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Uruguay vigilado - "El Guardian" - Vigilancia masiva




El Ministerio del Interior y las empresas de telecomunicaciones comenzaron a realizar las primeras pruebas de funcionamiento de El Guardián, el moderno equipo de espionaje comprado a Brasil que permitirá intervenir llamadas telefónicas y mails a través de la última tecnología.
Claro, Movistar y Antel deberán actualizar sus sistemas antes de fin de año.

El nuevo sistema con el que contará Uruguaypermitirá seguir en forma simultánea el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, y puede monitorear correos electrónicos y redes sociales, según señala El Observador.

"El operador o proveedor de servicios de comunicaciones que haya realizado una interceptación legal tendrá derecho a que se le abonen las cantidades en que haya incurrido por el uso de canales de comunicación, temporales o permanentes", señala el documento del Ejecutivo vinculado a El Guardian.

Acerca del manejo de los datos obtenidos tras la intervención de El Guardián, el Ministerio del Interior explica que "la obligación de conservación de datos impuesta en línea para consulta por el agente facultado mediante orden judicial cesa a los seis meses computados desde la fecha en que se haya producido la comunicación".



"Reglamentariamente, previa consulta a los operadores, se podrá ampliar o reducir el plazo de conservación para determinados datos o una categoría de datos hasta un máximo de dos años o un mínimo de seis meses", agrega el instructivo.

Por último, advierte que las empresas deberán procurar que los equipos de interceptación de comunicaciones estén ubicados de forma "discreta" y asegurarse que "cualquier información sobre ellas sea secreta".

Solo podrá acceder al sistema el personal autorizado. El protocolo también afirma que "cualquier intervención (instalación o resolución de averías) se realizará con personal expresamente autorizado" según publica El Observador.

El vocero de la Suprema Corte de Justicia, Raul Oxandabarat dijo a El Espectador que esta herramienta "no cambia el marco regulatorio vigente" yque "las escuchas son ordenadas por jueces penales caso a caso, no de manera genérica".

Oxandabarat explicó que únicamente se podrá actuar bajo orden judicial que "autorice espionaje porque son datos reservados".

El vocero de la Suprema Corte informó que existen protocolos vinculados a la herramienta El guardián que requieren del intercambio entre personal del Ministerio del interior y los jueces penales.



El jerarca agregó que se espera una reunión entre ambas instituciones y concluyó que "este equipo de espionaje traerá ventajas y reducirá tiempos de espera para acceder a la información".

Diego Chijane, abogado de Cikato dijo a El Espectador que si bien ya existen las escuchas y el manejo de correos electrónicos, este nuevo sistema El guardián pone en conflicto dos principios.

Chijane explicó que "los derechos de protección y seguridad de otras personas se ponen por sobre el derecho a la privacidad".

El representante de Cikato abogados aseguró que ya se aplican las escuchas pero que la nueva herramienta crea alarma porque tiende a parecer más pública.

Chijane agregó que las escuchas "antes no tenían validez pero ahora sí, y es un hecho de que han permitido aclarar delitos". Igualmente reconoció que los límites lo establecerán las autoridades públicas.

El abogado destacó que "no se tratan de escuchas como las que solían existir en EE.UU. para ver si se capta algo de la nada, sino que serán espionajes a partir de pistas o dudas".

Chijane subrayó que "responderán a una orden judicial que funcionará como garantía para la población por lo que no habría que temer".

El doctor en abogacía sostuvo a El Espectador que los procesos penales tienen una etapa de indagatoria y de averiguación y que no podemos resistirnos a que esas instancias se den paso a paso incluso aunque no seamos culpables de delito.

Chijane informó que "en el caso en que seamos inocentes y constatemos abuso o violación de la privacidad a partir del acceso a la información de llamadas y correos se puede recurrir a la Justicia".
 
ELPAIS.COM.UY
Gobierno compró "El Guardián" para espiar llamadas y correos.
El Ministerio del Interior acaba de adquirir, en una operación secreta, tecnología de punta -a un costo de US$ 2 millones- que aumentará sensiblemente su capacidad para vigilar llamadas telefónicas, correos electrónicos y redes sociales.

"La operación de compra debe mantenerse en secreto", sostiene la resolución presidencial que habilitó la adquisición por parte del Ministerio del Interior de compleja tecnología que dotará a las autoridades de una capacidad inexistente hasta el momento para sistematizar y analizar, al amparo de órdenes judiciales, la información surgida de la vigilancia de llamadas telefónicas, correos electrónicos, redes sociales y blogs.
Mientras en el mundo a la luz del caso Snowden (el exagente que reveló espionaje ilegal del gobierno de los Estados Unidos) se debate la capacidad de los gobiernos para vigilar a sus ciudadanos en internet, el equipo comprado en Brasil y denominado El Guardián WEB, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
La plataforma, que también utiliza la Policía Federal de Brasil y ha generado polémicas en ese país por su uso y capacidades (ver recuadro), será proporcionada por Digitro Tecnología Ltda., experta en Inteligencia y telecomunicaciones.
El sistema tiene un costo de aproximadamente US$ 2 millones y un mantenimiento y servicio técnico anual de casi US$ 200.000 a cargo de la firma proveedora.
"La incorporación de dicha tecnología permitirá desarrollar con eficacia una tarea de importancia en la investigación de delitos complejos, logrando así una mejor gestión en la Seguridad Pública, incidiendo directamente en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, cometido esencial que desarrolla la Policía Nacional y demanda urgencia en su atención", sostiene la resolución de Presidencia que habilitó la compra y que no fue publicada en la web oficial del gobierno.
El proyecto de adjudicación, por su parte, sostiene que "la difusión de la contratación podría irrogar graves perjuicios para la Seguridad Pública, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico".
La compra directa por excepción que realizó el Ministerio del Interior no fue publicada en la web de compras estatales del gobierno.





Espiar.
El Ministerio del Interior, durante los últimos años, ha incorporado tecnología que aumentó su capacidad para realizar escuchas de llamadas e interceptación de correos electrónicos.
Dicho recurso es cada vez más usado por los jueces, fundamentalmente por aquellos que se desempeñan en el ámbito del Crimen Organizado. Fuentes consultadas por El País indicaron que las solicitudes judiciales para interceptar llamadas y cuentas de correo electrónico se incorporan casi en la totalidad de las investigaciones que involucran tráfico de drogas, contrabando, estafas, redes de prostitución, pornografía infantil y lavado de activos. Pero además, se trata de una herramienta a la que no solo apelan jueces de Montevideo sino que su uso ha aumentado en las sedes judiciales del interior.
Frente a ese crecimiento de la demanda se acumulan paquetes de datos informáticos cuya sistematización y análisis se hace cada vez más compleja y requiere no solo de más recursos humanos sino también de tecnología de punta.
Es precisamente el cometido de la poderosa plataforma comprada por el Ministerio del Interior el archivo de todas las llamadas y datos que son interceptados, al tiempo que los sistematiza, habilita cruzamientos y facilita la elaboración de informes de Inteligencia. En su página en internet, la proveedora de la tecnología explica su filosofía. "La complejidad de la sociedad actual y de las relaciones entre Estado y ciudadano exige herramientas de análisis para agilizar los procedimientos y facilitar la implementación de acciones preventivas o correctivas", sostiene.
Sobre el funcionamiento de El Guardián, precisa que "el sistema realiza monitoreo de voz y datos y ofrece recursos avanzados de análisis de audio e identificación de locutores. Es una solución hecha especialmente para las operaciones de investigación legal. Flexible y modular, puede ser dimensionada de acuerdo con la necesidad del órgano de investigación. Su interface es 100% web, permitiendo al analista acceder al sistema desde cualquier lugar, de forma segura".
Los datos interceptados por las operadoras de telefonía y por los proveedores de acceso a internet son almacenados por el sistema, posibilitando el cruzamiento de informaciones a partir de parámetros preestablecidos para la elaboración de informes.
"El sistema posee herramientas avanzadas para un análisis de vínculos textuales, georreferenciados, estructurados y gráficos, permitiendo un análisis integrado de información al posibilitar el tratamiento de las interceptaciones en un ambiente que integra grabaciones telefónicas, de radio y datos traficados en internet" se indica. Además de esto, el programa "pone a disposición módulos específicos para la creación de un banco de voces e identificación de locutores para el análisis de audio utilizando tecnología de keyword spotting", explica la empresa.







"Sin Explicaciones"


El Ministerio del Interior informó ayer a El País que no iba a hacer comentarios sobre la compra del sistema "El Guardián", una moderna plataforma informática que ampliará sensiblemente las capacidades de la Policía para realizar escuchas y vigilar la actividad en internet. El País informó ayer que "El Guardián", comprado en Brasil a la empresa Digitro Tecnología Ltda. y utilizado por la Policía Federal de ese país, permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.


La compra, que fue mantenida en secreto por el gobierno invocando razones de "seguridad pública", sorprendió a representantes de la oposición, que si bien entienden y justifican que la Policía tenga acceso a tecnología de punta para combatir el crimen organizado, reclaman información, transparencia y garantías en el uso de la sofisticada herramienta.
El senador nacionalista Gustavo Penadés, integrante de la Comisión Bicameral para la redacción de una Ley que regule la Inteligencia de Estado, dijo a El País que la puesta en funcionamiento de dicha herramienta debería esperar a la vigencia de la ley, aún en etapa de discusión, para que los ciudadanos cuenten con las garantías necesarias. También anunció que pedirá en la comisión la comparecencia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, para que explique los motivos de la adquisición y el uso que se le pretende dar.
El Frente Amplio y la oposición tienen acordada la redacción de la ley -negociada durante tres años- que creará el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), pero su aprobación se ha demorado. Semanas atrás El País informó que el SNI concentrará y regirá el funcionamiento de los organismos de Inteligencia que actualmente tienen cuatro ministerios (Defensa, Interior, Relaciones Exteriores y Economía).


El sistema tendrá control parlamentario a través de una comisión permanente de la Asamblea General cuyos integrantes -incluso los exmiembros- podrían hasta ser separados de su banca o sometidos a la justicia en caso de divulgar información reservada por caer en "conductas que lo hacen indigno de la representación que inviste", en el marco de lo que establece el artículo 115 de la Constitución. Además, se establece que los organismos de inteligencia tendrán "especialmente prohibido" realizar tareas represivas, cumplir por sí funciones policiales o de investigación criminal, salvo requerimiento policial.
"Todos los estados modernos del mundo tienen complejos sistemas de seguridad. El problema no es el sistema ni el aparato que se compre, el problema es cómo se usa, para qué se usa y cómo se controla a quienes lo usan. Por eso cree-mos que es absolutamente necesario que exista una ley de Inteligencia antes de poner en funcionamiento una herramienta tan poderosa", afirmó Penadés.


El legislador dijo que el control parlamentario que la ley prevé para todas las actividades de Inteligencia es "clave" y daría un marco de total garantía al uso de la nueva plataforma informática y las actividades de cada organismo.
"Es imprescindible que existan las máximas garantías sobre la intimidad de las personas y la salvaguarda de todos sus derechos", sostuvo.
Anunció que pedirá a los integrantes de la comisión que aprueben la presencia de Bonomi para explicar la compra.


"La Policía debe tener estas herramientas para enfrentar a los criminales. Pero hay que erradicar los fantasmas y hacer las cosas de forma transparente en lugar de calificar estas compras como secretas. Hay que ir de frente, decir lo que se hace y explicar las razones. Por eso el Parlamento necesita explicaciones", consideró el legislador.
El Sistema Guardián es producto de tecnología brasileña y su uso ha sido muy extendido en ese país, tanto por la Policía Federal como por los Ministerios Públicos de decenas de estados.


Los datos interceptados por las operadoras de telefonía y por los proveedores de acceso a internet bajo orden judicial son almacenados por El Guardián, que tiene la capacidad de monitorear toda la información simultáneamente. Además la archiva, la sistematiza y elabora análisis de Inteligencia a partir de vínculos textuales, georreferenciados, estructurados y gráficos. No obstante, su uso desde 2008 a la fecha no ha estado exento de polémica en Brasil. Entre otras cosas se ha objetado que la empresa proveedora tenga acceso al respaldo de toda la información recopilada. Digitro asegura que los controles van por cuenta del usuario y no tiene acceso a información privilegiada.
"El sistema de copia de seguridad de las grabaciones, así como su cuidado y mantenimiento, son responsabilidad exclusiva del cliente", afirmó la empresa en 2010 en sus descargos frente a la Cámara Federal de Paraná.
También se ha denunciado que el sistema tiene la capacidad de "pinchar" automáticamente a los celulares que se conectan con el teléfono que está siendo vigilado bajo orden judicial, lo cual sería ilegal.


El diputado del Partido Nacional Javier García también criticó a través de su cuenta de Twitter. Dijo que la compra se da "en momentos en que se discute en el parlamento una ley entre todos los partidos políticos" y agregó que "no da garantías ningún espionaje secreto para los derechos de las personas". "Se dice es para Justicia y quién los controla, quién decide espiar a quién", criticó.


"Mucha paranoia"


"En los tiempos que corren hay mucha paranoia con el tema. Nuestra información personal es entregada continuamente a empresas privadas y organismos estatales. El problema es el abuso que se pueda hacer de la tecnología y de la información por parte de quienes la obtuvieron. Todo pasa por la conducta de los funcionarios a cargo", dijo a El País Roberto Ambrosoni, ingeniero experto en seguridad de la información. "El uso de esta plataforma viene con buenas intenciones, que se transforme en una situación abusiva depende de la conducta del ser humano y no de la tecnología que se use", afirmó.


"El guardián"
-"El Guardián" permite que al mismo tiempo 30 personas accedan a la vigilancia en tiempo real del tráfico que generan hasta 800 celulares y 200 teléfonos fijos. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de e-mails y el monitoreo de hasta tres redes sociales.
-El sistema tiene un costo de aproximadamente US$ 2 millones y un mantenimiento y servicio técnico anual de casi US$ 200.000 a cargo de la firma proveedora Digitro Tecnología Ltda.
-"La incorporación de dicha tecnología permitirá desarrollar con eficacia una tarea de importancia en la investigación de delitos complejos, logrando así una mejor gestión en la Seguridad Pública, incidiendo directamente en las políticas de prevención y represión de la delincuencia, cometido esencial que desarrolla la Policía Nacional y demanda urgencia en su atención", sostiene la resolución de Presidencia que habilitó la compra y que no fue publicada en la web oficial del gobierno.
-El proyecto de adjudicación sostiene que "la difusión de la contratación podría irrogar graves perjuicios para la Seguridad Pública, tanto desde el punto de vista técnico como estratégico".
-El sistema puede analizar en llamadas y datos de internet vínculos textuales, georreferenciados, estructurados y gráficos.






Mientras tanto, Mujica, junto a Rockefeller:



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