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Uruguay- Estado paralelo es un agujero negro en las finanzas









El creciente "estadito paralelo"



El balance anual de Ancap, sus pérdidas por 169 millones de dólares y las deudas contraídas por el ente petrolero y su red de empresas colaterales por más de 1.500 millones de dólares deberían ser tema de debate en la campaña electoral.

Uno de los puntos centrales a discutir tendría que ser la necesidad de aprobar el marco regulatorio para el conjunto de empresas públicas no estatales y de sociedades anónimas en las que participa del Estado.

Si bien el caso más notorio es el de Ancap que cuenta con una veintena de estas instituciones algunas de las cuales operan en el exterior, la inquietud alcanza a todas las empresas nutridas con capital estatal -es decir de todos nosotros- y conducidas bajo normas de derecho privado. Es lo que José Mujica rotuló tiempo atrás como "esa especie de estadito paralelo" que según él es preciso regular. En aquel momento, el presidente reconoció que ante la multiplicación de agencias públicas regidas por el derecho privado "tenemos que darles de inmediato una forma jurídica que nos permita controlarlas". Pese a estos anuncios las cosas siguen igual.

Conste que esa inacción no se produjo porque faltaran propuestas. Hace tres años el sector Alianza Nacional presentó un proyecto de ley para dar "transparencia" a un sistema que, según se denunciaba, funciona por fuera de los controles legislativos, del Tribunal de Cuentas y de la Auditoría Interna de la Nación. Según Jorge Larrañaga, propulsor del proyecto, las empresas en cuestión "huyen del derecho administrativo" y de la burocracia pública con el argumento de que necesitan más agilidad y ejecutividad, lo que resulta plausible siempre que se respeten normas elementales de supervisión.

El explosivo crecimiento de este tipo de empresas desde 2005 a la fecha -hoy se contabilizan más de 40 personas públicas no estatales y unas 60 sociedades anónimas- sigue siendo inquietante porque manejan cientos de millones de dólares sin mayores controles, sin normas claras para contratar con terceros y sin que se conozcan las nóminas de sus funcionarios ni los requisitos que se exigen para enrolarlos. El problema se agrava si se considera que hay "una tercera generación" de sociedades anónimas que son propiedad de compañías creadas con anterioridad en donde la información sobre sus actividades se diluye aun más. Para seguir con el caso de Ancap, esa es la situación de la Distribuidora Uruguaya de Combustible S.A (Ducsa) que posee inversiones en cinco sociedades anónimas y una sociedad de responsabilidad limitada, todas ellas activas en el plano comercial.

El año pasado un documento de las cámaras empresariales que irritó sobremanera al gobierno plasmó su malestar por ese enjambre de entidades que no son estrictamente ni públicas ni privadas al tiempo que reclamó normas para encuadrar sus acciones. El documento incluía una lista detallada de empresas, algunas de las cuales como por ejemplo la Corporación Vial del Uruguay S.A., recaudan bastante más que muchas ventanillas del Estado sin que existan mecanismos de supervisión acordes a la magnitud de la gestión.

En el Parlamento se han señalado las anomalías de esta situación en donde "cientos de millones de dólares al año", según declaró el senador Luis Alberto Heber, alimentan la actividad comercial o industrial de esas empresas. Se trata de un flujo de dinero que carece de control político pues no pasa por el Parlamento ni se lo estudia en la ley de Presupuesto ni tampoco está sujeto a otras verificaciones. Por otra parte, es incierto en qué categoría debe incluirse a los miles de funcionarios que integran esas entidades, es decir, si se regirán por el estatuto del funcionario público o por el derecho privado.

Uno de los casos que mayores inquietudes concita es el de ALUR, el tan polémico emprendimiento sucroalcoholero de Ancap que mantiene deudas con el ente cifradas en 154 millones de dólares según el último y deficitario balance del ente. Una cantidad muy superior a esa fue invertida por el Estado en ese emprendimiento a título de préstamos, capitalizaciones y avales bancarios, lo que llevó a la oposición a calificarlo de "agujero negro" en las finanzas públicas.

En suma, estos son algunos de los problemas que plantea el "estadito paralelo" del que hablaba Mujica que sigue creciendo sin una normativa precisa que permita controlar la legalidad y conveniencia de sus actos.







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