra de las causas que motivó ese problema. De todos modos, corresponde ser transparente, cuantificando adecuadamente ese efecto. Y además sirve para tomar conciencia de que combatir a la inflación de esa manera, además de ser inefectiva tiene costos reales.

LOS NÚMEROS.

El endeudamiento del ente y sus colaterales


de 1.551 millones de dólares es abultado,


superando el 3 por ciento del PIB.


Como es un ente que pertenece al dominio del Estado, su endeudamiento es cuasi soberano. Con ello se quiere decir que cualquier incumplimiento afecta al resto del endeudamiento del sector. En definitiva es deuda pública lisa y llana. Y de ahí el cuidado en su contratación y en su manejo. Máxime cuando se contrata por cuenta y orden de las necesidades de financiamiento de empresas colaterales con escasa o nula supervisión del gobierno central, garante final de ese endeudamiento.

También es notable que una empresa que efectúa inversiones con horizontes de maduración largos tenga un endeudamiento bancario tan alto (637 millones de dólares), cuando es sabido que la banca se especializa en plazos medio o cortos. Aquí nuevamente aparece un resultado generado por un marco operativo inadecuado.

LA REFORMA.
Todo esto nos lleva nuevamente a reiterar la necesidad de dotar a las empresas públicas de un marco regulatorio nuevo. Hoy operan con reglas que pertenecen a un pasado distante y distinto. En el caso de Ancap, se entendió necesaria su creación para suplir las carencias provenientes de un mundo en crisis como lo fue en la década del 30 del siglo pasado. Hoy, por donde se lo mire, quedan pocos ejemplos similares en el mundo y casi todos en vía de desaparición o modernización.

Para empezar, sería conveniente exponerla a la competencia eliminando sus actividades monopólicas. No hay justificación técnica ni económica al respecto. Si como se afirma es competitiva, podrá entonces medirse con sus pares regionales. De lo contrario le está haciendo un daño encubierto a la sociedad. Antel, compitiendo en telefonía celular, ha prosperado en el mundo ultra competitivo de las comunicaciones.

Como forma de evitar dificultades en su gestión interna, es imperioso abrir su capital con la condición de que el Estado sea su accionista mayoritario. Eso le permitirá optimizar su gestión industrial, adoptar las mejores prácticas administrativas y contables, diseñar las mejores estrategias de expansión y optimizar la contratación de su endeudamiento.

Por último, la reforma obligará a transparentar la gestión de sus colaterales. Sea por que se convierten directamente en sociedades anónimas independientes, o son consolidadas explícitamente en el ente madre, el que a su vez está operando en régimen de competencia. No hacerlo es condenarnos nuevamente a tropezar con la misma piedra. Y lo que es peor, auto infligirnos pérdidas de bienestar.
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